A poco más de una semana de la entrada en vigencia de la ley que regula el cobro de los estacionamientos, el Ministro de Economía, Luis Céspedes, junto al Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, anunciaron una serie de acciones judiciales en contra de empresas que prestan servicios de estacionamientos, tras detectar a través de un análisis en terreno, diversos incumplimientos a la nueva normativa.
El SERNAC encontró una serie de incumplimientos de un total de 75 empresas que fueron analizadas. Detectó que 23 empresas, esto es, un 31% total del universo incluidas en este monitoreo, no cumplieron con los estándares establecidos por la normativa en cuanto a informar y aplicar correctamente los cobros, especialmente aquellas empresas que optaron por cobrar por tramos (16 empresas).
La entidad también informó que 5 empresas (7%) mantienen el letrero que informa por el cobro en caso de pérdida de ticket, pese a que la normativa prohíbe realizar dichos montos por este motivo. Ante ello, oficiará a las 5 empresas, cuyo propósito es conocer si todavía están aplicando dichos cobros. En caso que los sigan realizando, el SERNAC iniciará acciones colectivas.
Por otra parte, el Servicio detectó que 28 empresas (37%), no informan a través de letreros el lugar de ingreso ni el de pago del servicio de estacionamiento, por lo que serán denunciadas para que se apliquen las multas respectivas.
Además, el análisis que se centró en la Región Metropolitana en una primera etapa, arroja que de un total de 38 empresas, 25 de ellas (65,8%) aumentaron sus tarifas; mientras que 9 (23,6%) bajaron los valores; y 4 empresas (10,5%) mantuvieron los precios.
En cuanto a las empresas que aumentaron las tarifas, especialmente aquellas que lo hicieron de manera significativa, el SERNAC anunció que procederá a oficiarlas, con el fin de conocer cuáles son los motivos para aplicar dicho incremento.
«Lo que nos importa es que la conducta cese, que se devuelva el dinero mal cobrado a los consumidores y, sobre todo, que se apliquen multas porque no hay ninguna justificación para una errónea interpretación de la ley», afirmó el director del Servicio.