La vieja «papelera», como era conocida la principal empresa del grupo Matte, hoy renombrada como CMPC, (sigla de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), protagonizó una colusión en el ámbito del papel higiénico que se hizo pública el año 2015. Ello desató una aparente crisis que hiciera remover a la plana mayor de la dirección, no sin antes rendirles homenaje por sus años de servicio y repartir suculentas cifras para los respectivos retiros. Premio a la colusión.
La empresa, además de remover a la plana directiva, anunció una compensación que llegaría a todas y todos los consumidores de papel higiénico en Chile. Potencialmente, todos los chilenos. 7 mil pesos fue el monto anunciado, en acuerdo con organizaciones de consumidores, Sernac y Odecu.
Sin embargo, todo podría desarmarse. Es que el acuerdo no fue alcanzado por vía judicial y hay quienes apuntan ilegalidad e inconstitucionalidad del mismo. Es el caso del abogado Jaime Moraga, quien representa a 346 familias de comunidades indígenas, y apelará ante la Corte Suprema, alegando inconstitucionalidad.
Se dirigirá a la Corte Suprema, dado que el Tribunal de Alzada dio luz verde al pago, fallado a su vez en el Décimo Juzgado Civil de Santiago. Según reporta Cooperativa, Moraga declara que no se ha respetado la normativa legal y apunta en específico a la Corte de Apelaciones: «Perseguimos que se respete la normativa legal respectiva, porque la Corte de Apelaciones de Santiago no fue clara en ese respecto y claramente lo que estamos defendiendo es el derecho de todos los consumidores de Chile a ser titulares de la acción en beneficio de los consumidores frente a esta apropiación que están haciendo las organizaciones de consumidores», indicó.
«No podemos llegar a consensuar un acuerdo sin saber los antecedentes sobre los cuales nosotros acordamos», agregó
Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor rechaza lo que considera una excesiva «judicialización» del acuerdo. Ernesto Muñoz declaró en este sentido que «ya es tiempo de que quienes están litigando innecesariamente en los Tribunales de Justicia dejen su actitud y que esta sentencia pueda ser favorable a los consumidores y podamos de inmediato proceder en el corto plazo a la implementación. Es una judicialización innecesaria, una judicialización excesiva de un tema que para nosotros está absolutamente zanjado», subrayó.