La tensión se traslada a España

Al finalizar el primer trimestre, volvió a manifestarse la inestabilidad en los mercados financieros de la eurozona.  El freno de los ataques especulativos que produjo la abultada inyección de liquidez efectuada por el Banco Central Europeo no duró mucho tiempo.  Las acciones se dirigieron ahora a España.    En ello influyó su no cumplimiento de las disminuciones en el déficit fiscal acordado por Bruselas y, en el fondo, por Berlín.  Se le obligó a reducir su saldo en contra durante el presente año a 5,3% del producto y a 3% en 2013, disminución extraordinariamente violenta cuando en 2011 su 3% en 2013, disminución extraordinariamente violenta cuando en 2011 su porcentaje fue de 8,5%.    No solo eso, sino que además el Eurogrupo  estableció estrictas revisiones presupuestarias para confirmar que se avanza en la dirección impuesta y se cumplen los compromisos establecidos en la política de ajustes.  Disminuciones en el déficit tan drásticas conducen a acentuar la recesión en que se encuentra la economía ibérica.  En el plano político y social, el partido de gobierno perdió las elecciones en Andalucía, la comunidad de más habitantes y con la mayor cantidad de desocupados, en donde lo más probablemente los socialistas formarán gobierno con Izquierda Unida, fuerza frontalmente opuesta a la política de ajuste, y se efectuó el día 29 de marzo una multitudinaria huelga general.

Cuando la tensión en los mercados financieros parecía controlada transitoriamente luego de la gigantesca inyección de liquidez efectuada por el Banco Central Europeo (BCE), la desconfianza se centró en la economía española, la cuarta en magnitud de la eurozona.  Su prima de riesgo superó a la italiana, después de permanecer durante varios meses por debajo.  La historia comenzó a escribirse desde el momento, después de suscribirse el tratado de austeridad fiscal europeo, cuando Mariano Rajoy anunció a los periodistas en Bruselas que España en 2012, por una decisión “soberana”, no  cumpliría  con el déficit presupuestario propuesto por el Eurogrupo -4,4%- sino que sería de 5,8% del producto.

Esta decisión fue duramente criticada por Mario Draghi, presidente del BCE, Olli Rehn, comisario de Asuntos Monetario de la UE, Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas germano, y  los ministros de Austria y Holanda.  En la reunión del Eurogrupo, cuando el ministro de Economía español, Luis de Guindos, dio a conocer la decisión “soberana” de déficit, se determinó que debía ser de un 5,3% del producto, exigiéndole un recorte adicional de 5.000 millones de euros, para alcanzar en 2013 el 3%.  Así el recorte total a lograr en el año alcanzará a los 35.000 millones de euros.  Se debe disminuir el déficit en más de tres puntos porcentuales cuando el país se encuentra en recesión, lo que hace aún más cuesta arriba su cumplimiento.  En el Congreso español, aunque ya se había distribuido para su aprobación el programa presupuestario que incluía el saldo negativo acordado por el Consejo de Ministros, Rajoy defendió el porcentaje de déficit decidido por Bruselas.  El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, manifestó crudamente el rechazo al intento “soberano”:  “Preocupa el aumento de la pobreza y el incremento del paro en España, pero hay que exigir un esfuerzo adicional.  La cifra del 5,8% de déficit ha muerto” (21/03/12).  La proclamada “soberanía” no existía.

Dos estudios confidenciales distribuidos a los ministros de Finanzas de la UE en su reunión efectuada en Copenhague, confirmaron que las causas de la crisis en la región no han sido superadas, dando como ejemplo de ello el caso de España.  “El contagio –se constató en un estudio preparado por el Comité de Finanzas y Economía de la UE, dado a conocer por Financial Times- podría volver a emerger en muy poco tiempo (…) relanzar el triangulo perverso entre deuda soberana, riesgo de financiamiento bancario y riesgo”.  Por su parte, la Comisión Europea en otro informe explicitó que “la crisis del euro todavía no ha terminado.  Muchos de los desequilibrios y debilidades subyacentes que afectan a las economías, sectores bancarios o deudores soberanos todavía no han sido resueltos” (02/04/12).

La reducción del déficit en dos años de 8,5% a 3%, es decir en 5,5 puntos porcentuales es superior a la disminución exigida en 2012-2013  por Bruselas y el FMI a los países con rescate.  En el bienio, Portugal y Irlanda deberán disminuirlo en menos de tres puntos del producto e incluso Grecia en menos de cinco.  Es una rebaja cifrada en 55.000 millones de euros.  Un ajuste en ese lapso tan fuerte no tiene ejemplos similares en la historia económica de nuestro tiempo.  Los efectos en los tres países rescatados han sido demoledores.  Grecia se encuentra en depresión, existe consenso en que Portugal deberá acogerse a un segundo rescate e Irlanda aparece en dificultades para devolver su financiamiento al BCE.  Mientras, el Banco de España constató “la prolongación de la dinámica contractiva del producto en el primer trimestre de este año” (28/03/12).  El país volvió así a la recesión, al caer durante dos trimestres consecutivos.

