Desde el golpe parlamentario en contra de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, se libra una batalla por reinstalar el modelo económico de austeridad social y entreguismo al capital extranjero. Esta disputa entre modelos no es nueva en Brasil, y ha sido recurrente desde mediados del siglo XX.
Una vez se hizo con el poder, Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la hoja de ruta económica a seguir durante los próximos años. Del agresivo viraje neoliberal, destaca un paquete de privatizaciones y concesiones previstas para un período de tres años que bajo el clásico discurso de mejorar la competencia entre empresarios y garantizar la transparencia de los contratos, se pretende, según sus propias palabras, “hacer una apertura extraordinaria de la infraestructura brasileña a la iniciativa privada”.
El plan lleva por nombre “Proyecto Crecer” y contempla 34 objetivos, en su mayoría, vinculados con la privatización de activos estratégicos del Estado que aportan beneficios millonarios a las arcas públicas.
Por otra parte, los gobernadores estaduales, no se quedan atrás con los recortes presupuestarios y la venta de activos públicos. En Río, el paquete de maldad, expresa el mismo modelo.
Como se fabricó un golpe de Estado en Brasil
Desmantelamiento de Petrobras
Si en la primera etapa ya se vendieron eléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos, puertos y aeropuertos a precio de “galinha-morta”[1], ahora le toca el turno a la joya de la corona brasileña: Petrobras.
El plan privatizador parece acelerarse en las últimas semanas, y de este modo, en sólo una semana se realizaron cuatro ventas relacionadas con la estatal petrolera:
- Luego de meses de negociaciones, el 28 de diciembre de 2016, la estatal petrolera finalmente acordó la venta de dos de sus activos más importantes: la compañía petroquímica Suape, y la Compañia Integrada Textil, Citepé, ambas ubicadas en el estado de Pernambuco y cedidas a la mexicana Alpek. La operación cifrada en US$385 millones se pagará en reales brasileños y sujetos a ajustes en capital de trabajo y deuda circulante.
Las dos compañías de ingeniería textil operan un sitio con una capacidad de producción de poliéster de entre 450.000 y 700.000 toneladas por año. Citepé, también opera una planta de hilos texturizado con capacidad de 90 mil toneladas por año.
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Ese mismo día, Petrobras vendió el total de sus acciones de la Corporación Guarani, el tercer mayor productor de azúcar de Brasil, a Tereos Participations (grupo de capital francés). Las participaciones de la petrolera que correspondían al 45,97% del capital total de la compañía, fueron cedidas por US$202 millones. De este modo, la francesa Tereos se hizo con el 100% de Guarani ya que antes de la compra era el accionista mayoritario con el 54,03%.
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Un día después, el 29 de diciembre de 2016, Petrobras vendió su refinería Nansei Seikyu, localizada en la isla nipona de Okinawa, a la japonesa Taiyo Oil Company, compañía que pagó US$165 millones por la totalidad de las acciones. La ahora ex refinería brasileña tiene una capacidad de procesamiento de 100 mil barriles diarios de petróleo y posee 36 tanques que almacenan 9,5 millones de bdp y derivados, además de tres muelles para carga y descarga de navíos, que responden por el 50% del mercado naval de Okinawa.
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En la primera semana de 2017, se informó sobre la venta por US$470 millones de otro de los bienes pertenecientes a Petrobras más apetitosos al gran capital. Se trata de la filial Petrobras Chile, la cual se encargaba de la distribución de combustibles de la estatal en ese país y que cuenta con 279 puntos de servicio, una planta de lubrificantes, ocho terminales de distribución, operaciones en 11 aeropuertos y participación en dos empresas de logística. Todos estos activos fueron cedidos a Southern Cross Group, una firma de capital privado dueña de activos por un valor de US$2.900 millones y un portafolio de inversiones en Latinoamérica en los sectores industrial, servicios, logística y productos de consumo.
Las ventas de la estatal se enmarcan en el proceso de “desinversiones” lanzado por la nueva directiva de la petrolera con la que – según el relato oficial – se busca recaudar dinero para hacer frente a la gigantesca deuda que arrastra causada, entre varias cosas, por una red de corrupción denunciada en su interior. La pregunta sería: ¿desinversiones para afrontar pasivos o para recompensar al gran capital que apoyó el golpe a Dilma? Queda claro que Temer debe pagar por los favores recibidos.
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Paquete de Maldad, ajuste en Río
Y sobre el plan privatizador que asola Brasil, Rio de Janeiro se ha convertido en el laboratorio avanzado de experimentación sobre el proceso privatizador brasileño. La semana pasada, Rio de Janeiro fue epicentro de protestas en contra de las medidas de ajuste fiscal propuestas por el gobierno fluminense que están a la espera de ser votadas en los próximos días por la asamblea legislativa de ese estado.
Siguiendo la línea retórica que ha utilizado el gobierno de Temer para poner en macha sus planes económicos en todo Brasil, el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, firmó en junio un decreto por el cual el estado está en un régimen administrativo de emergencia debido al “estado de calamidad económica”.
Desde entonces, el gobierno de Rio de Janeiro ha impulsado un paquete de medidas de austeridad llamado paquete de maldad que incluye, entre otras cosas, una rebaja de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos, aumento del pasaje de transporte público. La discusión del proyecto pautada para diciembre pasado pero que fuera pospuesta por la agudización de las protestas, reposa en el legislativo del estado de Rio a la espera de la sanción para ser implementado.
El paquete presentado ante la Asamblea Legislativa en 2016, también prevé la extinción del programa renta mejor entregado desde 2008 a 160 mil familias en extrema pobreza, que además reciben el bolsa familia, el plan social del gobierno nacional creado por el ex presidente Lula da Silva. La segunda medida de gran impacto que levantó protestas en toda la ciudad desde el año pasado, dispone que aquellos pensionados que cobran menos de 1.600 dólares, tendrán un descuento del 30 por ciento en sus haberes durante 16 meses.
El proyecto pretende sumar unos 400 millones de dólares al año al erario público con el aumento del descuento jubilatorio del 11 por ciento al 14 por ciento a los empleados públicos. Por su parte, las secretarías de atención social y de apoyo a las minorías y de cultura serán extinguidas, y en total el número de carteras del estado de río caerán de las actuales 20 a 12.
Otra de las propuestas más impopulares es el pretendido aumento del 15 por ciento el valor del transporte público intermunicipal, el más usado en la ciudad que pasará a costar 2,3 dólares, pues se trata de una medida que impactará directamente sobre el bolsillo de la clase trabajadora y sus ya deprimidos sueldos por la recesión económica que atraviesa Brasil.
Sin embargo, dispuesto a no perder tiempo, Pezão se ha hecho de un plan B. El gobernador fluminense ha acordado un crédito con el gobierno federal por 2 mil millones de dólares a cambio de la privatización de la compañía estadual de aguas y cloacas, recortes de gastos cifrados 3 mil millones de dólares, aumento de impuestos y la exigencia de ingresos futuros de regalías de petróleo.
Río de Janeiro es, quizás, el estado más afectado por la crisis económica que atraviesa Brasil. Crisis que los ciudadanos no provocaron pero serán los más castigados en medio de la escalada de los sectores tradicionales de vuelta al poder y sus planes de revocar las conquistas sociales de empoderamiento político y económico alcanzadas durante los gobiernos progresistas al frente del país durante la última década.
Crismar Lujano
NOTAS:
[1] http://www.celag.org/brasil-en-rebajas/
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