Piñera y su invariabilidad tributaria es cesión de soberanía

Piñera volvió a insistir, a través de un proyecto de ley, para prolongar la invariabilidad tributaria a las grandes empresas mineras, la mayor parte de ellas controladas por capitales extranjeros, con el pretexto de reunir recursos para la reconstrucción, que se encuentra totalmente financiada por múltiples vías. La invariabilidad tributaria constituyó desde que se estableció un atentado a la soberanía nacional, buscando dejar amarrados a sucesivos gobiernos. Piñera pretende extender este atentado. La tributación minera exige una discusión de fondo, con la más amplia participación ciudadana. Lo que se evita tratando de despacharla con extrema urgencia. Se requiere que los chilenos puedan decidir soberanamente, reteniendo para el país las rentabilidades excesivas de la cual todos los últimos años se vienen apoderando capitales privados.  Con esta misma orientación, la dirección de Codelco se llevó preferentemente a ejecutivos provenientes de empresas transnacionales que lógicamente establecieron otra relación con el mercado laboral, decidiendo unilateralmente el retiro de miles de trabajadores y es muy improbable que la proyecten como la gran empresa nacional que debe ser.

El Ejecutivo presentó el primero de septiembre un proyecto de ley sobre el denominado royalty minero, después que su propuesta anterior sobre este tema no fue aprobado en la ley de reconstrucción. En la nueva iniciativa se incrementa el pago a efectuar “voluntariamente” durante tres años por los consorcios cupríferos privados –2010 a 2012– con relación a los desembolsos que hacen actualmente, colocando un piso de 5% sobre el resultado operacional que en momentos de alta cotización del cobre puede llegar al 9%, con el grave atentado a la soberanía nacional que prolonga la invariabilidad tributaria hasta el año 2025. Las nuevas inversiones accederían desde ahora a la nueva fórmula impositiva pero gozando también de invariabilidad hasta esa fecha.

La ley promulgada el 2005 –urante la administración Lagos– estableció una invariabilidad tributaria de quince años, lo cual fue acogido inmediatamente por los consorcios cupríferos, ya que les garantizaba un gravamen bajo sin poner en discusión el tema de la propiedad, que conduce a aplicar un “royalty” propiamente tal. Con el proyecto presentado se prolonga esta granjería aberrante.

De aprobarse la iniciativa gubernamental se pretende que el país renuncie por un largo período a tener una política soberana en relación con la mayor riqueza natural con que cuenta, amarrándoles las manos a varios gobiernos, proporcionándoles a los consorcios privados un punto de apoyo para cuestionar cualquier resolución soberana que en ese lapso se adoptase. Se trata de consorcios que cancelan en otros países propiamente royalties  por montos superiores. Financial Times ha llamado la atención que consorcios mineros que en Australia se opusieron decididamente a las tributaciones que se les quiso establecer inicialmente terminaron aceptando tasas muy superiores a las del proyecto de ley de La Moneda[1], en Chile –añadió- no se produjo “tal reacción de los productores de cobre (…)” (03/09/10) en oposición al aumento tributario.

Las razones de la diferencia son obvias. Primero sería un incremento reducido, muy inferior al concordado finalmente en Australia, que se tiende a concretar luego de darse a conocer que el nuevo gobierno será encabezado por la líder del partido Laborista, Julia Gillard. Se estima que al aplicarse un tributo de 30% en los dos primeros años grandes empresas mineras, entre ellas BHP Billiton y Río Tinto, cancelarían US$9.600 millones más. Suma casi diez veces superior a la estimada en el proyecto de Piñera.

