Fin al secreto bancario en Chile para estudiar caso de lavado de dinero

En condiciones de ser visto por la Sala quedó el articulado del proyecto que autoriza el levantamiento bancario, esto luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento emitiera un informe complementario a fines del 2013.

 La propuesta en segundo trámite comenzó a ser discutida en octubre pasado, pero considerando la complejidad de la iniciativa, se decidió solicitar a la citada comisión elaborar un documento extra, el que finalmente se concluyó en diciembre.

 Así las cosas, hoy la iniciativa se encuentra considerada en la tabla de la sesión ordinaria de mañana, por lo que es probable que los parlamentarios retomen su revisión.

Cuando el texto fue visto en la Sala, el senador Jaime Orpis hizo un llamado a revisar en detalle el proyecto puesto que el tope del delito de lavado de dinero estaría siendo determinado por la sanción del delito base.

Asimismo, el senador Juan Antonio Coloma apuntó a la pertinencia que las indicaciones que se presenten respondan a las ideas matrices de la norma, lo que a su juicio no se estaría dando; mientras que el senador Andrés Zaldívar explicó que a su juicio habría que revisar que sea la Comisión de Hacienda la indicada de seguir estudiando la propuesta.

La iniciativa busca reforzar las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para poder acceder a la información que tengan organismos públicos y privados que permitan investigar delitos de lavado de dinero. Entre otras medidas, se propone obligar a ciertos organismos a entregar información sobre actos sospechosos, se aumenta la penalidad y se describen nuevas figuras en virtud de las cuales se puede cometer el lavado de activos.

Cabe recordar que cuando se modificó la ley que regula el funcionamiento de la UAF, se aprobó una modificación a la norma de cuentas corrientes bancarias y cheques para permitir que el Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, pueda requerir a las instituciones financieras  la entrega de todos los antecedentes relacionados con cuentas corrientes bancarias, cuando investigue delitos de lavado de activos.

También aprobó una norma de la ley general de bancos para permitir que el Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, pueda requerir a las instituciones financieras la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza.

No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) declaró en su oportunidad que ambos preceptos eran inconstitucionales, pues no se aprobaron con el quórum correspondiente a las leyes orgánicas constitucionales. De ahí que esta iniciativa apunte a reponer ambas normas.

Sin embargo, durante su trámite en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que contiene una serie de disposiciones que complementan las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público, en lo que se refiere al análisis de información relacionada con el blanqueo y la persecución criminal de quien lo realice, respectivamente.

Fuente: Senado