José Castro declaró este lunes la apertura del jucio sobre el presunto fraude fiscal llevado a cabo por Iñaki Urdangarin, jucio que sentará en el banquillo de los acusados a la esposa de Urdangarin y hermana del Rey de España, la intanta Cristina de Borbón. Se le acusa de cooperación necesaria en dos delitos fiscales cometidos por su marido entre 2007 y 2008. La vista del jucio oral se realizará a mediados del 2015 y el tribunal juzgará debidamente, y tratándola como a cualquier otro cidadano español, la implicación de la infanta en el fraude fiscal cometido a través de la presunta empresa pantalla Aizoon, de la que la hermana y el cuñado del Rey de España son propietarios.
Para la intanta Cristina, el juez Castro exige una fianza de 2,69 millones de euros (más de dos mil millones de pesos), además de la pérdida de subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de la seguridad social durante un periodo de seis años. Para Urdangarin, la fiscalía pide una finaza de 15,95 millones de euros, que al cambio son más de once mil millones de pesos chilenos.
El asunto judicial se abrió en 2010 con enrome alarma mediática por investigar la supuesta malversación de fondos públicos llevada a cabo por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos. La investigación se centró en la presencia de la hermana del Rey de España en la junta ejecutiva de Nóos así como en su papel de copropietaria de la compañía Aizoon, a la que se desviaron las cantidades supuestamente defraudadas.
La fiscalía considera la sociedad Aizoon una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente usado por Urdangarin y su exsocio para desviar fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones Públicas. A través de estas supuestas prácticas, el cuñado de Rey de España y su exsocio se habrían apoderado de unos 6,2 millones de euros pertenecientes a fondos públicos.
En la resolución hecha pública este lunes, el juez Castro apunta a que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su marido facturase a través de esta sociedad, como si de actividades económicas se tratasen, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era asesor para así, tributar mucho menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
En las primeras declaraciones efectuadas por la infanta tiempo atrás, la hermana del Rey defendía su inocencia bajo el argumento de no saber absolutamente nada de las práctias fraudulentas llevadas a cabo por su marido a través de una empresa de la que ella misma era socia, lo que hizo sospechar a la acusación.
La defensa de la infanta, por otro lado, solicita archivar la imputación de Cristina de Borbón recriminando que está construida sobre simples sospechas y con un «raquítico» argumento basado en que la infanta debía conocer las prácticas ilegales llevadas a cabo por su marido. El fiscal defiende que «no hay dato, indicio, documento o declaracion que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva» de la participación de la hermana del Rey en el supuesto fraude al fisco.
El juez Castro consideró oportuno dar a la infanta el mismo trato que daría a cualquier otro español que estuviera envuelto en un caso similar de evasión fiscal, por lo que decidió sentarla en el banquillo de los acusados, aún cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria defendían la inocencia de la infancia por la inexistencia de indicios criminales. Pero claro, se trata de la hermana del Rey de España y, poniendo en práctica los desfasados privilegios medievales, han sido muchos los que han considerado deshonesto juzgar como a otro ciudadano a un miembro de la Casa Real Española.
Castro resalta que la hermana del Rey, al defraudar al fisco, defrauda a todos los españoles, ya que cuando ocurre una evasión fiscal de gran volumen, el gobierno correspondiente, al ver disminuido sus ingresos, efectúa un automático recorte de los servicios públicos, acompañado de un aumento de la presión fiscal para los ciudadanos. La campaña llevada a cabo por la Hacienda recientemente decía: «Hacienda somos todos (…) lo que tú defraudas, lo pagamos todos«.
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