El Gobierno de Rajoy anunció al finalizar marzo un plan de disminución del gasto público de US$35.500 millones, la mayor disminución desde el término de la dictadura de Franco.  Los gastos de cada ministerio se reducirán en un 17%, se congelan los sueldos de los funcionarios públicos y se eliminan las deducciones de impuestos a las sociedades.  Paralelamente se aumentan tributos, entre ellos al tabaco.  “Son medidas extraordinarias –señaló el ministro de Hacienda Cristobal Montoro- en una situación extraordinaria (31/03/12).

“España incumplió los objetivos –comentó Guntram  Wolff, vicedirector del centro de estudios Bruegel con sede en Bruselas- por una combinación de factores que van desde el desplome en la recaudación de impuestos a la negligencia en el control de las comunidades.  Pero 5,5 puntos en dos años es demasiado una especia de condena” (26/03/12).  “Un ajuste de 55.000 millones en dos años –expresó a su turno Charles Wyplosz, del Graduate Institute- es estúpido e injusto, pero no hay que olvidar que todo el mundo en Europa lleva meses tratando de forzar a los demás a hacer cosas estúpidas por eso la crisis ha llegado tan lejos” (26/03/12).

Pero, la Comisión Europea fue todavía más allá acordando intensificar su control de las cuentas presupuestarias ibéricas y su situación económica.  Para ello se decidió enviar a Madrid grupos de expertos a revisar las cifras y examinar el cumplimento de los compromisos contraídos.  “Examinaremos con detalle los presupuestos –expresó un portavoz del comisario de Asuntos Económicos –para cuantificar el impacto fiscal de cada medida incluída” (27/03/12).  La declaración de “soberanía” de Rajoy fue reemplazada por una abierta intervención.

“España ha dejado atrás a Italia –señalaron “fuentes comunitarias” citadas por El País- y ya está en primera línea de fuego.  Las sospechas de los mercados –añadieron- han vuelto y de ahí la necesidad de aumentar la presión política para que el gobierno español y las comunidades autónomas cumplan todo lo prometido, se evite la apertura de procedimientos de sanción y, en última instancia, se impide la puesta en marcha de un nuevo capítulo de la crisis del euro” (23/03/12).

La decisión de la Comisión Europea se fundamentó en que la UE le entregó atribuciones para establecer “vigilancia reforzada” sobre cualquier país que considere  pone en peligro la estabilidad financiera, conclusión a la cual llegó en el caso de Madrid.  Los temas a esclarecer no son pocos.  Uno es por qué el cálculo del  gobierno socialista de que el déficit fiscal estimado para 2010 era de 6,5% se transformó asumido el nuevo ejecutivo en un muy superior 8,5% del producto.  Luego, la razón del no cumplimiento del déficit previsto en Bruselas para 2012.  Y, desde luego, como se cumplirá el nuevo saldo en rojo exigido para el presente año y su drástica reducción en 2013.  Desde luego que ello implica intensificar las medidas de austeridad cuando España se encuentra en recesión, lo que de por sí significa menores ingresos fiscales y aumentos en el gasto por el mecanismo de los estabilizadores automáticos.

De otra parte la UE considera que debe intensificarse el saneamiento del sistema bancario español, que todavía no se recupera en la medida esperada del estallido de la burbuja inmobiliaria, a pesar del intenso proceso de fusiones y adquisiciones en las cajas de ahorro.  Una de las soluciones mencionadas en Bruselas es que Madrid solicite recursos al fondo de rescate para la recapitalización de las instituciones financieras, lo cual conduciría a incrementar el nerviosismo en los mercados.  El gobierno ha desestimado esta posibilidad. Miguel Marín, presidente de la Asociación Bancaria Española, afirmó que “la reestructuración (bancaria) está inacabada y sin rumbo preciso o definido” (28/03/12), criticando la elevada ayuda pública a las cajas para que no quebrasen.

La palabra rescate volvió a pronunciarse.  A la preocupación por España se añadía que seguía pendiente para el Eurogrupo aumentar los recursos a disposición del fondo de rescate de 500.000 a 940.000 millones de euros.  La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se sumó, en un informe, a la demanda que se proceda a hacerlo rápidamente para contribuir a reestablecer la confianza.  “Para suavizar las tensiones en los mercados –manifestó-, el fondo debería estar disponible en una escala suficiente para cubrir posibles requerimientos futuros de apoyo financiero.  (…) de los países vulnerables de la zona euro”.  Entre ellos se encuentran precisamente España e Italia.  Finalmente, al cerrar marzo, los  ministros de Finanzas de la Eurozona acordaron elevarlo a 700.000 millones de euros, por debajo de los montos esperados por el FMI y el G-20.  Las cifras se reúnen con los 200.000 millones de euros comprometidos en los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda y los 500.000 millones de euros del fondo permanente acordado por el Eurogrupo  que aún no está vigente, que recibirá sus primeros recursos en Junio y estará plenamente disponible a mediados de 2003.

