¿Por qué Uruguay quiere alejarse del dinero en efectivo?

El proyecto de Presupuesto Quinquenal que se encuentra en manos del Congreso uruguayo presenta en dos de sus artículos la posibilidad de limitar el cobro en efectivo por parte de los «establecimientos comerciales que enajenen bienes o presten servicios», informa el portal del diario ‘El País’.

De esta manera, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez busca implementar medidas complementarias para disminuir los hechos delictivos. En este sentido, el portal destacó que todos los días roban al menos en una estación de servicio y en lo que va del año ya han muerto dos taxistas. Por lo tanto, la restricción del uso del dinero en efectivo apunta a proteger la «integridad física» de usuarios y trabajadores.

Sin embargo, el proyecto podría toparse con una dificultad legal, ya que las normas del Banco Central de Uruguay establecen que «los billetes y monedas en pesos son los únicos medios de pago de curso legal» en el país. Por eso, «ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo, aunque sí podría rechazar otros medios de pago, como cheques personales o tarjetas de crédito».

Otra limitación es que, según publicó BBC Mundo, la mitad de los trabajadores (unas 800.000 personas) no cobra sus haberes mediante depósito bancario.

El transporte público acompaña la iniciativa

Uno de los apoyos que recibió el proyecto de restringir el uso de dinero en efectivo es el del presidente de la gremial patronal del taxi, Oscar Dourado. «Ya tenemos 1.150 taxis equipados con equipos para cobrar con tarjeta», explicó. No obstante, recordó que «incorporar la tecnología lleva tiempo» y tiene un costo de «700 dólares».

También impulsa la reducción del uso de dinero en efectivo la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos, que cada día traslada a 650.000 personas. En sus ómnibus hace diez años se incorporó el pago con una tarjeta recargable, pero solo un 2 por ciento de los viajes se pagan de esa manera.

Por su parte, los empresarios de estaciones de servicio apoyaron la ley, pero realizaron algunos planteos antes de determinar los beneficios económicos de la iniciativa. Según ‘El País’, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, dijo que deberán negociar las comisiones que pagan a los emisores de tarjeta (1,3 por ciento de la venta) y los plazos en que cobrarán la compra (hoy es de cuatro días). «Si se soluciona esto, se acaban los robos a las estaciones, no tengo dudas», concluyó.

Antecedentes

El año pasado, la ley de Inclusión Financiera había limitado el efectivo, ya que prohibió su uso para el pago de toda «operación de enajenación de bienes o prestación de servicios» superior a los 4.400 dólares.