Segundo, tiene la jugosa contrapartida de la invariabilidad tributaria que les garantiza rentabilidades extraordinariamente elevadas a nivel mundial en momentos como los actuales de elevadas cotizaciones del cobre en los mercados internacionales. Septiembre se inició con cotizaciones sobre los US$3,40 la libra. Hasta agosto el promedio en el año fue de US$3,32 la libra, superior al de los años del boom en su cotización anotado entre 2006 y 2008.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central (IPoM) estimó el promedio de la cotización para el año en US$3,20 y de US$2,90 en 2011 ó 2012.  De ser así se prolongará la tendencia de cotizaciones altas que se produce desde el año 2006, con un breve paréntesis en 2009 por la recesión global.   Se trata, en consecuencia, de un ciclo de cotizaciones elevadas extenso.  El IPoM explica su nivel en el presente año por la fuerte demanda desde Asia, la debilidad del dólar y la reducción en los inventarios.

Las altas cotizaciones que durante el año experimenta la libra de cobre permiten que estén nuevamente obteniendo rentabilidades gigantescas. En el primer semestre, las mayores utilidades del sector fueron obtenidas por Codelco. Sus excedentes, traspasados en su totalidad al fisco fueron de US$2.552 millones, sin que destinase nada a capitalización ya que el Ejecutivo lo rechazó también con el pretexto de la reconstrucción.

Por su parte, las utilidades de las empresas cupríferas privadas que cancelan royalties llegaron a US$4.656 millones, aumentando en un 73% con relación a enero-junio de 2009, cuando la cotización del metal rojo descendió como consecuencia, ante todo, de la recesión global. Las mayores ganancias las obtuvo Minera Escondida, con mayoría accionaria de la angloaustraliana BHP Billiton, y siendo el principal poseedor de títulos minoritarios la también angloaustraliana Río Tinto. Ambos consorcios aceptaron cancelar en Australia un tributo muy superior del que habla el gobierno de Piñera. Sin embargo, al presentar su proyecto de ley el presidente sostuvo que el texto “establece una fórmula novedosa de compartir la bonanza del cobre entre las grandes empresas y todos los chilenos” (01/09/10).

Estas altísimas rentabilidades convierten en absolutamente sin fundamento la opinión entregada por el presidente del Consejo Minero, Miguel Ángel Durán, que “la competitividad de futuros proyectos –que se calculan en unos US$50.000 millones– puede verse afectada si aumentan los costos tributarios que inciden en su materialización. Es fundamental –agregó– (…) entender que el eventual aumento del royalty afectará la competitividad de la minería chilena a nivel mundial” (04/09/10). Un pequeño aumento impositivo como el propuesto por el Ejecutivo no afecta mayormente a consorcios que obtienen tasas de rentabilidad elevadas y gozan del “premio” de garantizarles por varios años invariabilidad tributaria.

Como argumento, el ejecutivo de la empresa anglosudafricana Anglo American, enfatizó que “en la actualidad la gran minería en Chile paga una tasa impositiva de 37,6% (…). Eso nos ubica –añadió– entre los países de más alta tributación a la minería en el mundo”. Dicho porcentaje incluye el impuesto adicional que cancelan cuando remesan utilidades al exterior, que son recursos extraídos a la economía nacional. Su impuesto sobre “royalty” es muy pequeño como costo para explotar un recurso natural que no les pertenece.

Entre 2005 y 2009, lo tributado como impuesto sobre las ganancias sacadas del país (35% a 42%) es casi igual a lo cancelado por concepto de utilidades (17%) que extrajeron de la economía nacional, mostrándose así que el establecimiento del “royalty” no constituyó ningún desestímulo. “(…) en el año 2004 –señaló Javier Jaque, director académico del Magíster de Tributación del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile-  decían que si se cambiaban las reglas tributarias en el sector minero provocarían una disminución en la inversión, sin embargo eso no ocurrió, y se sostuvo con tendencia al alza” (06/09/10). Ahora repiten la misma letanía.

