Piden en la Cámara comisión especial para investigar fraude por $80 mil millones de AFP Cuprum

Este martes el subjefe de la bancada DC, Iván Flores y el diputado de la Comisión de Economía, Fuad Chahin, ingresarán en la Cámara de Diputados la petición de comisión especial investigadora a raíz de los hechos conocidos por la fusión de la AFP Argentum con Cuprum, ambas del grupo asegurador Principal. Según lo señalado por los diputados, “este hecho, así como lo conocemos, amerita una profunda investigación, especialmente por el rol que han jugado dos superintendencias; estamos hablando de una operación a lo menos extraña, con una aprobación de una AFP en forma exprés, para obtener sin duda el beneficio tributario millonario que superaría el del caso Johnson’s”.

La petición cuenta con el respaldo del jefe de bancada DC, Ricardo Rincón y de los diputados DC Claudio Arriagada, Marcelo Chávez, Gabriel Silber, Juan Morano, Sergio Espejo y Patricio Vallespín, entre otros. La petición, que según el reglamento debe reunir 40 firmas, podría ser votada en Sala este miércoles.

Al respecto, el subjefe de la bancada, Iván Flores, señaló que “estamos ante una serie de hechos que calificamos de escandalosos; aquí, estamos viendo cómo se crea una especie de AFP de papel o ideológicamente falsa, sólo para fusionarse con otra, en forma exprés, y así rebajar impuestos futuros. Hay mucho que investigar, existiendo fuertes cuestionamientos al rol de las superintendencias de pensiones y valores y seguros “.

AFP Argentum fue creada en 2014 y formaría parte de la estructura de compra de AFP Cuprum al grupo Penta por parte de Principal en febrero de 2013, que involucró unos US$ 1.500 millones.

El diputado Chahin, en tanto, quien presidió la comisión investigadora por el perdonazo a Johnson’s, agregó que “este caso podría superar, en montos, las millonarias cifras del caso que ya investigamos, con un beneficio tributario de $80.000 millones, cerca de unos US$ 130 millones. Hemos recogido una serie de antecedentes que nos llevan a pensar que existirían evidencias de operaciones que provocaron una diferencia conocida como goodwill tributario, es decir, un saldo a favor de la firma compradora que se puede descontar de impuestos por un período de diez años.”

Cabe señalar que esta fórmula, que desaparecerá con la reforma tributaria, está permitida en la ley a través de una norma transitoria para el caso de fusiones que se hayan iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2015 y que hayan concluido el 1 de enero de 2016.

Hechos

El 2 de enero de 2015, la Superintendencia de Pensiones (SP) autorizó la fusión por absorción de dos AFP, Cuprum y Argentum, ambas de la Compañía Principal Financial Group. Esta fusión se concretó tras un proceso que comenzó a gestarse en septiembre del año 2014, presentación que fue rechazada por no ajustarse a derecho, en atención a que la solicitud inicial involucraba a dos empresas de diferente giro, pero de la misma compañía, indicando que el artículo 43 del DL 3.500, sólo permite en forma expresa, fusiones entre AFP, fracasando la operación.

La Administradora de Principal y Cuprum decidió iniciar una nueva operación, transformando a una de sus empresas en una AFP, la que luego llamaron Argentum y con fecha 14 de noviembre los ejecutivos de Principal Financial Group solicitaron a la Superintendencia la autorización correspondiente.

El 19 de diciembre de 2014, luego de un mes de análisis, la superintendencia aprobó los estatutos de Argentum S.A. El 26 de diciembre de 2014, una semana después de que se autorizó la existencia de la nueva AFP, ambas compañías AFP Cuprum y AFP Argentum, solicitaron a la SP autorización para fusionarse por absorción. El SII autorizó a Argentum a mantener el RUT de AFP Cuprum S.A.

Luego de concretada la operación de fusión por parte de ambas AFP, la Superintendencia de Pensiones informó que una vez aprobada la absorción, y ya fuera del ámbito de decisiones y facultades de la Superintendencia de Pensiones, AFP Cuprum informó el 26 de enero de 2015 a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, haciendo uso de un beneficio incluido en la Reforma Tributaria de 2014, calculaba en $80 mil millones el valor de los impuestos que podría pagar en forma diferida, dependiendo de los resultados que obtenga en el ejercicio de su actividad.