La Unión Europea está atravesando su mayor crisis económica desde que fue creada, hace 20 años. El crecimiento económico se está derrumbando: la economía de la eurozona se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre de 2012 y todo indica que el frenazo se seguirá acentuando.
La crisis del euro se atribuyó erróneamente al gasto público y la consiguiente imposición de recortes y aumento de los préstamos se ha traducido en la creciente deuda de los países y la subida del desempleo. Como era de prever, la deuda pública de los países en crisis se ha disparado: las ratios de deuda sobre el PIB más elevadas en el tercer trimestre de 2012 se registraron en Grecia (153%), Italia (127%), Portugal (120%) e Irlanda (117%).
Los Estados miembros de la Unión han respondido aplicando estrictos programas de austeridad, realizando duros recortes en servicios públicos básicos y prestaciones sociales. Estas medidas son una copia de las controvertidas políticas de ajuste estructural que se impusieron a los ‘países en desarrollo’ durante las décadas de 1980 y 1990, y que llevaron al desprestigio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al igual que sucedió en el Sur, las políticas de austeridad en Europa se están ensañando sobre todo con los sectores más pobres, mientras que los europeos más ricos –entre los que se encontraría la élite de la banca que provocó la crisis financiera– han salido indemnes o incluso han incrementado sus fortunas.
Tras los efectos inmorales y negativos de recortes innecesarios, se halla un intento mucho más sistemático de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (respaldados por el FMI) de intensificar la liberalización de la economía europea y la privatización de activos públicos. La triste paradoja es que una crisis económica que muchos proclamaron como ‘la muerte del neoliberalismo’ se está utilizando, más bien, para consolidarlo. Esto se hace especialmente evidente en los países en crisis de la Unión, como Grecia y Portugal, pero es aplicable a todos los países de la UE e incluso está integrado en las últimas medidas adoptadas por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).
Este documento de trabajo presenta una panorámica general, aún incompleta, de lo que podría definirse como ‘una gran liquidación a precio de saldo’ de servicios y activos públicos en toda Europa. Sumada a las medidas de liberalización y austeridad, está demostrando ser una catástrofe para los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, estas políticas también están beneficiando claramente a algunos actores. Las empresas privadas se están haciendo con bienes públicos en crisis a precios bajos y a los bancos que se dedicaron a conceder préstamos de forma temeraria se les ha rescatado a expensas de la ciudadanía.
Sin embargo, también se están viviendo victorias alentadoras en la batalla para salvaguardar y mejorar los servicios públicos europeos y debemos tenerlas presentes como fuente de inspiración. En Europa incluso está ganando terreno una contratendencia a favor de la remunicipalización, ya que cada vez se hacen más patentes los costes y las desventajas de privatizar servicios públicos, en particular el agua.
A medida que crece la conciencia pública de que la Comisión Europea, lejos de resolver la crisis, la está aprovechando para afianzar las mismas políticas neoliberales que ya demostraron su fracaso en el pasado, estos contramovimientos y crecientes resistencias populares están luchando por una Europa que no esté dominada por las grandes corporaciones.
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