En una batalla judicial se ha convertido el bullado proceso de licitación de licencias transables para la sardina común y crustáceos demersales que lleva adelante la Subsecretaría de Pesca. Esto, luego de que las pymes pesqueras, reunidas en Pymepes A.G, presentaran un recurso de protección contra el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, por considerar “su actuación arbitraria e ilegal”, medida que fue declarada admisible hoy por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que podría llevar a paralizar el proceso.
Para Alfredo Irarrázaval, gerente de Pymepes, “es un gran paso que la justicia pueda hacerse cargo de la ilegalidad que comete el Subsecretario Súnico, quien por vía administrativa está impidiendo el mandato del legislador de que las empresas de menor tamaño tengamos un adecuado acceso al mercado pesquero industrial”.
Explicó que con las Resoluciones Exentas Nº 3.162 y 3.161 que se dictaron con la firma de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, “solo podrán operar sobre las licencias subastadas los actuales incumbentes». «¿De quién hablo?», se pregunta el dirigente. «De las 7 familias de la industria pesquera”, sostiene.
Esto se debe, aseguran desde Pymepes, a que «dichas resoluciones disponen que para poder pescar se deberá contar con las licencias transables de aquellas especies asociadas para ejercer la actividad extractiva que le concede la licencia transable de pesca clase B, en la proporción establecida por la Subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, se deja en manos de ella, la proporción y el recurso pesquero con el que se deberá contar como pesquerías asociadas». Cabe señalar, agregan, que un nuevo actor, ajeno a las 7 familias, que licite, deberá obtener de las mismas 7 familias las licencias transables y en las proporciones que el subsecretario estime en dicha resolución.
Recurso de protección
Según detalla el recurso de protección presentado el jueves pasado, «las resoluciones atentan contra la igualdad ante la ley establecidas en el art. 19 Nº2 de la Constitución, además de la garantía de no discriminación arbitraria que debe dar el Estado en materia económica, establecidas en el art. 19 Nº 22 de la carta fundamental».
En el caso de las mencionadas resoluciones se exige que “para acceder a la captura de los recursos en subasta -tales son la sardina común, el camarón nailon, el langostino amarillo y colorado-, las bases exigen poseer pesquerías asociadas en modo de licencias transables de pesca (LTP), de las que solo goza el sector industrial incumbente”. Así, por ejemplo, para capturar camarón nailon se deberá contar con LTP previas de merluza común, langostino amarillo y colorado, según informan; y en el caso de la sardina común se deberá contar con LTP de jurel, anchoveta y merluza de cola, pesquerías que solo tienen los industriales, agregan.
«Por esto, para las pymes pesqueras es imprescindible que la Corte de Apelaciones tome las medidas que sean necesarias, para paralizar la mencionada licitación y ordene al órgano administrativo que adopte todas las medidas necesarias para permitir el ingreso de nuevos actores a la pesca en Chile, realizando un nuevo llamado a licitación que otorgue un mayor plazo para prepararse y para poder acceder en forma real al recurso licitable», sostienen en Pymepes.
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