Nuevamente se fundamenta la ley demagógicamente en la necesidad de financiar los gastos públicos extraordinarios que se necesitaría efectuar para la reconstrucción. El ministro de Minería, Laurance Golborne, llamó a actuar “con una visión país. Si no aprobamos el proyecto en los próximos treinta días, o algo así –añadió-, ese dinero de este año se va a perder, y lo va a perder todo el país, lo van a perder quienes necesitan esos recursos” (02/09/10). A su turno, Felipe Larraín insistió en que los fondos “no los estamos pidiendo para nosotros, los estamos pidiendo para los damnificados” (12/09/10).  En primer lugar, los fondos públicos requeridos para la reconstrucción es un monto calculado para los cuatro años, cuyo financiamiento ya existe por varias fuentes. Tanto es así, que un porcentaje apreciable del obtenido en el exterior colocando bonos soberanos en el mercado norteamericano, dos tercios del total, se acordó ahorrarlo, acrecentando en US$1.000 millones los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización Económico y Social.

Desde luego que un aumento impositivo a consorcios privados que están expoliando al país va a ser siempre apropiado. Sin embargo, hacerlo otorgándoles un regalo a futuro, vía invariabilidad tributaria, con lo cual terminarán resarciéndose ampliamente del mayor monto que “voluntariamente” decidan cancelar, tiene un resultado claramente negativo. En definitiva, no se obtiene ninguna ganancia sino que se incrementa el saqueo. Y lo que se pierde tiene beneficiarios con nombres y apellidos, que están obteniendo rentabilidades muy superiores a cualquier parámetro que se establezca a nivel internacional.

“Sin esas inversiones –editorializó El Mercurio refiriéndose a las efectuadas por los consorcios cupríferos privados -, el país no habría experimentado el crecimiento económico de los últimos 25 años” (01/09/10).  La verdad es que antes de promulgar la ley de invariabilidad tributaria con mayor razón dado que cancelaban gravámenes aún menores ya estaban llegando al país y en muchos casos  su “inversión” fue simplemente una reinversión de parte de las utilidades obtenidas, tras retornos futuros.

La balanza de pagos permite cuantificar la magnitud de esta exacción. La renta extraída por la inversión extranjera directa efectuada desde Chile, que no es originada exclusivamente desde luego por la minería privada del cobre pero que conforma su núcleo más grande, es cuantiosa. En el cuatrienio 2006-2009 se extrajeron como promedio anual US$18.600 millones, con un nivel récord en 2008 de US$22.832,5 millones. Ese promedio equivale a más de dos veces lo que según las cifras oficiales se requiere para reconstrucción en toda la administración Piñera.

Los recursos mineros de Chile, particularmente los cupríferos, requieren –para usar la expresión de Golborne– de una “visión país” que parta del interés nacional. Este es el gran debate que debe efectuarse en vez de proyectos que en definitiva en lo fundamental conceden nuevas granjerías a capitales privados. Se requiere rescatar para el país las rentabilidades excesivas –por encima, a lo menos, de los parámetros internacionales promedios– que la minería obtiene a nivel internacional. Una política nacional para el cobre es clave para financiar un proyecto nacional de desarrollo.

La Concertación después de un largo debate interno se pronunció por rechazar prorrogar la invariabilidad y aumentar el gravamen entre el 5% y el 18% de los márgenes operacionales.  Esta propuesta tiene el valor de plantear la necesidad de reformar el Estatuto a la Inversión Extranjera, promulgado a comienzos de la dictadura, en 1974, para otorgarle “seguridades” a quienes incorporasen recursos en el país.  Entre otras disposiciones se estableció congelar los impuestos durante dos décadas.  Se concedió un blindaje a los inversionistas sin discriminar sobre el interés o no para el país de la iniciativa. Sin embargo, la formulación apareció inmediatamente debilitada al señalar algunos de sus  parlamentarios que el rechazo a la invariabilidad se planteó como un mecanismo de negociación para conseguir una escala tributaria más alta. De ser así, la Concertación –o parte de sus parlamentarios– sería responsable de su prolongación, facilitando el objetivo que persigue Piñera y los consorcios mineros.

