Los contratos con las autopistas concesionadas, bien firmados bajo gobiernos entregados a las grandes corporaciones y los dictámenes del FMI, son indelebles. Nada puede cambiarlos. Aquello lo han expresado ministros de Estado, altos funcionarios internacionales y, claro está, representantes de todo el capital industrial, extractivo y financiero. Pese las exorbitantes ganancias de las autopistas concesionadas, el Estado de Chile, representado por los gobiernos de turno, no puede hacer nada por modificar las condiciones en las cuales las administraciones de Eduardo Frei Ruiz Tagle, principalmente, seguida por la de Ricardo Lagos, ataron unos contratos draconianos entre inversionistas internacionales y los millones de obligados y aborregados usuarios.
Ni ministros ni presidentes. Nadie puede alterar estas condiciones, establecidas por aquellos gobernantes cuales buenas y disciplinadas piezas del capitalismo globalizado. El peaje, hoy digitalizado vía TAG, es tal vez el peor símbolo del control, ya sea público o privado, sobre nuestro derecho de libre circulación. No sólo todos nuestros movimientos están vigilados y registrados. Todos son devengados bajo oscuros contratos suscritos hace ya más de dos décadas en plena fiebre neoliberal. Como ganadores, corporaciones rentistas que esperan sentadas tras un escritorio el llenado de sus arcas hasta el fin de su concesión y un Estado que renuncia a realizar inversiones para construir y administrar carreteras.
El modelo ha funcionado, pero escorado y en un creciente desequilibrio, con ganancias para estos afortunados inversionistas que han rentado más que apostadores de casino. Algunos de estos tramos privados han llegado a obtener en el corto tiempo que llevan operando, una rentabilidad catorce veces sobre el capital inicial invertido. En el otro lado, el de los usuarios que entran al peaje cual manada, están las crecientes alzas atadas a las iniciales y coimeados contratos.
La observación de estos procesos, que transcurren absolutamente al margen de los fenómenos sociales, se inscribe en la tendencia del resto de la economía, conducida en su casi totalidad bajo la codicia sin límites de las grandes corporaciones. Una entrega condicionada a opacos favores, realizada por los gobiernos neoliberales, hoy y entonces implicados en financiamientos turbios, que explican de manera clara y evidente los beneficios otorgados a éstas y otras empresas. El modelo neoliberal no ha sido sólo una desregulación, un recorte de reglamentos, sino también una negociación entre las élites económicas y políticas en perjuicio de los ciudadanos.
Ante este despojo diario, que se repite desde las autopistas al retail, pasando por la banca, los supermercados, la producción de papel higiénico o las farmacias, por sólo mencionar algunos de los casos más recientes, la autoridad mira de brazos cruzados y -no sin complicidad- cómo se transfiere la riqueza desde los trabajadores y consumidores a los dueños del capital.
Los contratos fueron todos y en todas las áreas una entrega que abarca desde los recursos naturales a los trabajadores y consumidores, a la ubicua maquinaria del gran capital. Compromisos cerrados bajo otros mayores -como los tratados de comercio e inversiones suscritos a granel por aquellos mismos gobiernos, cuyos no cumplimientos conducen a los estados ante cortes internacionales bajo indemnizaciones millonarias-, impiden su modificación. Y todo ello lo sabían muy bien aquellos gobernantes y sus bufetes de bien pagados abogados.
¿Vergüenza? No, desvergüenza y defensa incondicional de estos modelos, que siguen en plena expansión por rutas y calles. No puede matizarse la descarada rentabilidad y las forzadas alzas. En esta mezcla alquímica para los inversionistas, y sin duda tóxica para los forzados usuarios, las ganancias continúan y crecen como la espuma. Al primer semestre del año pasado, las autopistas urbanas de Santiago vieron aumentar su rentabilidad en un 23 por ciento, periodo en el que tuvieron ganancias por más de US$ 115 millones. Todo bajo el mismo contrato, del que no se mueve ni una coma.
FREI RUIZ TAGLE Y LAGOS
El sistema de concesiones de carreteras se inició durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, periodo en el cual también se concesionaron los puertos y los servicios sanitarios y de agua potable, otrora gestionados por el Estado. En la actualidad hay 21 rutas concesionadas, de las cuales once fueron adjudicadas durante el gobierno del presidente democratacristiano. En este periodo las empresas consiguieron los mejores contratos, ya que las cuatro del total con mayores utilidades (sobre los tres billones de pesos) fueron licitadas durante esos años, según se desprende de un estudio realizado por Radio Bío Bío.
