Ley de Compensaciones a Centrales Eléctricas debilita la participación ciudadana

Así lo sostiene la organización ambiental Terram, para la cual el proyecto de ley destinado a equilibrar el hecho de que millonarios proyectos hidroeléctricos se instalen en territorios al que no pagan impuesto alguno, como ocurre hoy. Para Terram, la iniciativa no implica disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales en los territorios.

El gobierno cumplió su promesa de hace un año e ingresó al Parlamento un proyecto de Ley que establece el pago de un impuesto específico municipal por la instalación de centrales de generación eléctricas, más conocido como Ley  de Compensaciones a centrales eléctricas. Sin embargo, para Terram la iniciativa no da cuenta de la creciente conflictividad en torno a la ubicación de nuevos proyectos de generación eléctrica.

Ante el ingreso de este proyecto de ley, la Directora Ejecutiva de Terram, Flavia Liberona señaló que “el gobierno parece no entender la lógica ciudadana detrás de la oposición a la instalación de nuevas centrales de generación eléctricas. Los ciudadanos han tomado conciencia cada vez más de los impactos negativos a nivel local que generan este tipo de proyectos, y ha crecido la preocupación ambiental. Además, se ha elevado el nivel de desconfianza en la forma en que funciona el SEIA y como se toman las decisiones en las COREMAS, cuestión que no queda resuelta a través de la nueva institucionalidad ambiental”.

“A través de este proyecto de Ley, lo único que el Gobierno está proponiendo es redistribuir la carga impositiva de las empresas eléctricas: parte de los impuestos que antes se pagaban a las arcas fiscales nacionales, ahora irán -en base a cada MW instalado- a las arcas fiscales municipales como una manera de garantizar una suerte de ‘equidad territorial’ en cuanto a las distribución de los impactos y beneficios que producen este tipo de proyecto en los territorios. Entre otras cosas, nada dice de cómo se distribuirán esos recursos si el área de influencia de un proyecto afecta a más de un municipio”.

Respecto al uso de este impuesto, Liberona señala: “según se desprende del proyecto de ley, los recursos serán destinados a proyectos de desarrollo local que no necesariamente significarán disminuir o mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales que generan este tipo de proyectos en los territorios”.

Y añade: “desde nuestra perspectiva, la propuesta del Gobierno no da cuenta de la creciente conflictividad en torno a la ubicación de los nuevos proyectos de generación eléctrica. Menos aún consideran la protección del medioambiente y la calidad de vida de las comunidades afectadas, más bien es una propuesta simplista que no se hace cargo de la complejidad de los problemas y plantea una mala solución para los conflictos que han surgido en esta materia”.

“Lo más grave es que con una propuesta como esta se inhibe y/o coopta la participación de las comunidades y de los gobiernos locales en la evaluación ambiental de los proyectos, debido a la entrega de compensaciones directas a los municipios, disminuyendo aún más su capacidad para defenderse frente a los grandes proyectos energéticos. En este sentido, la propuesta viene a validar las compensaciones económicas como mecanismo para la instalación de proyectos”, concluyó la Directora Ejecutiva de Terram.

El Ciudadano