La Papelera del grupo Matte se colude con la empresa SCA en un cartel para fijar precios del papel confort

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra CMPC Tissue y SCA Chile por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue. CMPC es una empresa controlada por el poderoso grupo Matte, presente en muchos otros sectores de la economía, tales como Entel, Colbún, y, entre otros, el Banco BIce el grupo forestal CMPC presente en los papeles y celulosa. El grupo tiene unos activos evaluados en más de 3.700 millones de dólares y controla también el pensamiento económica nacional a través de su influyente think tank Centro de Estudios Públicos.

Este nuevo caso se suma a otros numerosos en otras áreas de la producción, distribución y los servicios, desde las farmacias a la producción de carne de ave, ninguno de ellos, cabe señalar, con sanciones penales. El caso trae también el recuerdo de otros episodios de abuso empresarial, tal como La Polar, Cencosud las universidades privadas.

En su acusación, que fue acogida este miércoles a tramitación por el TDLC, la Fiscalía plantea que ambas firmas celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011, afectando el mercado nacional de comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo.

Las empresas acusadas ante el TDLC representan cerca de 90% del mercado de papeles tissue en el canal masivo y sus ventas anuales suman cerca de US$ 400 millones. Sus marcas en estos segmentos son Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA. Además, fabrican productos de marcas propias comercializadas por los supermercados.

Durante el curso de la investigación, que comenzó de oficio en diciembre del año pasado, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales del programa de clemencia, ambas solicitudes fueron aceptadas por la FNE, que solicitó al Tribunal la exención de la multa para CMPC (primera empresa en autodenunciarse, en marzo de 2015) y una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 15,5 millones para SCA. Este monto supone una rebaja respecto del techo de multas establecido en la ley para casos de carteles, por haber llegado en segundo lugar a solicitar el beneficio, el 7 de octubre pasado.

Entre las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía durante la investigación, se cuenta la entrada, registro e incautación a las dependencias de SCA, lugar donde el 25 de septiembre pasado se pudo recopilar diversos antecedentes valiosos para la indagatoria.

Al mismo tiempo, durante la investigación, la Fiscalía constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas. Así por ejemplo, está acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales para estos fines. Al mismo tiempo, utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores.

Éste es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país, a juicio de esta Fiscalía. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos.

Delación compensada

Esta es la quinta ocasión en que la Fiscalía hace público y tramita ante el TDLC un caso que incorpora el mecanismo de delación compensada, vigente en Chile desde 2009, cuando se realizó la última modificación al Decreto Ley 211.

Los casos anteriores fueron compresores para refrigeradores, compañías de transporte interurbano en la ruta Santiago – Curacaví, empresas proveedoras de asfalto y compañías navieras.