La Fiscalía Pública al fundamentar la formalización de Longueira enfatizó que tenía un vínculo de dependencia con la empresa controlada por Julio Ponce Lerou. En el período mencionado la Fiscalía informó que inició una investigación sobre los vínculos entre el exdiputado Jorge Insunza y el holding minero del grupo Luksic Antofagasta Minerals, vigente durante muchos años incluyendo el período en que fue integrante de la comisión de Minería de la Cámara y en un lapso incluso su presidente. Los Luksic, al igual que Soquimich, han construido una red de relaciones políticas transversal usando también los mecanismos de nominación en directorios o puestos ejecutivos en sus empresas. Por otra parte, se conoció de un informe del Servicio de Impuestos Internos sobre los financiamientos también teniendo como contraparte boletas falsas que no correspondían a servicios efectivamente efectuados entregados por el banco BCI, del grupo Yarur, al excandidato en primarias presidenciales Laurence Golborne, también de la UDI. Ello a pesar de los múltiples esfuerzos por frenar estas investigaciones y entrega de nuevos antecedentes que han tenido como un actor muy importante a los máximos directivos del SII, cuyos representantes se retiraron cuando se procedía a formalizar a Pablo Longueira, dando como razón que no existía una querella nominal de la institución en su contra.
El 22 de junio, en un nuevo hecho transcendente demostrativo de los fuertes vínculos entre la riqueza y actores políticos, el Ministerio Público formalizó al coronel de la UDI Pablo Longueira por cohecho y delitos tributarios en una jornada en la cual los representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII) se retiraron aduciendo que no existía una querella nominativa del organismo en contra del exministro de Sebastián Piñera.
Entre los fundamentos de la formalización, el fiscal Pablo Gómez subrayó que Longueira promovió “ante el Ejecutivo (de Sebastián Piñera) el interés de una empresa privada (SQM) con quien mantenía un vínculo de dependencia. (…) Pablo Longueira –añadió- estaba interesado en proteger los intereses de SQM, de quienes recibía cuantiosos beneficios económicos” (22/06/16). El abogado Matías Ramírez, quien representó en la querella al diputado Hugo Gutiérrez, criticó el retiro calificándola como “una señal políticamente grave (…) el servicio de una vez por todas –recalcó- se debe pronunciar respecto del imputado Pablo Longueira”[1]. El fiscal cifró los recursos recibidos por el exsenador en $681.888.887 a través de donaciones y boletas ideológicamente falsas emitidas por terceros, mayoritariamente con vínculos familiares. El tribunal destacó que algunas boletas las cobraron contribuyentes que “eran acompañados por Bruno Vera, quien era estafeta del señor Longueira, financiado incluido por el Congreso Nacional (…)”.
El magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, Sergio Córdova, al resolver sobre las medidas cautelares a adoptar, la fundamentó en “la existencia de delitos reiterados del artículo 97 número cuatro inciso final (facilitador de boletas ideológicamente falsas) y el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal. Ambos delitos –subrayó- en grado de reiterado”. Hacienda mención especialmente a la tramitación de la ley de Royalty minero. El imputado quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, dándose un plazo de seis meses para la investigación.
El tribunal concedió particular importancia a una boleta de $5.555.555 emitida a SQM por Ana Palacios, prima de Carmen Luz Valdivieso, asistente de Pablo Longueira, al día siguiente de la publicación de la ley de royalty que otorgó la invariabilidad tributaria pretendida por la empresa minera. Este pago fue gestionado por Carmen Valdivielso con la secretaria de Patricio Contesse desde la cuenta de correo [email protected].
En la misma audiencia se reformalizó a Patricio Contesse, que aparece siempre como el gestor exclusivo del accionar ilícito de Soquimich, en esta ocasión por el delito de soborno vinculado a Pablo Longueira El ´Ministerio Público calificó esta relación de “muy estrecha”, manifestada en “frecuentes reuniones”, intercambio de comunicaciones, “trato amistoso”, “incluso apodos”, con “regalos e invitaciones a matrimonios”. “Es -resumió el fiscal adjunto Carlos Reveco– amistad íntima” (23/06/16). Contesse sigue guardando silencio sobre el papel desempeñado. El fiscal adjunto efectuó un símil entre Longueira y el también formalizado senador UDI Jaime Orpis sobre cohecho recordando los argumentos dados por la magistrada Daniela Guerrero pocos días antes. “Se discutió –dijo- una situación similar en este aspecto. Existió concordancia temporal entre pagos, comunicaciones y participación legislativa” (23/06/16).
Paralelamente, se conoció un informe preparado por el SII del financiamiento otorgado al exprecandidato presidencial y exministro de Sebastián Piñera Laurence Golborne, por el Banco de Crédito e Inversiones, del grupo Yarur, recibiendo a cambio facturas falsas consignando servicios no prestados. El presidente del banco, Luis Enrique Yarur, en declaraciones a la Fiscalía dejó constancia que la entrega de recursos correspondió a “peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurence Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas” (23/06/16). Los testimonios constatan que por procedimientos similares Golborne recibía dinero de una decena de empresas[2].
