El proyecto de ley que recoge el acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores para el tercer programa de rescate ha sido presentado en el Parlamento para ser votado el jueves a medianoche y que el Eurogrupo pueda ratificarlo un día después.
El texto incluye dos artículos, uno que recoge el plan de rescate en sí y otro que incluye un paquete de 35 acciones previas que Grecia deberá acometer a cambio de recibir el primer desembolso.
La aprobación del rescate se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia y aunque ayer el primer ministro, Alexis Tsipras, solicitó por carta a la presidenta del Parlamento, Zoé Konstandopulu, la reapertura de la Cámara para que hoy empezase el debate en comisiones, éste no se iniciará hasta mañana.
Por ello, el debate en comisiones empezará el jueves por la mañana -y no hoy mismo como pedía Tsipras en su carta- y la votación se producirá a partir de la medianoche.
Según la prensa local, la actitud de Konstandopulu no ha sentado bien en el seno del Gobierno, ya que el Parlamento debe ratificar el acuerdo antes del viernes, cuando se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona para dar su visto bueno.
En las anteriores dos votaciones sobre las medidas acordadas para la negociación del tercer rescate, Konstandopulu ya mostró sus reservas acerca del procedimiento parlamentario utilizado además de votar en contra de las leyes.
El acuerdo sobre el tercer programa de ayuda se alcanzó ayer tras más de veinte horas de negociaciones entre el Gobierno heleno y las cuatro instituciones acreedoras -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)-.
El rescate, en caso de obtener definitivamente la aprobación de los socios de la eurozona, tendrá una vigencia de tres años y un monto de en torno a 86.000 millones de euros, que servirán en su mayor parte para pagar deudas.
El Ejecutivo de Tsipras ha destacado como uno de los puntos más importantes del acuerdo el haber logrado rebajar los objetivos presupuestarios, precisamente para no seguir estrangulando el crecimiento.
Así, el acuerdo prevé para este año un déficit primario del 0,25 %; en 2016, se exige un superávit primario del 0,5 %; para 2017, del 1,75 %, y finalmente para 2018, del 3,5 %, el objetivo que se había fijado inicialmente.
Entre las 35 acciones previas que deberá acometer a cambio de recibir el primer desembolso, figuran la abolición de las ventajas fiscales de los agricultores en dos fases, cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles, así como la modificación de la nueva ley que permite el pago de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien plazos.
Se prevé también una reestructuración del régimen de pensiones con el objetivo de lograr un ahorro anual del 0,5 % del PIB, así como la eliminación gradual de las jubilaciones anticipadas.
El paquete contempla además la liberalización plena del sector energético en 2018, así como la de algunas profesiones como ingenieros o notarios.
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