En la última edición del programa El Informante de TVN, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, puso especial énfasis en la propuesta de implementación de una Ley de Puertos, que contribuya a solucionar la grave crisis por la que atraviesa el municipio porteño: «Todo el dinero del Puerto se va a al Ministerio de Hacienda, no queda nada acá, cuando lo que necesitamos es una fuente de financiamiento permanente, una Ley de Puertos, que es una demanda ciudadana, pues implica descentralización política y financiera a la vez”, dijo el jefe comunal.
Justamente, en el último tiempo, la Ley de Puertos se ha convertido en una de las propuestas que más consenso genera en las regiones para avanzar efectivamente hacia una mayor autonomía financiera respecto de la capital. De hecho, la idea se convirtió en el objetivo central de la última asamblea extraordinaria de ciudades puerto de Chile, realizada el pasado mes de abril en Viña del Mar, y a la que asistieron representantes de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Aysén y Punta Arenas, los diez municipios integrantes.
Al respecto, el alcalde Jorge Sharp fue categórico en señalar que en el caso de Valparaíso, la situación es “crítica, una ciudad de contrastes que expresa lo que es Chile, donde de los 3.600 millones de dólares al año que produce el puerto, no queda nada para la ciudad, que entre otros problemas, tiene el mayor déficit de vivienda en Chile”.
En ese sentido, Sharp dijo que “se requiere que los candidatos presidenciales se comprometan con una legislación de estas características, aunque sabemos que es difícil sacarle plata a las arcas fiscales y dejarla en regiones porque Chile es un país tremendamente centralista. En Valparaíso actualmente tenemos 15 mil millones de pesos de déficit, y si se agrega el de la Corporación Municipal, la cifra supera los 60 mil millones de pesos. O sea, yo soy un síndico de quiebras, no un alcalde”.
Anteriormente, en una entrevista al Portal Portuario, el jefe comunal porteño opinó que los alcaldes «debiésemos jugar un rol en esta elección presidencial para sacar al pizarrón a los candidatos y pedirles un compromiso claro sobre estos puntos. Tenemos, por ejemplo, al precandidato Guillier que es presidente de la Comisión Puertos del Senado y que ha planteado permanentemente el discurso de la descentralización, por lo que sería interesante saber si efectivamente bajo un eventual Gobierno suyo se avanzará en una legislación de esas características».
El tema hace rato viene dando vueltas en las pautas no sólo de Sharp, sino de todos los alcaldes que integran la Asociación Nacional de Ciudades Puerto. En abril pasado, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, propuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la creación de un Tributo Regional -o Royalti Portuario-, «que grabe a los ingresos portuarios en beneficio municipal, y que los recursos percibidos por dicho impuesto se destinen en forma exclusiva para financiar obras de mitigación de los impactos producidos por los terminales portuarios en las ciudades».
Asimismo, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien preside la Asociación en estos momentos, dijo en la última asamblea que la idea es que «a través de la Ley de Rentas regionales se incorpore la distribución porcentual equitativa de las utilidades que genera la actividad portuaria en beneficio de la ciudades puerto, a fin de mejorar la infraestructura que se ve afectada por el efecto de la gestión portuaria, junto con propiciar la creación de la Subsecretaría de Puertos como un organismo tendiente a armonizar esta gestión, tan importante para el desarrollo del país”.
¿Y qué dicen las empresas? El director de la Corporación de Puertos del Cono Sur y gerente general de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Gonzalo Davagnino, también estuvo invitado a la Asamblea Extraordinaria de la Asociación. En su exposición, indicó que “las municipalidades tiene que entender bien el mercado, porque los puertos funcionan como un aeropuerto donde la gente sale, pero esa gente tiene una serie de demandas y exigencias. Es una industria muy exigente, que trabaja en forma programada y normalmente con dos años de preparación previa».
«En ese sentido, los municipios deben acercarse a los puertos, conocer la industria y generar a través de esta Asociación un sello de calidad único para todos. Hay que entender que los visitantes no vienen a una ciudad en especial, sino a un destino que tiene una gran cantidad de ciudades o puertos donde van recalando. En la medida que ese trabajo esté coordinado, el resultado va a ser positivo”, concluyó Davagnino.
Así, la necesidad de una nueva Ley de Puertos para Chile ha generado hasta ahora varios consensos, al menos en el mundo municipal, donde la figura del Royalty Portuario aparece como una herramienta efectiva y necesaria para avanzar en la descentralización del país, y que contribuya a solucionar las graves crisis económicas por las que atraviesan ciudades como Valparaíso. Habrá que ver cómo sigue el debate.