Piñera despliega sus tentáculos privatizadores

Era cuestión de tiempo para que el Gobierno desplegase más ampliamente su política privatizadora. Reducir el papel del Estado y privilegiar al “mercado” constituyen uno de los pilares de las posiciones programáticas de Piñera. Durante 2010 se vivieron pasos iniciales en la implementación de esta política como el traspaso a mayoría privada de activos con elevada participación de Codelco o facilitar la exploración y explotación con consorcios privados de sus pertenencias. Al finalizar 2010 se hizo pública la decisión de vender la participación del Estado en las mayores empresas sanitarias, cuyos controles desde los gobiernos de la Concertación está en manos de inversionistas extranjeros, los cuales aprovechan regulaciones que les conceden en la práctica una rentabilidad garantizada y abundante liquidez. En esta nueva etapa de traspaso de propiedad se le concede una importancia especial a  abrir la Empresa Nacional de Petróleos a intereses privados, que ya redujo drásticamente su personal, subió las tarifas y disminuyó las bonificaciones que entrega en la región de Magallanes. Los diferentes argumentos para justificar las privatizaciones, destinar  fondos para la  reconstrucción o hacer un mejor uso de recursos estatales pierden toda validez  si se considera que el Estado tiene acumuladas sumas significativas en activos financieros en el exterior y se está en un momento de incremento muy fuerte de recursos al Estado por el alto precio del cobre. El fundamento, por tanto, básicamente termina siendo ideológico.

Antes de finalizar el año 2010, Sebastián Piñera decidió completar el proceso de privatización en cuatro empresas sanitarias (Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal) cuyo control ya se entregó a capitales privados  desde la década de los noventa, durante la administración de Eduardo Frei, aprobando una ley, votada favorablemente por la Concertación y la derecha, permitiendo la transferencia hasta el 65% de su propiedad.  Posteriormente, el año 2003 el gobierno Lagos eliminó como obligatorio el porcentaje de 35% que debía mantener el Estado en su poder, considerándolo “activos públicos prescindibles”.  Piñera se propone culminar un proceso de entrega que tiene ya un largo historial y que contó siempre con su respaldo.

La decisión no fue sorpresiva.  Piñera la anticipó explícitamente en su programa de gobierno y luego en sucesivas intervenciones.  Fue una de las alternativas mencionada en el Plan de Financiamiento de la Reconstrucción así como en su mensaje del 21 de mayo.  Por lo demás, uno de los ejes de sus planteamientos económicos es reducir la presencia estatal y ampliar los espacios de acción del capital privado.  Las empresas sanitarias son servicios públicos que tradicionalmente habían sido manejados y desarrollados por entes estatales.

Las cuatro empresas a completar su proceso de privatización –controladas por la francesa Suez y la canadiense Ontario Teachers– concentran las dos terceras partes de los clientes del sector, obteniendo ganancias cifradas en US$350 millones, aproximadamente la mitad gracias a Aguas Andinas.  Por tanto, los beneficiarios de la privatización fueron capitales extranjeros.  En 1998, cuando se puso en marcha el proceso de entrega el país ya contaba con una gran cobertura en agua potable y alcantarillado.  Los avances en el lapso transcurrido se dieron prioritariamente en el tratamiento de aguas servidas, pero ello en parte importante se efectuó con cargo a los usuarios, las tarifas se mantienen elevadas, al igual como acontece en el sector eléctrico.

De acuerdo a su estilo, Piñera comenzó a materializar su determinación con un equipo cerrado, tratando de que no trascendiese a la opinión pública por la resistencia que suponía se produciría, objetivo que no consiguió. Inicialmente la idea fue entregada para su materialización a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, Juan Andrés Fontaine, los cuales como ha sido habitual entre ellos manifestaron discrepancias, no en cuanto al propósito central de culminar dichas privatizaciones, sino a la forma de manejar el tema y el momento a dar de conocer la venta de las participaciones en las sanitarias. “Mientras el titular de Economía –destacó El Mercurio– es partidario de generar impacto y dar una señal a los sectores empresariales, Larraín ha propugnado neutralizar un anuncio que se anticipa generará fuertes críticas opositoras” (22/12/10). En cuanto al momento de efectuarlo, Fontaine propició hacerlo apenas se entregó la propuesta a Piñera, al tiempo que Larraín defendió, como sucedió, no darlo a conocer mientras no culminase el proceso de aprobación del reajuste al sector público.

