El pasado mes de abril el Gobierno español creó un Comité de 12 personas para reformar el sistema público de pensiones. Este grupo será el encargado de elaborar un informe para el gabiente de Mariano Rajoy.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la primera reunión del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones.Presionado por la llamada Troika, conformada por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo español se ha propuesto como uno de sus objetivos para 2013 recortar las pensiones.
Para vestir de cierta “legitmidad” este recorte, el pasado 12 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de un comité de doce “expertos” para que emita un informe sobre cómo debe ser el nuevo sistema.
El Gobierno de Rajoy ha recurrido a la patronal bancaria y aseguradora incluyendo a alguna persona vinculada a los sindicatos para disimular. De hecho, sólo tres de esos doce “expertos” seleccionados por el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones.
Pese a que se pretendió vender la creación de este comité de expertos como una garantía de independencia y pluralidad, abundan los que provienen del mundo de la banca, de la empresa y de los seguros. Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados.
A esto hay que añadir que el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte neoliberal que ha colaborado en varias ocasiones con la Fundación FAES, una organización que alimenta el discurso ideológico del gobernante derechista Partido Popular (PP).
Manuel Lagares Calvo, por ejemplo, es miembro del Consejo de administración de Telefónica y Campsa, en representación del Estado y de la empresa aseguradora Mapfre como Consejero independiente y Presidente de su Comité de Auditoría.
Otro de los integrantes de este grupo de expertos, Santos M. Ruesga Benito, ha sido casualmente consultor del Banco Mundial o de la Comisión Europea (CE), que forma parte de la Troika.
J. Ignacio Conde-Ruiz, es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), una organización patrocinada por grandes empresas y vinculada a la banca.
Otro de los “sabios” que deberán emitir un informe para la reforma del sistema de pensiones es Rafael Doménech Vilariño, jefe del servicio de estudios del banco BBVA.
O José Enrique Devesa Carpio, que ha elaborado trabajos para la Fundación “Edad y Vida”, que reúne en su patronato a las mayores aseguradoras del país (DKV, Caser, VidaCaixa, etc).
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