La recién publicada Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias promete un impulso económico para Chile, ya que permitirá incrementar los ingresos fiscales en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a unos US$ 4.500 millones anuales.
Estos recursos serán fundamentales para financiar la reforma de pensiones del gobierno, que representará un 1,2% del PIB, y para cubrir los compromisos en mayor inversión en seguridad pública (0,3% del PIB).
La promulgación de esta norma antes del ingreso de la Ley de Presupuesto permitirá considerar los mayores ingresos asociados al año 2025, que ascienden a un 0,4% del PIB, equivalentes a unos US$ 1.200 millones.
El nuevo instrumento legal también apunta a avanzar a un sistema tributario más justo y equitativo, ya que persigue que que cada contribuyente pague los impuestos que corresponda sin que se obtengan ventajas ilícitas, que terminan perjudicando a la mayoría de los contribuyentes que cumple de forma correcta sus obligaciones tributarias.
Durante a ceremonia de publicación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, el presidente de la Repúblcia, Gabriel Boric, planteó que esta norme representa un «acto de justicia»para Chile, y especialmente para los emprendedores del país.
En el evento que se desarrolló el jueves en la comuna de San Joaquín y en el que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Mario Marcel y el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el jefe de Estado señaló que esta iniciativa el Estado “tiene desde ahora mejores herramientas para combatir la evasión y la ilusión de las grandes riquezas”.
“Esta ley no incrementa la carga impositiva (carga tributaria) de las personas. Y es más, contiene medidas para emparejar la cancha en la que compiten las micro, las pequeñas y las medianas empresas formalizadas incentivando a su vez a la formalización”, señaló.
Explicó que la recién promulgada legislaciión le permite a Chile encaminarese hacia un sistema tributario que cumpla un principio fundamental: “Que cada ciudadano y ciudadana pague los impuestos que le corresponden, sin ventajas y sin ninguna tolerancia hacia los inescrupulosos que quieren beneficiarse de recursos que son de todas y todos”.
No obstante, el mandatario aclaró que la iniciativa no busca “que el Estado se llene los bolsillos”, sino que éste tenga “recursos disponibles para poder mejorar la calidad de vida de la población”.
De hecho, modificaciones contenidas en la Ley no producen un incremento en la carga tributaria de los contribuyentes, sino que genera incentivos y mejora las herramientas para que los contribuyentes paguen los impuestos que le corresponden por aplicación de las normas tributarias.
Nueva normativa tributaria generará impulso económico por USD 4.500 millones
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que esta nueva ley va a permitir incrementar en régimen los ingresos fiscales en un punto y medio del Producto (Interno Bruto), «es decir, 4.500 millones de dólares anuales».
«Con esto, se va a poder financiar todo el gasto fiscal asociado a la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno y que está actualmente en discusión en el Senado, y también todos los compromisos del Gobierno en mayor inversión en seguridad pública», detalló.
«Parte de estos recursos están incorporados en el proyecto de ley de Presupuestos que está actualmente en discusión, con 1.200 millones de dólares de ingresos, que nuevamente se distribuyen a estos dos temas, más los temas de fortalecimiento de la salud», enfatizó el secretario de Estado.
Al referirse a los puntos centrales de la nueva Ley, Marcel recordó que se logró con un amplio respaldo con los parlamentarios de todos los sectores.
“Esta es una Ley muy completa que se hace cargo de muchos temas que se han ido detectando en el tiempo. En la medida que tengamos un mejor cumplimiento tributario, si logramos que todos paguen lo que corresponde, las modificaciones tributarias son menos necesarias. La mayoría de los ciudadanos están acostumbrados a pagar el IVA, pero desgraciadamente hay quienes no cumplen con esa obligación y se aprovechan del sistema. Ahora, ellos, con esta Ley, tienen un mensaje claro: este es el momento de cumplir con la ley, cumplir con las obligaciones y contribuir al financiamiento de lo que el país requiere en materia de pensiones y seguridad ciudadana”, destacó.
Combate a la informalidad, la evasión y la elusión
Esta iniciativa entrega nuevas herramientas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado, las cuales serán empleadas con el fin de mejorar la equidad impedir el accionar de quienes buscan evadir sus obligaciones tributarias.
En tal sentido, la norma establece una serie de medidas para combatir la informalidad, como exigir el inicio de actividades a quienes ofrezcan plataformas de pago o comercio digital, y ampliar la figura de la clausura al ámbito del comercio digital.
Adicionalmente, el SII podrá solicitar el comiso de bienes cuando detecte que no cumplen con las obligaciones tributarias o se comercializan de manera ilícita.
También establece el aumento las penas asociadas a los delitos más graves y la creación de tipos penales nuevos para quienes venden facturas con cualquier fin, sin que deba acreditarse que la venta es para la comisión de delitos tributarios (caso Factop).
«Se sancionará a quienes realizan acciones dolosas destinadas a distraer sus bienes para evitar el pago de impuestos», indicaron desde el Gobierno.
Por otro lado, se mejoran los tipos penales a los funcionarios del SII que autoricen documentos tributarios para permitir la comisión de delitos tributarios.
La nueva normativa tributaria permite al SII fiscalizar de manera unificada a los grupos empresariales, centralizando la revisión de todas las operaciones de un grupo en un mismo equipo, lo que permitirá una mayor eficiencia y uniformidad en la fiscalización.
Este procedimiento podrá ser impulsado por el SII para lo cual deberá notificar a todos los miembros del grupo empresarial, asimismo, podrá ser solicitado por el contribuyente cuando varias entidades se encuentren bajo fiscalización en cuyo caso la fiscalización se concentrará en el lugar donde el grupo empresarial tiene su casa matriz.
Otro punto a destacar es la posibilidad de levantar el secreto bancario de forma expedita en casos de delitos tributarios, inconsistencias graves de más de 2.000 UTM en un período de 36 meses, o reincidencia en infracciones como no llevar contabilidad o no cumplir con la obligación de prestar declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El procedimiento se reducirá a un plazo expedito de cinco días, en aras de mejorar la eficacia de la fiscalización.
En cuanto a los bancos, estos establecimientos deberán informar al SII respecto de quienes reciban 50 o más transferencias de personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes.
Las instituciones bancarias deberán entergar esta informaciónde forma semestral y se tenndr´´a que señalar si la persona recibió más de 50 transferencias en uno o más de los meses dentro del semestre informado.
Adicionalmente, se informará sobre el monto agregado de las operaciones reportadas lo que permite focalizar correctamente las acciones de fiscalización.