En la apresurada  conferencia de prensa que ambos ministros debieron dar, al filtrarse públicamente la decisión adoptada y teniendo presente las críticas que surgían, pusieron énfasis de que en  parte significativa los recursos a obtenerse se destinarían a “proyectos importantes” de empresas públicas.  Se trata del mismo Ejecutivo que, por ejemplo, durante 2010 rechazó destinar recursos de los excedentes de Codelco a su capitalización, obligándolo a endeudarse en el exterior, a pesar de los fuertes ingresos que le genera el elevado precio del cobre, o a vender “activos prescindibles”.  Mirado desde una perspectiva nacional la política de vender activos por un Estado que cuenta con un elevado ahorro en el exterior es abiertamente contraria al interés del país, más aún al tratarse de un servicio público esencial. Hasta ese momento se había dado como pretexto para justificar las ventas una vez más el disponer de fondos para la reconstrucción, que desde un comienzo contó siempre con recursos disponibles a ser utilizados, y destinar créditos a pequeñas empresas.

Poco después de la conferencia de prensa ministerial el consejo de Corfo “oficializó” la decisión del presidente Piñera.  Pero, el uso de los recursos los suscribió a aquellas empresas que forman parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP), lo cual excluiría de ser así  a Enap –que el ejecutivo se esfuerza en privatizarla-  y a Codelco.  En el SEP están, en cambio, el Metro, donde Corfo es el accionista mayoritario con un 57,7% de participación, y la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Corfo es presidida por el ministro de Economía y lo integran el canciller Alfredo Moreno, Felipe Larraín, el titular de Mideplan, Felipe Kast, el de Agricultura, José Antonio Galilea, y el vicepresidente del organismo Hernán Cheyre. Formalmente son quienes deben responder por la determinación. La resolución de Corfo se fundamentó en que los porcentajes de acciones de las sanitarias en su poder constituirían “activos prescindibles”. “El consejo de la Corfo –manifestó luego de conocerse el comunicado la presidenta del PPD, Carolina Toha– está compuesto por diversos actores, entre ellos ministros de Estado que son acusables constitucionalmente, y me cuesta entender cómo van a explicar que estos activos eran innecesarios o que esos recursos se requerían para el Estado” (25/12/10).  Frente a la posibilidad de que los adquirentes sean inversionistas extranjeros y ello signifique ingreso de divisas presionando a la paridad cambiaria, el vicepresidente de Corfo señaló que el Gobierno “no se cierra a nada” y que si ingresasen divisas existen mecanismos para “esterilizarlas”, es decir neutralizar su efecto revaluatorio (30/12/10).  Si es así ¿por qué no se utilizan los ahorros colocados en el exterior en vez de continuar achicando las participaciones accionarias del Estado en un servicio esencial?  La carencia de coherencia entre las distintas políticas gubernamentales es muy grande.

El Mercurio –lo cual no constituye ninguna sorpresa- apoyó editorialmente la medida y la argumentación ministerial. “(…) la decisión gubernamental de enajenar –escribió– es razonable. Además, parece un buen momento para hacerlo, pues en el actual contexto económico mundial hay inversionistas interesados en tomar posiciones accionarias en países como el nuestro (…). Se planea –añadió– usar esos recursos para financiar distintas inversiones que generarán para el país mayores flujos futuros que las ventas obtenidas de esta participación. Es, pues, una decisión financiera sensata (…)” (24/12/10). Cabe preguntarse, ¿si para inversionistas extranjeros les parece apropiado efectuar esa inversión  no lo es más aún para el Estado chileno que tiene así ingerencia en un servicio público básico? ¿Si existen inversiones que generarán para el país mayores flujos futuros no sería más apropiado destinar a fines de esta naturaleza parte de los miles de millones de dólares que el Estado tiene colocados en el exterior de bajo rendimiento? Las respuestas surgen solas.

El tema de fondo obviamente es que, finalmente, el Ejecutivo busca avanzar en un terreno esperado, porque forma parte de sus concepciones centrales: reducir la presencia empresarial del Estado, en este caso directamente de Corfo, que es el titular principal de las acciones a vender de propiedad pública, representando un 40% de su patrimonio, con participaciones que van desde 29,43% en el caso de Esval, empresa controlada por el fondo de inversiones canadiense Ontario Teachers, a un 45,46% en Essal, cuya mayoría accionaria la posee Aguas Andinas, manejada por el consorcio francés Suez, de alta exposición en el primer año de la administración de Piñera por la adopción de sucesivas determinaciones de las que fue protagonista.

