Exigen inhabilitación de senadores en votación de Ley Longueira

Por ser accionistas de empresas pesqueras

A lo menos cuatro senadores tendrían vínculos directos e indirectos con las empresas industriales pesqueras cuyo sector genera más de 740 millones de dólares anuales. Esta es la razón por la cual pescadores artesanales, pueblos originarios, estudiantes y organizaciones ciudadanas están demandando que se inhabiliten en las decisiones respecto al proyecto de “Ley Longueira” que intenta regalar a perpetuidad las pesquerías nacionales, que son patrimonio de las actuales y futuras generaciones, a siete familias de industriales pesqueros. Los parlamentarios son Carlos Larraín (RN), Alejandro García Huidobro (UDI, designado), Jovino Novoa (UDI) y Andrés Zaldívar (DC).

Por ello el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CNDPPA), el cual agrupa a 50 mil pescadores artesanales, y la Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, que reúne entre otras organizaciones a la Fech, Ecoceanos, Centro de Conservación Cetácea (CCC), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Pesca Sustentable, MapuExpress y organizaciones lafkenches, están exigiendo la inhabilitación de dichos senadores en este viciado proceso parlamentario.

El Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), informó que “Carlos Larraín declaró inversiones en la empresa pesquera Coloso y es accionista de Copec, principal empresa del grupo Angelini. Novoa, en tanto, declara participar en Inversiones y Mandatos S.A., sociedad que cuenta con participación en Comercial Nahuelbuta Ltda. dedicada a la exportación de productos del mar. Por otra parte, García Huidobro, tiene inversiones en Navarino S.A., que tiene relación directa con Corpesca”. La organización de pescadores agregó que en el caso de Andrés Zaldívar, “tiene una relación de parentesco que lo une al grupo Angelini y al director de Corpesca, Manuel Felipe Zaldívar Larraín”.

Frente a esto, la organización de pescadores artesanales afirmó que “con su voto estos senadores pudieran verse favorecidos en sus patrimonios o en el de sus familiares”, según lo establece el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El Artículo 5º B de esta Ley dispone expresamente que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.”

A la exigencia de los hombres de mar, también se sumaron los pueblos originarios. Sergio Millaman integrante del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche aseguró que “el conflicto de intereses de estos parlamentarios, es un vicio más en la tramitación de una ley que beneficia a un grupo de familias poderosas, y vulnera los derechos de los pueblos indígenas y de todos los chilenos”.

Por su parte, los dirigentes de la Identidad Territorial Lafkenche se adhirieron al requerimiento de inhabilitación de estos cuatro senadores, exigencia presentada ante la Cámara Alta por los pescadores del Condepp. Apelando a la transparencia del proceso, la Identidad Territorial Lafkenche respaldó a los pescadores y reiteró el anuncio de estado de alerta en todos sus territorios asociados.

En tanto, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos y coordinador de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar, señaló que «esta demanda de los pescadores artesanales, pueblos originarios y ciudadanos organizados deja en evidencia los graves vicios que adolece el actual trámite parlamentario express del proyecto de nueva Ley de Pesca”.

“A estos graves conflictos de intereses, se suma el incumplimiento de la consulta a los pueblos originarios que serán afectados con la privatización de los peces, ya que el Ejecutivo y el Parlamento se encuentran obligados a dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, el cual es ley de la República».

El director del Centro Ecoceanos hizo un llamado a las organizaciones sociales y ciudadanos a respaldar la solicitud de inhabilitación de los cuatro senadores-accionistas de pesqueras en la discusión y votación de este cuestionado proyecto de ley, cuya votación en general está programada para el próximo martes 16 de octubre.

A esta denuncia del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero se sumó la ex candidata presidencial Sara Larraín Ruiz-Tagle, quien también esta solicitando al presidente del Senado Camilo Escalona (PS), y al presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, Hernán Larraín (RN), la inhabilitación de estos cuatro senadores accionistas de empresas y comercializadoras pesqueras industriales.

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS SON LOS SIGUIENTES:

Carlos Larraín declara contar con 48.653 acciones en la empresa Copec, principal empresa del grupo Angelini, una de las siete familias beneficiadas con la nueva Ley de Pesca. A su vez, el senador Larraín declara tener a la fecha 13.813 acciones en la pesquera Coloso.

Jovino Novoa en su declaración de patrimonio señala participar en la empresa Inversiones y Mandatos S.A, y en la Comercial Nahuelbuta Ltda., sociedad dedicada a la exportación de productos del mar.

Alejandro García Huidobro, senador designado, participa en la sociedad Navarino S.A., la que tiene por objeto el desarrollo, ejecución, explotación y/o participación, en forma directa o indirecta, en actividades pesqueras. Según la Superintendencia de Valores y Seguros, García tiene relación con la pesquera Corpesca, una de las principales compañías que controlan la pesca pelágica industrial en Chile.

Andrés Zaldívar tiene a su hermano Manuel Zaldívar Larraín como actual director de la pesquera Corpesca, una de las principales empresas pesqueras del país. El senador debe inhabilitarse en el proceso de tramitación del proyecto de Ley de Pesca, porque la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que la inhabilidad alcanza a aquellos asuntos que interesen directamente a parientes “colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad”.

Es evidente que entre uno de los efectos económicos directos que generará la aprobación de la “Ley Longueira” en el Parlamento y la nueva regulación pesquera será un incremento directo en el patrimonio económico de los senadores denunciados. El mencionado proyecto entregará gratuitamente y a perpetuidad del goce exclusivo y monopólico de 740 millones de dólares anuales que generan las pesquerías que serán privatizadas. Este monto equivale a más de la mitad del reciente ajuste tributario.

El grupo Angelini controla las empresas pesqueras Corpesca, SPK e Iquique Guanaye, habiéndose fusionado con las empresas pesquera Coloso y San José de propiedad la familia Lecaro-Menéndez, lo cual le permite controlar cerca del 90% de la cuotas de pesca pelágica en la zona norte de Chile.

12 de octubre de 2012

Fuente: Radio del Mar