Finalmente, el Gobierno terminó con los misterios y dio a conocer el envío de tres proyectos de ley al Congreso, que en conjunto conforman la reforma previsional. De esta forma, el Ejecutivo espera aumentar en 5% la cotización, crear una entidad estatal dedicada a gestionar el ahorro adicional e introducir una serie de modificaciones en la regulación al sistema de capitalización individual.
Sin embargo, en las últimas horas el mismo Gobierno se disparó en los pies, puesto que la Presidenta Michelle Bachelet desconoció el informe de productividad adjuntado al proyecto de ley y que fue elaborado por las carteras de Hacienda y Trabajo.
En aquel documento, se modelan tres escenarios respecto de la incidencia de la reforma en el mercado del trabajo, aunque son proyecciones de corto plazo y que no toman en cuenta la gradualidad con la que se pretenden introducir los cambios.
El primer escenario prevé que el alza en la cotización reduciría entre 0,045% y 1,23% la cantidad de cotizantes, esto es entre 2.200 y 60 mil personas.
Un segundo escenario indica que la cotización adicional reducirá en 7,45% el empleo asalariado formal, lo que significa una disminución de 394 mil puestos de trabajo.
En tercer lugar, el Gobierno proyectó un impacto de 2,35% en el empleo asalariado, lo que significa una caída de 124 mil plazas. «Desconozco cuán serios son esos estudios», dijo la Presidenta al momento de ser consultada por los efectos de la reforma sobre el empleo.
«Yo no sé si a la Presidenta no le informaron, pero cualquier economista sabe que aumentar brutalmente las cotizaciones previsionales es un incremento brutal del impuesto al trabajo y eso tiene impacto sobre el empleo», afirma el economista Manuel Riesco en conversación con El Ciudadano.
El investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) afirma que la reforma «afectará los reajustes de remuneraciones y van a subir menos. En resumen, siempre ese aumento del impuesto al trabajo lo van a pagar los trabajadores».
No más ahorro forzoso
A Manuel Riesco no le gusta nada la iniciativa del Gobierno. El aumento de la cotización, pasando de poco menos de un 13% a casi un 18%, significa un incremento de 38% en «ahorro forzoso» que –según explica– iría mayoritariamente a engrosar la billetera del mercado financiero.
«El ahorro forzoso es un sistema para sacarle plata a los salarios y entregársela al sistema financiero para no volver nunca más. ¿Por qué? No es una persona sola la que ahorra, sino que todos los trabajadores que están forzados. Como el número de trabajadores crece continuamente al igual que los salarios, mientras las pensiones se mantienen igual; entonces, lo que ocurre es que siempre hay un excedente entre las cotizaciones y el poquito que destinan de esas cotizaciones a pagar las pensiones de los que ahorraron antes», argumenta.
Riesco agrega que «para pagar pensiones, a las AFP les basta con uno de cada cuatro pesos cotizados y los otros tres se los embolsan ellos y aumentan este ahorro, que es plata que el sistema financiero usa a su amaño y no volverá nunca, porque todos los meses pasa lo mismo».
Además, sostiene que la reforma es innecesaria y que bastaría con los actuales fondos previsionales, siempre y cuando se gestionen mediante un instrumento de reparto solidario, puesto que por cada punto derivado a ese mecanismo, las pensiones aumentarían en 20%, según explica. El panorama que describe el economista difiere radicalmente del funcionamiento de la capitalización individual.
«Hoy se están embolsando 13 puntos que le sacan a trabajadores, de los cuales, cada 4 pesos, 3 se los embolsa el sistema financiero y de esos 3, uno se lo embolsan las propias AFP y las compañías de seguro. Con el uno restante pagan la miseria que le devuelven a los trabajadores por el ahorro que hicieron», expone el investigador del CENDA.
«Superexplotación»
¿Si los datos que cita Riesco y las proyecciones sobre el empleo son conocidas por el Gobierno, por qué se insiste en una fórmula provisional como la anunciada?
Para el economista la respuesta radica en que la actual administración «no quiere tocar a las AFP ni al sistema financiero. Todas las reformas del Gobierno han terminado igual, en el sentido de que no las apoya nadie, porque en definitiva son reformas que tratan de no tocar intereses privados».
«En mi tiempo, esto de sacarle plata a los salarios y pasársela a los empresarios se llamaba superexplotación y hasta un cabro chico sabía lo que significaba. Es cuando el empresariado no se contenta con las ganancias y le mete mano a los salarios. Aquí hay un gran empresariado que superexplota a los chilenos, porque además de quedarse con el excedente, que es 52% del PIB, obliga a los trabajadores a aportar al ahorro nacional, es decir, plata para renovar las maquinarias y caminos, que deberían financiarlo ellos con cargo al excedente tremendo que se apropian y las AFP son un mecanismo para eso», remata el miembro del CENDA.
Te invitamos a profundizar en los planteamientos de Manuel Riesco a través de un interesante documento preparado por Cenda. Pincha aquí.
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