Para el próximo martes 18 de agosto fue convocada la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, a la Comisión Investigadora respecto de la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum, con el objeto de aclarar de manera taxativa la postura de la cartera en torno a la operación y si fueron o no despejadas las dudas expuestas vía oficio a la Superintendencia de Pensiones, luego que este organismo respondiera a la misiva oficial.
Ante esta comisión declaró el mes pasado la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, por su supuesta responsabilidad en la fusión de las citadas AFPs que significó una evasión tributaria para el grupo Principal, dueño de estas sociedades, por 80 mil millones de pesos.
«Hemos tomado la determinación de invitar para la próxima sesión a la Ministra del Trabajo para que pueda aclarar cuál es la posición final del Gobierno respecto de este tema y a la ex Ministra y ex Subsecretario del Trabajo para que nos puedan establecer cuáles fueron las acciones que ellos tomaron en su minuto, cuando se estaba llevando adelante este esta fusión que tiene situaciones que son, por lo menos, llamativas», precisó el presidente de la Comisión, diputado Pedro Browne.
El legislador indicó que llama la atención las gigantescas contradicciones y diferencias que existen entre la visión de la Ministra, expresada a través del oficio, y la versión que entregó la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic. Estimó que es sumamente llamativo la formación de esta AFP que, en definitiva, no se entiende cuál es la utilidad que generó, salvo «favorecer a los dueños de una AFP que estaba en funcionamiento».
El diputado Fuad Chahin (DC), quien expuso ante la Comisión el citado oficio de la Ministra Rincón, consideró que la opinión expresada por la Secretaria de Estado reafirmó la presunción que «se creó una AFP de papel, ideológicamente falsa, con la colaboración de la Superintendenta de Pensiones, para un solo objetivo: que el grupo Principal se quedara con la AFP Cuprum y aprovechara el ‘good will’ y la rebaja tributaria de $80 mil millones que ello implicaba”.
“Lo que hizo la Superintendencia, abdicando de su principal rol que es defender los intereses de los afiliados, fue facilitar el camino a esta empresa para crear una AFP que, en la realidad, jamás llegó a existir, para poder lograr que este grupo empresarial pagara 80 mil millones de pesos menos en impuestos”, remarcó.
En este contexto, el legislador anunció que pedirá a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad de la autorización y al Servicio de Impuestos Internos (SII) que analice la apertura de una investigación “por algún posible fraude tributario en el marco de esta operación”.
Para el diputado Iván Flores (DC), el hecho es «un escándalo mayor». «Nuestras aprensiones han sido reafirmadas por la Ministra del Trabajo y nosotros realizaremos todas las acciones que sean necesarias para que se ejerzan las responsabilidades correspondientes y se tomen las medidas adecuadas”, recalcó.
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