Fusión trucha de AFP: Vinculan renuncia de subcontralora con supuestas presiones de Principal

Justo en momentos en que la Contraloría General de la República decide el futuro de la trucha fusión de AFP Cuprum con Argentum, la subcontralora Patricia Arriagada, con más de 40 años de trayectoria en el servicio público, anunció que tomará vacaciones a partir de julio y dejará su cargo en septiembre.

Según publica El Mercurio, la renuncia obedecería a discrepancias entre Arriagada y el actual contralor general Jorge Bermúdez, quien se inhabilitó en el caso de la “AFP de papel” creada por el grupo norteamericano Principal para evitar el pago de una millonaria cifra de impuestos al Estado chileno.

Bermúdez informó su abstención luego de conocerse que, ejerciendo como abogado, entregó una opinión jurídica sobre una operación de similares características que involucró a Provida y Acquisition.

Esto hizo que Arriagada tomara un protagonismo ascendente en el órgano contralor, pasando por su enérgica posición frente al cuestionado manejo de los fondos reservados del «Milicogate», hasta el verdadero tapón de boca realizado a la Superintendencia de Pensiones en la Comisión Investigadora del caso “Lucrum”, a mediados de marzo de este año.

Si bien, como cita El Mercurio, el departamento de Comunicaciones de Contraloría se quedó con la explicación oficial de la renuncia de Arriagada, el CEO de Felices y Forrados Gino Lorenzini piensa que podría haber una explicación más compleja detrás de la noticia.

Recogiendo la versión de las posibles desavenencias entre la subcontralora y Jorge Bermúdez, Lorenzini indicó a El Ciudadano que no es descabellado pensar que la salida de Arriagada se deba a “presiones” del grupo Principal instaladas en el gobierno.

“Ella en dos ocasiones resolvió que esto (la fusión de Cuprum con Argentum) era ilegal. El 15 de marzo fue a la comisión investigadora y dijo a los diputados que esto era ilegal y que adicionalmente tenía todo el poder para ordenar a la Superintendencia dar inicio al proceso de anulación si es que algún ciudadano lo solicitaba”, señaló.

A fines del mes pasado, luego de una presentación formal del diputado DC Fuad Chahín y el propio CEO de FyF pidiendo el acto invalidatorio de la maniobra que permitió el beneficio tributario o «goodwill», la subcontralora ofició al superintendente de Pensiones Osvaldo Macías para recoger más antecedentes y emitir un dictamen definitivo sobre la materia.

Arriagada tomó este camino enfrentándose a duras acusaciones de los ex superintendentes de la SVS Álvaro Clarke, Alejandro Ferreiro y Fernando Coloma, quienes criticaron a la fiscalizadora por un supuesto proceder “anómalo” y por arriesgar “la certidumbre jurídica de los agentes económicos”, según publicó Pulso.

“Si la subcontralora no alcanza a anular las fusiones, podría tratarse de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Chile”, plantea Lorenzini. “La señal más importante es ver qué ocurre en estos meses. Si ella no alcanza a sacar la resolución antes de julio, sería una movida muy fuerte de los grupos económicos para sacar a una funcionaria de carrera”.

BAJO LA MESA

Antecedentes obtenidos por la Ley del Lobby demuestran que en las últimas semanas, el cabildeo de Principal Financial Group hacia los parlamentarios que integran la comisión investigadora sobre la polémica fusión de AFP – líderes de la derecha, en particular – se ha intensificado.

Cristian Edwards Gana, gerente legal de Principal Chile y quien funge como dueño de AFP Cuprum, se reunió en marzo con cuatro diputados de la UDI: el ex presidente de la tienda, Ernesto Silva; Jaime Bellolio, José Manuel Edwards Silva y Nicolás Monckeberg.

Quien no registró sus conversaciones con ejecutivos de la firma estadounidense el año pasado, fue el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Aunque en las tablas figura una invitación realizada a EEUU por Susan Segal, presidenta del Council of the Americas financiado, entre otros, por David Rockefeller, lo que se conversó ahí permaneció en secreto hasta que Valdés reconoció el intercambio en el parlamento.

“Declaró el viaje con recursos públicos y con viáticos incluidos, pero no declaró ninguna de las reuniones en Estados Unidos por Ley del Lobby. Por tanto, estamos hablando de una autoridad que no está cumpliendo el principio de probidad del artículo 8 de la Constitución”, puntualiza Lorenzini.