Esta mañana se promulgó la ley que perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia. La normativa establece penas de cárcel y aumenta las multas por casos de colusión, al pasar a la categoría de delito penal.
“Hemos conocidos casos de personas, empresas, organizaciones, que han abusado de la confianza de nuestros compatriotas, buscando obtener con malas prácticas beneficios que jamás lograrían con el juego limpio del mercado», señaló la Presidenta Bachelet.
La ley establece penas de cárcel de entre 3 años y un día hasta 10 años a los ejecutivos declarados culpables por colusión. Además, se estipula que los infractores cumplan a lo menos un año de presidio efectivo.
Para los responsables del delito se establecerá la inhabilitación para desempeñar por cinco años cargos públicos y de dirección en las empresas públicas o sociedades anónimas.
Por otro lado, la normativa entrega la atribución exclusiva a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que inicie acciones penales en los casos en que se produzca colusión.
Además, se suben las multas al doble del beneficio económico obtenido por la colusión o el 30% de las ventas en las líneas de productos del infractor.
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