El día 20 de junio, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, informó que se inició formalmente y por oficio una investigación contra el exdiputado y exministro de la Secretaría General de la Presidencia Jorge Insunza con el objeto de investigar posibles delitos de cohecho, negociación incompatible y fraude tributario debido a sus vínculos con Antofagasta Minerals (Amsa), controlada por el grupo Luksic. “(…)como en el tiempo –declaró el fiscal- han ido ocurriendo una serie de cosas que van dando cuenta de la necesidad de hacerse cargo de estos temas y particularmente del rol que los parlamentarios juegan junto con la posibilidad de ejercer su rol parlamentario cuando ejercen actividades privadas” (22/06/16). La decisión se adoptó cuando había transcurrido un año desde que renunció como secretario general de la Presidencia. Insunza entre los años 2007 y 2014, a través de la empresa Virtus Consultores Ltda., enviaba a Amsa informes de coyuntura política “con el fin –explicó el holding en un comunicado- de que la empresa lograra un mejor entendimiento de situaciones de contexto que tienen influencia sobre sus negocios e inversiones”(22/06/16). En ese lapso el número de informes llegó a 443.
La fiscalía solicitó la entrega voluntaria de los libros contables de Amsa correspondiente a los años tributarios 2008-2015. Además solicitó los informes de coyuntura preparados por Insunza. Paralelamente citó a declarar a los presidentes ejecutivos del holding minero durante ese periodo: Marcelo Awad entre 2004 a 2012 y Diego Hernández desde mayo de 2012 hasta febrero de 2015. Igualmente requirió la contabilidad de Virtus y de Sistema y Consultores, una segunda sociedad relacionada al exdiputado constituida en 1996 con el analista político Max Colodro, que luego se retiró, y actualmente tiene como socio principal a su hermana Viviana. La Tercera informó que las asesorías no se reducían únicamente a los informes de coyuntura semanales sino también efectuaba charlas en las propias oficinas de Amsa, las cuales en palabras de un exejecutivo del grupo Luksic “se extendían por más de dos horas. Las charlas trataban –añadió- temas de la coyuntura política, proyectos de ley que estaban siendo tratados en el Congreso y de ciertos temas que se conversaban entre los parlamentarios” (22/06/16). Igualmente los fiscales pidieron a la Cámara de Diputados información sobre el comportamiento legislativo que el exdiputado tuvo en el periodo investigado cuando fue miembro de la comisión de Minería y en un momento presidente de ella.
La investigación se orientará a analizar la relación de Insunza cuando era diputado con la empresa de los Luksic y no al tema más vasto de la red de vínculos creada por Andrónico Luksic hacia personeros políticos y estructuras de poder[3]. La arista Penta permitió revelar la estructura de financiamiento fundamentalmente orientada hacia la UDI y la responsabilidad en ello de sus controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En la arista Soquimich donde existe un financiamiento transversal, aunque cuantitativamente sigue siendo mayor el proporcionado la UDI y partidos de derecha, la responsabilidad a nivel de la empresa se ha centrado en el gestor directo del otorgamiento de los recursos, Patricio Contesse, a quien todos, incluyendo Julio Ponce Lerou, lo declaran como único responsable, aunque ello no resiste ningún análisis por la magnitud de los vínculos cuestionados y las sumas destinadas a este objetivo. Ponce Lerou hasta ahora solo aparece responsable por las operaciones especulativas efectuadas a partir de las cascadas para beneficio de los participantes en ellas, pero no en los recursos proporcionados a través de Soquimich y filiales. En la arista Corpesca y las medidas propiciadas para la aprobación de la ley de Pesca tampoco aparecen directamente personeros del grupo Angelini sino que su exgerente, Francisco Mujica, quien fue formalizado simultáneamente con el desaforado senador Jaime Orpis.
En cambio Andrónico Luksic tuvo participación personal en el crédito concedido por el Banco de Chile a la empresa Caval Limitada en la que uno de sus socios es la nuera de la Presidenta de la República, Natalia Compagnon, y luego en los servicios contratados a través de esta empresa por CCU. La red de contactos se ha construido en gran medida por participación en los directorios o en cargos ejecutivos de empresas controladas por el grupo o personalmente por Andrónico Luksic, como acontece en el canal de televisión de la Universidad Católica. Respondiendo a críticas formuladas por el diputado Gaspar Rivas, Andrónico Luksic a través de un texto audiovisual reconoció que su reunión con Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos constituyó un error. Al mismo tiempo constató que la participación de Amsa con el 40% de la propiedad en el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo significó un alto costo para él y su familia por la oposición encontrada, ante todo, por los efectos medioambientales negativos provocados.
La UDI, en la defensa de sus personeros formalizados y condenado en las investigaciones efectuada por la Fiscalía Pública, contribuye a que la atención se oriente fundamentalmente en los políticos protagonistas de la relación entre la riqueza y la política dejando en un segundo plano a las empresas proporcionadores de los recursos. El presidente del partido, Hernán Larraín, al ir a visitar en el anexo de la cárcel Capitán Yáber al desaforado senador Jaime Orpis junto a una delegación partidaria, puso énfasis en que “es un trato desigual, muchos personajes en situación similar no están siquiera siendo objeto de investigación. Esto se debe –agregó- a la forma unilateral en que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y ahora lamentablemente los propios Tribunales de Justicia están procediendo en esta materia” (22/06/16). Por su parte, el senador de la UDI Víctor Pérez interpretó la investigación iniciada a Jorge Insunza como una reacción de la fiscalía al quedar en evidencia su “trato discriminatorio”, por ello -concluyó- “han anunciado que van a investigar al exministro” (22/06/16).
Por Hugo Fazio
NOTAS
[1] Véase, Carta Económica 20/06/2016.
[2] Véase, “Mecanismos fraudulentos de hacer fortuna”. Mapa de la extrema riqueza 2015. Lom 2016, pág. 240.
[3] Véase, Chile en Tiempo de Reformas, Editorial Usach 2015 págs. 72-79 y Mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la Extrema Riqueza 2015. Lom 2016, págs. 93-97.
Carta Económica Semanal, 26 de junio de 2016.
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