Extrema pobreza sobre una mina de oro

Cinco mil metros de altura y treinta mil pobladores, unas doscientas jovencitas bolivianas comerciadas como prostitutas y por lo menos unos cinco grados bajo cero cuando el tiempo está bueno. Esas condiciones encuentran los mineros que suben hasta el yacimiento informal de oro de La Rinconada, un lugar con olor a mierda donde, en la práctica, el Estado no existe.
Es una excavación constante, un asentamiento apenas, donde fluye lo peor de la sociedad de clases, el ejemplo vivo de la precaria realidad de la explotación latinoamericana en el poblado más alto de la Tierra.

El Perú es un país que atesora minerales que históricamente fueron y son presa de la rapiña empresarial. De hecho, miles de campesinos, empujados por la pobreza extrema, se trasladan hasta los lugares donde suponen una vida mejor, procesando artesanalmente la amalgama del venenoso mercurio -como informó el diario El Comercio en mayo de 2009-, que les dará el oro de mejor valía.

Este tipo de minería expone, a quien la practica, a riesgos para su salud, por el contacto directo con este metal pesado, y también atenta contra el medio ambiente: El año 2009, un estudio patrocinado por el Ministerio de Salud peruano, alertó sobre la presencia de mercurio en peces de las transparentes aguas del famoso Lago Titicaca.

Quienes buscan un mejor destino suben, desde las zonas bajas del altiplano, dejando atrás su sistema de vida y ancestrales costumbres. Allá en la altura, donde un chileno común, acostumbrado al nivel del mar, debería vencer la desagradable puna de los eternos bajo cero para lograr caminar con normalidad.

A unos 250 kilómetros de Puno -ciudad de atractivo turístico por ubicarse a los pies del inmenso Titicaca-, está La Rinconada, un poblado donde no hay agua ni alcantarillas, donde no existe ni puesto policial ni representatividad del Ejecutivo.

Existe, sí, un alcalde que pasa muchas mañanas dentro de una construcción que exhibe afuera un letrero: “Municipalidad”. Claro que este municipio, así como el pequeño puesto de salud, no cuentan con presupuesto estatal. Ni siquiera con elementos mínimos para funcionar plenamente y prestar un servicio digno.

La Rinconada es un asentamiento minero forjado al azar, con el gélido viento andino como único testigo del diseño precario de las viviendas donde conviven prófugos, niños, borrachos, trabajadores, violadores, padres, madres y ancianos.

En apenas diez hectáreas, los socavones que persiguen los filones de oro se dibujan zigzagueando en el nevado de Ananea. Allí, los mineros artesanales trabajan bajo el sistema acuñado popularmente como “cachorreo”, que implica trabajar un par de meses cierta cantidad de horas y por turnos para contratistas que, a cambio, dejan un tiempo de goce de la producción para el trabajador, después de su jornada.

Eso, en la práctica, no entrega grandes réditos al minero: “Hay veces que no sacamos nada”, ejemplifica Rodolfo, quien llegó hasta el lugar por la cesantía, y teme que se publique su nombre completo: “A la gente no le gusta que hablemos de lo que pasa porque acá todo es ilegal”, explica.

Trabajan sin la más mínima protección laboral para algunos de los 70 contratistas que mantienen acuerdo con la concesionaria, Corporación Minera Ananea S.A., sociedad anónima a la que deben, por exigencia legal, pagar derechos por extracción y comprarles insumos, como la dinamita, a un precio altísimo.

En todo el Departamento -división geográfica similar a lo que es una región en Chile-  el 60% de los mineros trabajan de esta forma, según señala el informe Conflicto en el Altiplano, de la Asociación puneña SER, emitido en julio del año pasado.

No hay ley. Los mineros no reciben un sueldo y a los más beneficiados, según ellos, se les paga en especies. Este sistema de esclavitud sobrevive gracias a las miserables condiciones de vida que tienen muchos peruanos y a la negligencia de los aparatos encargados de proteger el trabajo y el medio ambiente, pues la contaminación también alcanza los afluentes que se alimentan de la cordillera y riegan tierras cultivables.

FRÍO DE LOS GOBIERNOS

En la altura de La Rinconada no se exige más currículo que tener un cuerpo con vida. No respeta abuelas, no respeta niñas, no respeta al minero y no respeta siquiera a la muerte.

Muchas mujeres trabajan como “pallaqueras”, personas que usan sus manos para -irguiendo y agachando el cuerpo una y otra vez- encontrar entre los desperdicios de las piedras algo del oro dejado por otros, cotizado a unos 10 mil pesos chilenos el gramo.

Jovencitas viajan horas y horas desde diferentes lugares, principalmente desde poblados bolivianos que colindan con la zona. Suben para hacer lucrar sus cuerpos sin ningún tipo de seguridad y así se ganan los soles, la moneda peruana que financia también el arder de cantinas, el descontrol de la borrachera, el dolor de los abusos y las riñas que suelen dejar heridos y hasta muertos.

“Existen menores de edad que trabajan como damas de compañía, pero no podemos hacer nada en este momento, solamente darles consejería para prevenir enfermedades”, declara el doctor Hernán Ventura a un periódico puneño. El jefe del puesto de salud asegura que con el mínimo recurso que manejan sólo les alcanza para entregar condones y medicamentos básicos que no hacen nada contra enfermedades de transmisión sexual. Y eso, “es un drama” de este frío poblado.

Según las cifras de la Dirección de Salud Departamental, Diresa -organismo dependiente del Ministerio de Salud peruano-, sobre el 80% de las jovencitas sufre de enfermedades asociadas a la práctica sexual desprotegida y la insalubridad de un pueblo sin baños ni agua potable.

La Policía de Lima hace sus apariciones cada semana y no como parte de alguna planificación sino que generalmente son llamados para retirar cuerpos de muertos producto de la violencia cotidiana.

Pareciera que Oro y riqueza no significaran igual. En el hielo de las mañanas que acompañan al minero artesanal y sobre el hielo de la pobreza, en La Rinconada, no da para vivir, literalmente. Encima de una mina de oro, 30 mil peruanos pelean la sobrevivencia.

Por Solange González Henott

El Ciudadano