Puente Chacao: Denuncian en Contraloría posibles irregularidades en proceso de fiscalización

El abogado Miguel Fredes González realizó en la Contraloría General de la República una denuncia por posibles irregularidades en la autorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para licitar la Asesoría de Inspección Fiscal (AIF) del proyecto «Puente sobre el Canal de Chacao». Específicamente, en el documento se solicita establecer las responsabilidades administrativas del ex director nacional de Vialidad del MOP, Miguel Ángel Carvacho Zapata, y de quien fuera abogada de dicha repartición pública, Andrea Bruzzone Goldsmith.

Miguel Fredes explica que la Sociedad Consorcio Consultor R&Q- COWI (NdelR: en adelante Consultor) lo contrató a él en agosto de 2014 «para realizar el cargo de abogado en derecho ambiental en la Asesoría a la Inspección Fiscal en la ejecución del diseño y construcción del Puente Chacao (…)  y no para realizar funciones dentro de la empresa R&Q Ingeniería».

¿Por qué destaca el abogado esto último? Porque, según lo que expone, en 2014 ambas empresas -Consultor y R&Q Ingeniería- constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, fijándose que la razón social de la sociedad es Consorcio Consultor R&Q Limitada. Por lo tanto, advierte el jurista, «el controlador del contrato para la Asesoría de Inspección Fiscal del Puente Chacao es precisamente la empresa R&Q Ingeniería».

Trabajadores R&Q Ingeniería

Fredes dice que finalmente el 13 de agosto de 2017 se le puso término a su contrato «sin causal o fundamentación».

El factor Bruzzone

Respecto a lo ocurrido con la abogada Andrea Bruzzone, Miguel Fredes señala que ésta fue contratada en enero de 2016 por la Dirección de Vialidad del MOP para «trabajar en la asesoría de Inspección Fiscal (AIF) del Proyecto Puente sobre el Canal del Chacao». En ese sentido, destaca lo siguiente: «Dicha abogada había revisado informes jurídicos presentados por mí a través de la AIF desde la Dirección de Vialidad. Hay correos que reflejan su labor fiscalizadora desde el Estado».

Estas tareas debían ser ejecutadas por Bruzzone entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, ascendiendo el monto total de sus honorarios a $25.543.644, incluidos impuestos, según detalla en la denuncia ante Contraloría el abogado Miguel Fredes.

El problema, según se explica en la denuncia, radicaría en que luego la empresa R&Q
Ingeniería S.A -controladora, como se dijo, del contrato para la Asesoría de Inspección Fiscal del proyecto del Puente Chacao- recontrató a la abogada Bruzzone.

El abogado destaca en su presentación que según el Artículo 56 de la Ley N° 19.653, «son
incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del artículo 54 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación».

Del mismo modo -cita Fredes- «son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones».

«¿Cómo se explica que una abogada de Vialidad encargada de fiscalizar al contratista del proyecto Puente Chacao, y a la vez a la AIF, haya sido recontratada por R&Q Ingeniería S.A?», se pregunta en el texto llevado a Contraloría el abogado Miguel Fredes.

El jurista menciona luego una serie de conflictos que debió enfrentar con la abogada, esta última en calidad de funcionaria de R&Q Ingeniería. «La Sra. Bruzzone no entendía en qué consistía la nueva institucionalidad, sus atribuciones, competencias, potestades y funciones existían varios cuellos de botella en los análisis sobre la materia que perdían la capacidad de eficiencia al interior de la AIF. Al explicarle que habían materias que no se podían eludir, repentinamente no se me invitó a las reuniones periódicas en que se debía abordar mi temática (…) pues dicha tarea era absorbida por la Sra. Bruzzone, quien actuaba de coordinadora en la práctica entre Vialidad, CPC y AIF».

La tesis que Miguel Fredes plantea respecto a su despido -«junto a un número importante masivo de otros consultores de la AIF», dice- es que este «fue orquestado en gran medida por el ex Director de Vialidad junto a la Sra. Bruzzone como una forma de ‘abaratar’ costos, pero luego que dicha empresa (R&Q Ingeniería) ya se había adjudicado la licitación de la AIF».

Recursos fiscales

En ese sentido, respecto del ex director de Vialidad, Miguel Ángel Carvacho, se requiere al ente fiscalizador informar sobre si se ha iniciado algún sumario administrativo en su contra «por irregularidades en la ejecución, cumplimiento y pagos» de la mencionada Asesoría de Inspección Fiscal del proyecto del Puente Chacao. Esto, añade Fredes, por tener el ex funcionario público «conocimiento de las irregularidades e infracciones que se denuncian y no haber ordenado oportunamente la iniciación de un procedimiento administrativo formal para sancionarlas».

El abogado sostiene en consecuencia que debe investigarse «qué recursos fiscales se destinaron verdaderamente al pago de los Directores del Consorcio y cuáles fueron entregados a los profesionales que trabajamos para la AIF».

«Mi opinión es que con dineros públicos se financiaron muchas actividades particulares de la empresa contratista en otros proyectos ejecutados por ella. Así los fondos públicos de la AIF financiaron sueldos de profesionales para otros proyectos, es decir, los fondos de la AIF sirven –y ello deberá investigarse por Contraloría- para pagar horas de consultores para proyectos privados, operando entonces los fondos como un verdadero subsidio indirecto de funcionamiento del Consorcio», añade Miguel Fredes ante Contraloría.