El Ministro de Hacienda al conocer el rechazo a la prolongación de la invariabilidad sostuvo que así no se “resuelve el problema de la participación de las empresas, que necesitamos para que este proyecto tenga éxito” (12/09/10). ¿Se puede trazar una política nacional tributaria para el cobre en acuerdo con las grandes empresas?

Por su parte, los grandes intereses privados reivindican la ventaja inadmisible que se les concedió con la invariabilidad tributaria, que se les ofrece prolongárseles en el tiempo y amenazan con que de aprobarse una mayor tributación varios proyectos a realizarse no se materializarían. “El único tema es que aquí –declaró Jean Paul Luksic, presidente de Antofagasta Minerals (Amsa)– hay que respetar las invariabilidades que el mismo Estado de Chile le ha dado a la industria” (15/08/10).

¿Es casual que el Grupo Luksic haya pasado a ser el mayor del país y se encuentre en un proceso de expansión tanto en Chile como a nivel internacional? Un estudio de Boston Consulting Group ubicó a Amsa como la séptima empresa minera más rentable para sus accionistas a nivel mundial en un universo de 47 sociedades entre los años 2005 y 2009 considerando los dividendos entregados a sus propietarios. Amsa produjo 252.000 toneladas de cobre en el primer semestre, proyectando su presidente ejecutivo, Marcelo Awad, que subirá a 530.000 al cerrar el año. Su meta es alcanzar el millón de toneladas hacia 2017. ¿Podría sostener un proceso de expansión tan vertiginoso sin las altas rentabilidades que está obteniendo con sus actuales explotaciones en territorio nacional? Otra empresa chilena en el sector de explotación de recursos naturales que destaca en el ranking de Boston Consulting fue SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, figurando en el tercer lugar entre las compañías de fertilizantes.

La tendencia mundial en los países mineros es, a diferencia de Chile, que el impuesto específico se establece sobre las ventas brutas, dado que es más transparente, ya que el resultado operacional queda entregado a los manejos contables efectuados por las empresas. Así acontece en Australia, Bolivia, muchas provincias canadienses, China, EE.UU., Kazakhstan, Papúa Nueva Guinea y Polonia. En Indonesia existe un gravamen de 45% a 55% por US/ton. de producción.

Mientras tanto la dirección de Codelco progresivamente va siendo ocupada por ejecutivos provenientes de las grandes transnacionales del sector. A la presidencia ejecutiva, en que se designó a Diego Hernández, que era el principal directivo en Chile de BHP Billiton, se agregó en la vicepresidencia de Administración y Finanzas a Thomas Keller, que trabajase con el ministro Golborne en Cencosud y antes fuese –remplazando precisamente a Diego Hernández– presidente ejecutivo de Doña Inés de Collahuasi. En noviembre asumirá como gerente de Recursos Energéticos Andrés Alonso, que es actualmente gerente de Energía de la división Metales Base de BHP Billiton, que encabezara Diego Hernández. Todo ello en la lógica de entregar la dirección de la empresa a altos ejecutivos del sector privado o personeros del gran empresariado.

El presidente ejecutivo de Codelco, a poco de asumir, declaró explícitamente que “no habría una nueva alianza estratégica con los trabajadores (…)” (31/05/10). ¿Se podrá esperar de un núcleo de esta naturaleza una política nacional para Codelco? ¿Es extraño que el proceso de restructuración incluya en primer lugar la desvinculación de unos 3.000 trabajadores de un universo total de 20.000 y éstos conozcan esta decisión primero por la prensa? “Aquí hay –señaló el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza– un problema de relaciones entre las organizaciones de trabajadores y los nuevos integrantes de la plana  mayor de Codelco.  Hay –añadió– una cierta prepotencia y soberbia con respecto a lo que se pretende hacer y cómo se tratan los temas laborales” (07/09/10).

Por Hugo Fazio

El Ciudadano