Durante 2010, las principales decisiones privatizadoras se habían concentrado en la venta de activos pertenecientes a la empresa estatal Codelco y en la entrega de recursos mineros explotables a consorcios privados, a través de acuerdos para exploraciones conjuntas, particularmente con el Grupo Luksic en la comuna de Sierra Gorda en la Segunda Región. La primera entrega de control fue permitir la mayoría accionaria de Suez en la sociedad gas licuado Mejillones mediante el procedimiento de que el consorcio francés hiciese una inversión menor pero modificando la composición accionaria, como si el país no dispusiese recursos para hacerlo.  Por lo demás, si Suez los trae desde afuera produce el mismo efecto cambiario que si se ingresan al país fondos ahorrados por el Estado en el exterior, dado como gran impedimento para no traerlos. Paralelamente, Codelco avanza –ha declarado su presidente Diego Hernández– en vender el 40% que tiene en la propiedad de la central eléctrica E-CL (ex Edelnor), cuyo traspaso de control también se efectuó en los gobiernos de la Concertación. Con el agravante  que parte de los recursos a percibirse se traspasarían, como se desprende de las negociaciones con el Ejecutivo del presidente de Codelco, Gerardo Jofré, a fondos fiscales no cumpliéndose con el acuerdo del directorio de la empresa estatal que el 100% de la enajenación debería quedar en ella.  Mientras ello no se resuelva el directorio de la empresa estatal procedió a postergar la decisión sobre la venta.

Por el traspaso de la participación en las sanitarias el gobierno de Piñera estima que se percibirán US$ 1.600 millones, desde  luego que ello significa dejar de recibir las utilidades correspondientes. El Ejecutivo, a su vez, intenta justificar la entrega en que se tiene una participación minoritaria y se trata de un sector de tarifas reguladas bajo la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Destruir este último argumento igualmente es muy fácil. Es cosa de preguntarse únicamente la razón por la cual inversionistas extranjeros se disputan la participación en el sector. Las tarifas reguladas les permiten una ganancia asegurada en un negocio que asegura una elevada liquidez.

El senador Frei criticó con razón la decisión afirmando que se trata de un “regalo de navidad”. Es claro, que fue un obsequio mucho mayor cuando durante su administración se entregó su control. Suez, por intermedio de Aguas de Barcelona, posee el 50,1% de Aguas Andinas y el 51% de Essal a través de Inversiones Ibaraguas. A su vez Ontario Teachers tiene el 43,44% de Essbio y el 29,43% de Esval. La forma de privatizar en el gobierno de Ricardo Lagos se modificó, reemplazándose la venta de participación accionaria por la entrega de concesiones durante treinta años.

La decisión gubernamental forma parte de una política más general, la de reducir la presencia empresarial del Estado.  En esta dirección se contrató por el Ministerio de Minería a un estudio jurídico para determinar los procedimientos conducentes a incorporar capitales privados a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), considerando tanto la vía para hacerlo como las necesidades de financiamiento.  En el programa de privatizaciones de Piñera en esta etapa el principal activo a desprenderse es precisamente Enap, “compañía –como constató El Mercurio– de mayor tonelaje económico y mayor contenido simbólico (…)” (26/12/10). El total de recursos a recibir por la “agenda privatizadora” –incluyendo un porcentaje de la empresa de petróleos- asciende a US$ 3.000 millones, suma muy inferior a los mayores recursos que el Estado percibe con el mayor precio del cobre y equivalente a menos del 25% de los ahorros acumulados al finalizar diciembre en los fondos soberanos depositados en el exterior en activos financieros. Las ventas incluyen también a CIMM T&S, empresa especializada en estudios del cobre.

Las políticas oficiales para Enap ya se pusieron en aplicación.  Primero se recortó el número de trabajadores presionando a muchos de ellos  a retirarse, reduciendo el personal. Luego, en vísperas de las fiestas de fin de año se aumentó bruscamente en un 16,8% la tarifa de gas natural en la Región de Magallanes.  Simultáneamente se disminuyó drásticamente el subsidio que históricamente se entregó en la zona por su consumo.  Si hasta antes de la decisión del directorio de Enap se entregaba a consumos de hasta 25.000 metros cúbicos mensuales, en adelante se bonificará únicamente los primeros mil metros cúbicos.

Esta estrategia, se lleva adelante cuando el Estado no tiene problemas de financiamiento, lo que conduce a concluir que su motivación es ideológica.  Se precisa una gran movilización nacional desde su inicio para  impedir la concreción de esta orientación.

Por Hugo Fazio