Negociado de maquinaria minera quedó al descubierto y fueron multados con US$ 320.701

La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación en el fondo y ratificó las sentencias de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Tributario Aduanero de Antofagasta que resolvieron a favor del Servicio Nacional de Aduanas en la formulación de cargos por US$ 320.701,68 a una empresa que ingresó mercancías en forma temporal y las destinó a fines comerciales en la gran minería.

El proceso comenzó el año 2013 cuando el Departamento de Fiscalización de la Aduana de Antofagasta realizó una revisión a posteriori y detectó dos operaciones de ingreso de maquinaria bajo el régimen de Admisión Temporal, las cuales databan de diciembre de 2012. Este sistema de ingreso especial es un beneficio que permite traer al país, por un plazo determinado, mercancías bajo un régimen especial de tributación para luego retornar a su país de origen.

La mercancía que ingresó bajo el régimen de admisión temporal sin el pago de la tasa respectiva eran grúas pórtico, torres tops, soportes de acero y 6 líneas K25 autopropulsada para transporte de carga pesada, entre otras, las cuales se usaron con fines comerciales por una contratista que trabajaba en una minera de la Primera Región.

Debido a todo lo anterior, Aduanas calculó la tasa correspondiente y cursó cargos por un monto total de US$ 320.701,68 a la empresa dueña de las mercancías. Tanto en el Tribunal Tributario Aduanero como en la Corte de Apelaciones de Antofagasta se confirmó el accionar aduanero tras un reclamo impuesto por la empresa, la cual también acudió a la Corte Suprema con un Recurso de Casación que fue declarado inadmisible.

El Director Regional de la Aduana de Antofagasta, Braulio Cubillos, valoró la decisión del máximo tribunal del país y el accionar coordinado de los equipos jurídicos y de fiscalización aduaneros, “los cuales trabajan en base a protocolos y los objetivos estratégicos del Servicio, donde apuntamos a contribuir al crecimiento y competitividad de la economía nacional mediante la fiscalización, promoción del cumplimiento voluntario de la normativa aduanera y la facilitación del comercio exterior lícito para la protección del país y sus ciudadanos”.