El ministro de Justicia del Presidente Boric, Luis Cordero, calificó como «jurídicamente débiles» los argumentos entregados por el gran empresariado, a través de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sofofa, ante el Tribunal Constitucional (TC), respecto a la ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente.
Recordemos que el gremio empresarial presentó un «téngase presente» ante el TC, alegando que la legislación, ya aprobada por el Congreso Nacional, vulneraría el derecho de igualdad ante la ley establecido en la Constitución del ’80, pues a su juicio instalaría un estándar jurídico «especial» para directivos y gerentes de empresas.
Al respecto, el ministro Cordero planteó en Radio Cooperativa que «éste fue un proyecto que se tramitó durante 4 años, y tiene una sólida conformación técnica desde el punto de vista penal. Existen desafíos de implementación, no cabe duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC como de la Sofofa, el Ejecutivo considera que está construida sobre argumentos frágiles, jurídicamente débiles».
Asimismo, el secretario de Estado llamó a los privados, y especialmente a la CPC, «a que consideren que para cada reforma importante no pueden terminar recurriendo siempre al mismo argumento, de que va a afectar la inversión, porque de tanto repetirlo, al final se diluye en el tiempo».
Senadores defienden la ley
Tras el «téngase presente» presentado por los grandes empresarios en el TC, un grupo de senadores anunció que acudirá al Tribunal a defender la ley, que fue promulgada el 15 de mayo de 2023.
El senador Matías Walker (Demócratas) confirmó que desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista realizarán sus descargos para evitar «que se borre con el codo» una iniciativa que fue despachada con acuerdo transversal después de 3 años de debate legislativo.
Asimismo, los legisladores del Partido Comunista también anunciaron que presentarán un recurso de defensa ante el mismo TC: «Nos parece importante defender una ley que termina con la impunidad en esta materia», manifestó la senadora Claudia Pascual, para quien resulta «inadmisible» que personas jurídicas y naturales no sean sancionadas en proporción al daño económico y medioambiental que causaron.
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