La OCDE lo consideró el único camino posible, aunque al mismo tiempo constató el “riesgo de que la política fiscal que se requiere sea demasiado demandante en términos políticos y económicos”.  En otras palabras, los ajustes comprometidos deben llevarse adelante a cualquier costo.  “Para países como Grecia, Irlanda, Portugal y España –explicitó-, la necesidad de recupera la credibilidad y reducir déficit públicos abultados está requiriendo un ajuste fiscal procíclico” Expresado más claramente profundizará el curso recesivo.

La inquietud sobre la situación en España fue expresada también públicamente por el primer ministro italiano, Mario Monti.  “España –expresó en un foro organizado por la Confederación General de la Empresa- está dando a toda Europa motivos de gran preocupación porque sus tasas de interés suben.  No hace falta mucho –agregó- para recrear fenómenos que,  a través del contagio, nos pueden afectar a nosotros.  Una nueva crisis en la eurozona –concluyó- nos podría hacer perder meses (…)” (25/03/12).  Cuando finalizó su discurso se produjo en el auditorio un silencio total.  “Estoy seguro –reaccionó- de que este silencio significa un gran aplauso”.  Un mes antes, luego de la segunda inyección de liquidez efectuada por el BCE, Monti había señalado  -al igual que otros jefes de gobierno y directivos de bancos centrales- que “la fase más aguda de la crisis parece definitivamente cosa del pasado”.  En pocos días los hechos le obligaron a cambiar de opinión.  La calma en los “mercados” generados por la inyección de recursos del BCE desaparecía rápidamente.  El “mercado”,  o sea los grandes intereses financieros, hacían nuevamente escuchar su voz.

Por ello, el BCE demandó al Gobierno español aprobar rápidamente el demorado presupuesto 2012.  “Es preferible –señaló el miembro de su comité ejecutivo, el alemán Jorg Asmussen- que el presupuesto se tramite con legislación de emergencia” (31/03/12).  La propuesta llegará al Congreso en abril, reduciéndose el plazo para imponer la drástica reducción del déficit fiscal durante el presente año.

“Esta crisis –recordó Daniel Gros, director del Center for European Policy Studies- va a durar años.  Hay un bucle que se retroalimenta entre los Estados y los bancos.  Cuando las cosas se tranquilizan en la banca, como ahora ha pasado por las medidas del BCE –añadió-, la tensión también se reduce en el mercado de la deuda.  Cuando por la razón que sea empiezan de nuevo las turbulencias, y podemos estar ante un nuevo episodio (…), esa tensión vuelve tanto para el sistema financiero como para la deuda pública” (25/03/12).  La reacción del “mercado” descansa en fundamentos reales.  La situación de España se debilitó, en Portugal continúa planteada la posibilidad de tener que recurrir a un segundo rescate y las políticas de austeridad seguirán contrayendo economías haciendo marcadamente improbable que las reducciones de los déficit decididos en Bruselas se cumplan.

La derrota del Partido Popular en las elecciones de Andalucía constituyeron un golpe para la táctica de la implementación del ajuste diseñado por  Rajoy.  El  grueso de los recortes fue dejado para después de estos comicios. Andalucía es la comunidad con más habitantes, la que tiene el mayor número de desocupados y una de las más dependientes de la economía pública.  Además, aparece como lo más posible que el PSOE forme gobierno con Izquierda Unida, fuerza frontalmente en oposición a la política de ajuste.  El Partido Popular cometió el error de vincular su imagen en la campaña andaluza con los ministros encargados del alza de tributos y de la reforma laboral resistida por las organizaciones sindicales.

Precisamente en protesta por la reforma laboral se efectuó el día 29 la primera huelga general llamada por las centrales sindicales durante el gobierno de Mariano Rajoy, la octava desde que se recuperó la democracia.  La reforma fue definida por los convocantes como “la más lesiva para los trabajadores en la historia de la democracia.  Se expresó con gran fuerza en la industria, la construcción  y en el transporte.  Por comunidades se  manifestó con mayor impacto en aquellas con actividad portuaria y estructura industrial.  El Gobierno cifró la participación en las manifestaciones en 800.000 personas.  La demanda de electricidad, que sirve para cuantificar la adhesión a una paralización general, correspondió a la de un día festivo.  “Si el gobierno no rectifica –declaró el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo- habrá un conflicto social creciente.  No vamos a parar –agregó- hasta que se rectifique el contenido de la reforma laboral ”.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano