Se aprobó en el Congreso el controvertido Royalty minero o Impuesto Específico a la Minería, técnicamente hablando. Solo queda que sea promulgada ley por la Presidencia. Básicamente, la reformulación del Royalty contempla el incremento del impuesto a las empresas entre un 5 y 14 por ciento por los próximos tres años, porcentaje suscrito al nivel de utilidades que perciba la empresa, donde el máximo del porcentaje de tributación responde a una ganancia difícilmente conseguible, en especial cuando se tiene en consideración las bajas utilidades que informan las mineras.
A cambio de este aumento, se retribuye a las empresas con la prolongación de la invariabilidad tributaria hasta el año 2023. Esto quiere decir que ningún Gobierno hasta ese año podrá alterar cualquier tipo de impuesto ni implementar un verdadero Royalty. La extensión de cinco años, a contar del 2018, generará entre 3 y 4 mil millones de dólares de pérdidas para el Estado, o sea, unos 20 mil millones de dólares en total que dejará de percibir nuestro país por concepto de tributación.
¿Por qué senadores y diputados habrían de haber aprobado semejante reforma? “Simple, aquí debió haber corrido mucho dinero de las transnacionales”, señala el economista Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, “porque lo aquí se aprobó, corresponde lisa y llanamente a un acto ilegítimo e inconstitucional”.
Para Alcayaga, finalmente, lo que se aprobó es un robo legitimado por el poder político a la principal riqueza de nuestro país, donde el Estado se transforma en subsidiario de un negocio exclusivamente beneficioso para los privados, empresarios que durante años no pagaron ni un peso al país durante décadas reportando falsos déficits en las utilidades, basándose en la máxima de “compra caro y vende barato” con sus empresas filiales ubicadas en paraísos fiscales.
Sin embargo, la invariabilidad tributaria responde a un beneficio económico directo solo en un nivel más inmediato, insiste el economista. El agotamiento de las concesiones hídricas de las grandes mineras, sumado a la creciente necesidad de energía para expansiones a otros yacimientos se traduce en la baja de la producción de cobre, que en los tres últimos años se ha reducido en dos millones de toneladas. En vista de esta situación, los recursos hídricos necesarios para la manufacturación cuprífera deben ser extraídos directamente del mar, el problema es que la extracción, traslado y desalinización del agua marítima requiere de energía, energía que no existe en este momento. Para ello es necesaria la construcción de nuevas termoeléctricas, extendiendo las relaciones políticas-económicas en las altas cúpulas dirigenciales de nuestro país, a un costo medio ambiental muy alto y, según sectores ecologistas, irreparable.
POR QUÉ EL ROYALTY NO ES UN IMPUESTO
En la ciencia económica, Royalty e impuesto son cosas muy distintas.
El Royalty, anglicismo prestado que sustituye a regalía, es un derecho que tiene el propietario de un recurso natural, quien “arrienda” su propiedad a terceros para ser explotado, es la cesión transitoria de los derechos de uso del recurso. No es un impuesto, como lo han hecho aparecer ante la opinión pública. De hecho, se da en un momento anterior.
Así como las empresas pagan los sueldos a los trabajadores, y a los capitalistas los retribuyen con las utilidades, a los dueños de los recursos naturales se les paga la renta por el derecho de utilizar estos recursos.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos se decretó la ley 20.026 que asignaba un Royalty de 4% al 35% cobrado en impuestos a las ganancias de las mineras, bajando 3 puntos del anterior 42% de impuesto hasta ese entonces. Lo que esto suponía no era un cobro por el uso de los recursos naturales -o regalía- sino un alza en el impuesto, nada más.
Lo fundamental de esta tergiversación, siguiendo a la ciencia económica, es que el Estado chileno, al no cobrar la renta a la explotación de recursos naturales a las transnacionales, distorsiona el mercado mundial del cobre provocando la sobreproducción y la caída de los precios. Es más, el Estado, al no aplicar realmente el Royalty, transforma el negocio de las grandes mineras en una actividad subsidiada por todos los chilenos.
La sobreproducción implica que el exceso de la oferta no es cubierto por la demanda, cerrando a la baja en el precio del cobre. En el estudio “la crisis de la economía chilena en 1999 y la sobreproducción mundial de cobre creada desde nuestro país”, escrito por alguno economistas, entre quienes se cuenta Osvaldo Caputo, este desequilibrio se expresa en que, por ejemplo, “En el período 1995-1999 el consumo mundial de cobre se incrementó en 13%; en tanto, la producción chilena se incrementó en un 76%”.
Mientras países como Estados Unidos y Canadá, también exportadores de cobre, retienen sus producciones mientras el coste del cobre sea bajo, países como Chile suplen la necesidad del metal a bajo precio, asegurando el flujo de materias primas para los países desarrollados.
Revisando el proceso privatizador en el Chile neoliberal, esta situación no es una sorpresa. En 1974, el Estado chileno manejaba alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, hoy en día esa cifra no supera el 25%. Se le acusa a las empresas estatales de ineficiencia, aunque empresas como Codelco entregan el 100% de sus ganancias y autofinancian su propio proceso de producción a través de la venta de los minerales secundarios que se generan en la manufacturación.
La propuesta de los economistas críticos a la entrega de tantas garantías a los mega empresarios, es de empezar a reflexionar acerca de la privatización de los recursos naturales y sus utilidades, especialmente cuando olvidamos el carácter limitado de estos.
Por Sebastián Fierro
El Ciudadano
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