La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rebajó las proyecciones de crecimiento de la economía chilena en 2017, pero las revisó al alza para 2018, en un entorno marcado por una caída de las exportaciones, una confianza empresarial débil e incertidumbre política.
En su informe semestral de Perspectivas, OCDE apuntó una subida del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,6 % este año y del 2,8 % el siguiente, lo que supone una caída de 9 décimas en el primer caso y una subida de dos en el segundo respecto a hace seis meses.
El organismo señaló que la mejora progresiva prevista para 2018 es atribuible al crecimiento de las exportaciones y refleja que el fortalecimiento de la demanda, buenas condiciones de financiación y las recientes políticas de apoyo a la exportación y la productividad impulsarán la inversión.
«A medida que se recupere el crecimiento, la tasa de desempleo bajará», añadió su análisis, según el cual los mayores riesgos para el desarrollo económico de Chile derivan de los principales socios comerciales del país y de la evolución de los precios de las materias primas.
La OCDE apunta en concreto al precio del cobre: una recuperación impulsaría la confianza y la inversión, e incrementaría los ingresos gubernamentales, mientras que menores perspectivas de exportación lastrarían el crecimiento.
La organización destaca que la especialización en recursos naturales ha implicado una mayor integración de la cadena global de valor, pero también aumentado su exposición a la volatilidad de esos precios.
El informe ve adecuado el plan del Ejecutivo de incrementar el déficit del Gobierno central al 3,1 % del PIB este año, cuatro décimas más que el año pasado.
El organismo prevé una consolidación del gasto público después de 2017, pero advierte de que una mayor caída de la inversión en infraestructura podría lastrar la productividad y el crecimiento a largo plazo, si el incremento previsto de los proyectos público-privados no se materializa.
A su vez, la organización considera posibles fuentes para aumentar la recaudación fiscal. «La ampliación de los ingresos públicos, en particular mediante el aumento de los impuestos sobre bienes inmuebles y la revisión de la imposición de los recursos naturales, garantizaría una financiación más sostenible del gasto social y de la infraestructura«, sostiene el informe.
La OCDE advirtió además de que aunque la actual reforma educativa o la simplificación de los procesos para la exportación y el emprendimiento mejorarán la inversión y la equidad, se necesita una regulación más simple y una mayor colaboración público-privada para fortalecer la innovación.
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