A juicio del parlamentario “el yerno de Pinochet ‘mojaba’ a todo el mundo para garantizar la continuidad de su negocio y que no hubiese un cuestionamiento público de cómo llegó a ostentar tanto poder económico”.
El senador Navarro dijo que “Julio Ponce Lerou se hizo del poder político y económico de forma absolutamente ilícita, todo bajo el amparo y la protección de la dictadura militar”.
“Recordemos que fueron los militares del círculo de mayor confianza de Pinochet, que ocupaban cargos en el sector económico, quienes encabezaron el proceso de privatización de más de 725 empresas estratégicas, entre ellas la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) que quedó en manos del yerno de Pinochet”, señaló el parlamentario.
Para mayor abundancia señaló que “hoy en el directorio de SQM podemos encontrar a los mismos políticos y civiles que fueron parte de la Dictadura Militar tales como el ministro de Odeplan Hernán Büchi, Sergio de Castro, ministro de Hacienda y de Economía del gobierno de Augusto Pinochet, Sergio de la Cuadra, ex presidente del Banco Central y de Hacienda, Wolf Von Appen, empresario ligado a la UDI , financista del Centro de Estudios Públicos (CEP), entre otros, quienes se han hecho millonarios a partir de la apropiación de estas empresas estatales”, indicó.
El parlamentario recordó que “esta situación nunca se pudo investigar, producto del acuerdo de la Concertación con la Derecha el año 1989, en el marco de la transición pactada, donde una de las primeras reglas con que renace el Poder Legislativo, es con la prohibición de investigar todas las privatizaciones que se hicieron durante la Dictadura Militar”.
Así mismo Navarro señaló que “muchas de las empresas que se vendieron desde Corfo en esos años, no se hicieron con licitación, sino que bajo venta directa, y los documentos que daban cuenta del procedimiento, por cierto, los hicieron desaparecer”.
Para el senador “hoy este acuerdo tácito llega a su fin con el inicio de un proceso constituyente con miras a una nueva Constitución, lo que nos da la oportunidad histórica de plantear la recuperación por parte del Estado de empresas estratégicas para el país que durante más de dos décadas han hecho usufructo de nuestros recursos naturales y minerales”.
Para el líder del MAS “la nueva Constitución es la instancia para poner fin al saqueo de nuestro país. Llegó la hora de recuperar estos recursos para beneficio de Chile en su conjunto”.
Tal como señalan los juristas Briones y Bosselin en una columna en un diario electrónico “Soquimich debe ser expropiada porque así lo exige el interés nacional, en el más alto concepto que ello conlleva”.
Finalmente el congresista dijo que “la minera no metálica durante el año 2014 registró utilidades anuales por sobre los 2.400 millones de dólares, los que podrían ser utilizados en una gran reforma en salud”.