Colombia vive una revolución. Y es que tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, las piezas se han movido sistemáticamente para resarcir a un sujeto históricamente marginado y vulnerado: el campesino colombiano.
La semana siguiente a la toma de posesión de Petro, su Ejecutivo introdujo ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, garantizar su acceso a una vida digna en el campo.
«Que se sepa, que los campesinos llegaron al Congreso y van a defender los derechos de esta población», dijo en su momento el senador y presidente del Parlamento colombiano, Roy Barreras, quien agregó que la iniciativa es «un reto prioritario, porque beneficiará a más de seis millones de campesinos de Colombia».
La cuestión no quedó allí. A los pocos días, la Cámara de Representantes abrió la Comisión por el Campesinado Colombiano, para atender las demandas históricas de esa población y crear un marco jurídico sobre sus derechos.
En paralelo, más de 60 organizaciones campesinas entregaron un manifiesto a Petro con propuestas legislativas, políticas y económicas para la Reforma Agraria, su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en entidades del Estado.
Tras casi cuatro meses de gestiones, el proyecto radicado ante el Congreso por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, consiguió la cuarta aprobación, de los ocho debates necesarios, para reconocer al campesino como sujeto de protección constitucional especial.
¿Qué significa el reconocimiento al campesino?
«Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos a la población campesina», explicó López Montaño, quien estuvo presente en el cuarto debate legislativo y agradeció el avance del proyecto en el Senado.
La titular de Agricultura agregó que lo que está haciendo el Parlamento y el Ejecutivo «es aceptar por fin la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales».
López resaltó que Colombia está dando un paso más allá al incorporar los derechos campesinos al «bloque de la constitucionalidad», lo que implica que al ser parte del ordenamiento jurídico del país e incorporarse a la Constitución como ley, «se vuelve vinculante» y «el Estado está obligado a aplicar», por lo que deja de ser «una norma blanda».
El proyecto también busca dar a los trabajadores del campo el acceso progresivo a la tierra, así como garantizar sus derechos a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, para mejorar su calidad de vida.
«La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado», comentó la ministra cuando se introdujo el proyecto al Congreso, en agosto pasado.
La iniciativa, además, aspira a proteger a las mujeres del campo, principales víctimas de «la violencia estructural y económica», que las somete a abusos por razones de género, como responsabilidades no remuneradas, restricciones educativas, de empleo, entre otras.
¿Por qué se hace la reforma?
El proyecto pretende modificar el artículo 64 de la Constitución y se considera necesario debido a la difícil situación que viven los campesinos colombianos, con niveles de pobreza multidimensional de 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) citado por el Ministerio de Agricultura.
Además, busca cambiar los niveles de concentración de la tierra, que según los datos actuales, 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen solo el 0,5 % de la tierra.
Otro punto es la educación, que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos, los campesinos alcanzan un máximo de ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional la cifra está por encima de diez años.
Mientras el Parlamento hace las gestiones para lograr la reforma a la Constitución, así como crear una jurisdicción agraria y rural para resolver los conflictos por tenencia de tierra –acto legislativo que también avanza dentro del Congreso con cuatro debates aprobados–, el Gobierno se ha comprometido con el campesinado a realizar varias tareas para conseguir los cambios necesarios.
La importancia de los campesinos en Colombia es de tal magnitud que incluso el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar al campesinado a participar en los diálogos de paz que comenzaron en Venezuela y continuarán en México.
¿Qué se está haciendo?
En la Convención Nacional de Campesinos realizada el fin de semana, la ministra López anunció cuatro compromisos que dirigirá desde el despacho de Agricultura para priorizar las demandas de ese sector.
El primer compromiso es sobre la implementación de la Reforma Rural Integral que deberá contar con el aporte de los campesinos, para que se construya de forma conjunta. Otro pacto es reconocer «la deuda histórica por el aporte del campesinado a la sociedad», que nunca ha sido compensado por el mercado.
Un tercer acuerdo es otorgar plenos derechos a los campesinos en la Constitución, con base en los términos de la declaración de la ONU de 2018, que es el trabajo que adelanta el Parlamento. Mientras que el cuarto compromiso es fortalecer y habilitar los mecanismos institucionales de participación, entre ellos la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.
Por su parte, Petro dijo en el encuentro con los campesinos, que Colombia requiere un movimiento nacional que sea capaz de soportar reformas fundamentales que necesita la sociedad, y que tiene como ejes «la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos».
«Todos, temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana».
Para ello, agregó, se debe construir un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de industrialización en la producción de alimentos, así como democratizar la tenencia de la tierra, que por años ha estado en manos de pocos.
Todo esto, dijo Petro, profundizaría la lucha contra el narcotráfico, que se aprovecha del «uso irracional de la tierra», mientras en paralelo se avanza hacia una «reforma agraria pacífica«, que propone comprar los predios a precio comercial para evitar por procesos conflictivos como la estatización.
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