Llegar y llevar: Ex ejecutivo de La Polar salva sin cárcel

Esta mañana el tribunal decretó la suspensión condicional por dos años del procedimiento, y el imputado Santiago Grage, ex gerente de Finanzas de La Polar, deberá hacer 60 horas de trabajo comunitario y tendrá prohibición de acercarse a los imputados del caso que afectó a más de un millón de clientes, según informa el Diario Financiero.

Gracias a un acuerdo logrado entre los abogados defensores de los ex mandamases de La Polar y la Fiscalía, el conocido jingle de otra famosa multitienda, ‘Pascua feliz para todos’, esta Navidad podría tener un especial significado para quienes estafaron a sus clientes, mediante sendas repactaciones unilaterales que se tradujeron en cuantiosos cobros de intereses y reajustes contra gente de escaso poder adquisitivo; personas que no tuvieron otra alternativa que endeudarse para subsistir, e impedir el embargo de sus precarias posesiones.

Los ex ejecutivos, entre los cuales se encuentra el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerente de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage, serán beneficiados por un acuerdo con el Ministerio Público, que les permitirá cenar en sus casitas este 24 de diciembre en sus casitas, sin el temor de hallarse entre las rejas, como cualquier delincuente.

Los formalizados deben asumir los hechos de los que se les acusan. Farah y Moreno tendrían que reconocer que usaron información privilegiada, participaron de lavado de activos y que entregaron información falsa al mercado. A su vez, ex el presidente de empresa de retail asumiría la responsabilidad por lavado de activos y usar información falsa. En este contexto, la Fiscalía aseguró que “el reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados implicaría considerarles una atenuante, lo que les permitiría rebajar el marco penal”, explica Diario Financiero.

Con todo, los cuatro ex ejecutivos acusados de varios delitos económicos por las repactaciones unilaterales entre 2006 a 2011 que afectó a más de un millón de clientes, podrían arriesgar una pena máxima de cinco años sin cumplimiento efectivo, es decir, libertad vigilada, sumado al comiso de dinero (de momento son US$ 4 millones), y quizás, alguna inhabilitación, por ejemplo para ser gerente o director de alguna empresas regulada por la SVS. Además de llegar a un acuerdo reparatorio para las víctimas.