A ese periodo le siguen las rutas entregadas al sector privado por Ricardo Lagos: cuatro de éstas registran también altas ganancias, entre ellas la quinta con mayor rentabilidad. La Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar ha tenido utilidades por 1,3 billones de pesos (1,3 seguido por once ceros). Más recientemente, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se licitaron cuatro rutas y durante el debut de Michelle Bachelet en La Moneda otras dos.
RENTABILIDADES OBSCENAS
El primer lugar de ganancias lo tiene la autopista Santiago-San Antonio (Autopista del Sol o Ruta 78), con un retorno de más de 14,8 veces la inversión inicial. La empresa concesionaria es el grupo español Abertis Autopistas, y comenzó sus funciones en 1996. Si esta ruta de 131 kilómetros ha logrado entregar esas enormes utilidades, es posible afirmar que con el dinero aportado por los usuarios hubiera sido posible construir más de mil kilómetros de autopistas de estándar similares.
La carretera Santiago-Colina-Los Andes (Los Libertadores) está en el segundo lugar de rentabilidad, con 11,6 veces el retorno del capital inicial. Esta ruta fue entregada en concesión en 1998 por veinte años y tiene una longitud de 116 kilómetros. Tal como la anterior, está controlada por el grupo internacional Abertis.
El tramo Talca-Chillán (Ruta del Maule) de la Ruta 5 se ubica en el tercer lugar de rentabilidad, con 10,2 veces el retorno del capital inicial o poco más de un billón de pesos (un uno seguido por doce ceros). Esta concesión inició sus actividades en 1998, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, tiene una longitud de 193 kilómetros y la totalidad de su propiedad pertenece a Intervial Chile, de la colombiana ISA, la que posee también en Chile otras ocho rutas (Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos), con más de 900 kilómetros.
El acceso norte a Concepción (Ruta Itata) está en el cuarto lugar en retorno del capital, con ocho veces. Esta ruta de 75 kilómetros comenzó sus operaciones en 1996 y pertenece a Globalvia, grupo español con presencia mundial, que en Chile controla también la Autopista del Aconcagua.
En el quinto lugar de este ranking de ganancias usureras aparece la ya mencionada Interconexión vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar (Ruta 68), con 6,3 veces el capital inicial. Esta carretera de 141 kilómetros, que también pertenece al grupo español Abertis, se concesionó en 1999 y entró en servicio el 2004.
El sexto lugar en utilidades lo detenta la Ruta del Maipo, que es tramo de la Ruta 5 entre Santiago y Talca, con un retorno del capital de 5,3 veces. Este tramo también pertenece a la colombiana Intervial Chile, el cual fue licitado en 1996 durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle.
La también concesionada Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco ha tenido ganancias por 77 mil millones de pesos y una rentabilidad de 5,6 veces. Esta carretera, de unos diez kilómetros y una inversión inicial por unos US$ 21 millones, pertenece a la empresa Besalco y fue concesionada durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El trayecto entre Temuco y Río Bueno de la Ruta 5 se ubica en el octavo lugar de este ranking de rentabilidad del capital. Con un retorno de 4,26 veces sobre ganancias por más de 463 mil millones de pesos.
La Ruta 5 norte entre Santiago y Los Vilos (Autopista del Aconcagua) ha tenido una utilidad por 808 mil millones de pesos y un retorno de capital de 4,18 veces. Este tramo también lo explota la empresa española Globalvia, el que fue adjudicado en 1996 para su construcción y explotación. Sus operaciones entraron en vigor en el inicio del gobierno de Ricardo Lagos.
Por último, el décimo lugar de este peculiar ranking lo ocupa la variante Melipilla, un trozo de carretera de sólo ocho kilómetros que construyó y explota la empresa Besalco. Fue adjudicado el 2.000 durante el gobierno de Lagos y entró en operaciones durante el primero de Bachelet. Pese a los pocos años en operaciones, ha podido instalarse entre las de mayores rentabilidad, con una ganancia de 808 mil millones de pesos y un retorno de cuatro veces su capital inicial.
Paul Walder
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