En 2006 la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) inició una demanda colectiva en contra del Banco de Chile -propiedad del millonario chileno Andrónico Luksic- por supuestas apropiaciones de dinero. En ese contexto, y a petición del 13 Juzgado Civil de Santiago, el perito judicial de la Universidad de Chile, Marcial Campos Salazar, emitió un informe en donde confirmó la denuncia de la agrupación.
El informe estableció que «efectivamente existen cobros excesivos» en 5 casos de clientes que contrataron un crédito hipotecario para la adquisición o refinamiento de sus viviendas entre el 30 de mayo y el 30 de noviembre de 2006. A Susana Rodríguez Rodríguez se le realizó un cargo excesivo por $73.399, equivalente a un $42,64%; a Alejandra Freres Silva por $25.000, equivalente a un 50%; a Zunilda Vergara Monsalve por $45.306, equivalente a un 90,61%; a María Gómez Larraín por $25.000, equivalente a un 50%; y a Roberto Moreno Dueñas por $186.790.
Por ejemplo, en este último caso, por concepto de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso se encontró una boleta de honorarios por un monto de $60.210, sin embargo, al cliente se le cargó en su cuenta corriente $247.000 por este concepto, lo cual implica un cargo excesivo de $186.790, es decir, un 310,23% de diferencia.
Junto con esto, el informe consigna que existe un 18,07% de las carpetas periciadas (187 de 1.035) que no contenían ningún documento de respaldo, y un 51,21% (530 de 1.035) de cargos en las cartolas de cuenta corriente de clientes «sin la existencia de sus correspondientes comprobantes, boletas, boletas de honorarios y otros importes que debieron respaldar genuinamente estos cargos por concepto de gastos operacionales».
Además de esto, el perito judicial destaca que el Banco de Chile, en su calidad de demandado, «no dio cumplimiento a la entrega de información», aún cuando su abogado se había comprometido a hacerlo «dentro de los plazos legales y en cuanto se lo ordenara el Tribunal». Solo un año después, añade el documento, el Banco «hizo entrega al Tribunal de una Caja sellada con la leyenda ´documentos que contienen información sujeta a secreto bancario´». Estos insumos, advierte el peritaje, «en su totalidad corresponden a fotocopias de los documentos originales o genuinos», situación calificada como «no aceptable» por el tribunal.
Frente a este hecho el informe sostiene lo siguiente: “Para este perito existen fundadas presunciones que la confección de las 1.035 carpetas de clientes fueron preparadas solo con este propósito, con evidente desprolijidad, falta de información, inexistencia de documentos contables de respaldo y cargos por concepto de gastos operacionales en papeles y documentos con membretes del banco pre-preparados solo con esta finalidad». Y se agrega: «Ante la carencia de la información de respaldo genuina, se pretendió ´reemplazar´ estos cargos en papeles generados por el propio banco, careciendo esto, sin duda, de toda prudencia y confiabilidad”.
«Robo hormiga»
No obstante esto, el perito destaca que la cantidad de clientes a quienes el banco les realizó los cobros excesivos solo representaba el 0,50% del universo muestral de 1.035 clientes hipotecarios periciados, lógica que también hizo mella en la justicia, la que terminó fallando en favor del Banco de Chile.
“Creemos que la Justicia se equivocó al señalar que eran muy pocos casos, ya que incluso si fuera un cliente y con un cobro excesivo de un peso, no corresponde que la empresa se quede con su dinero y debe ser devuelto. Esto asemeja una práctica de ‘robo hormiga’ por parte de la empresa, y de la cual los clientes nunca se enteran porque, además, se comprobó que el banco no cumple con guardar en la carpeta de sus clientes toda la documentación que respalda sus cobros”, señala el presidente de ODECUS, Stefan Larenas.
A raíz de esto es que en relación a las recientes declaraciones de Andrónico Luksic a través del viralizado video subido a YouTube, Larenas aprovecha de señalar que “más allá de reconocer errores y pedir disculpas, sería apropiado que el Banco de Chile implementara acciones concretas para actuar correctamente con sus clientes y modificar prácticas que implican apropiarse de su dinero, sin que las personas siquiera lo sepan, pues, en suma, no mantienen respaldo de los documentos que justifican ciertos cobros”.