Sector privado chanta

Hay una lista, que parece excesiva, de empresas, consorcios, universidades y grupos económicos del país, que cayeron en situaciones irregulares y de ineficiencia que afectaron a varios millones de chilenas y chilenos en años recientes y hasta nuestros días.

Fraudes, corrupción, anomalías, deficiencias, inoperancia, colusión, engaño, falencias, estuvieron y están involucrados en casos como La Polar, Johson & Johson y el Servicio de Impuestos Internos, Universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Banco Santander, Transantiago, Aguas Andinas y Esval, supermercados Líder y Jumbo, farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand, Lan Chile, AgroSuper, colegios particulares subvencionados, proyectos hidroeléctricos, junto a casos de empresas menores y contratistas como la que es investigada en estas semanas por pago de coima a funcionario del Teatro Municipal.

Millones de clientes o usuarios fueron afectados directa y/o colateralmente por esas empresas, a lo que se agregan las decenas de miles de quejas y reclamos por malos servicios o servicios deficientes de las empresas telefónicas, del retail, del transporte, etc., que, por decir algo simple, eliminaron la atención directa al cliente (al ciudadano) y ahora éstos deben recurrir a inoperantes llamadas telefónicas que, muchas veces, están a cargo de pequeñas empresas subcontratadas y cuyos receptores no pueden dar soluciones.

Ni hablar de las continuas denuncias respecto a las condiciones negativas y expoliadoras de las AFP (bajas pensiones) y las Isapres, constituidas en baluarte de un sector privado sustentado en el lucro y los mecanismos destinados a desproveer al ciudadano de derechos y atención eficiente y digna.

Hay una sensación en la gente de que todas esas empresas y grupos económicos, en buen chileno, simplemente “nos están cagando”.

Sin olvidar que, por dar algunos ejemplos, en los sectores bancario, minero, sanitario, forestal, pesquero, financiero, etc., las ganancias son altísimas y de dos dígitos y corresponden a cientos de millones de dólares, mientras que el salario mínimo sube un dígito (bastante lejos del 10%) y alrededor del 70 por ciento de la población laboral gana menos de 350 mil pesos al mes.

Cuando comenzaron las privatizaciones y las garantías (legislativas, laborales, financieras) a las empresas, se dijo que era la solución ante “la ineficacia del Estado” y parte del “necesario achicamiento del sector público y estatal”.

Así que se agrandó el sector privado bajo la premisa que sí daría el servicio que el ciudadano requería. Ello no se ha materializado. Es más, había muchas vías para reclamarle al Estado; ahora es un drama poner un simple reclamo ante una arbitrariedad empresarial. Sólo hay que preguntarle a la gente.

La verdad es que a estas alturas se está comprobando que ese modelo (neoliberal, privatizador y anti-Estado) no sólo puso a Chile en los primeros lugares de la peor redistribución del ingreso y de mayor distancia entre el ingreso del segmento más rico y el segmento más pobre de la población, sino que, además, el país se está convirtiendo en un lugar recurrente en casos de corrupción, irregularidades y malos o deficientes servicios de parte del sector privado.

A eso se suma que Chile es uno de los países más precarios en derechos laborales y sindicales, favoreciéndose precisamente a los empresarios y directivos de grandes consorcios.

La responsabilidad social empresarial, el sentido de servicio público, el compromiso con derechos ciudadanos, el respeto a derechos laborales, la transparencia, el cumplimiento de normativas legales y de las leyes, son elementos que en un porcentaje considerable el sector privado no cumple, esquiva o escabulle.

Hay que decir que es una de las razones por las cuales las ciudadanas y los ciudadanos están saliendo a protestar, a manifestarse, a exigir soluciones, a pedir al Estado y a encarar a los empresarios.

Es así que los mandamases del sector privado piden orden público y “aplicación de la ley” ante las rebeldías ciudadanas, pero son ellos los que ponen la mecha y encienden el fósforo de situaciones explosivas. La verdad es que si quieren “paz social” para invertir y tener ganancias, tienen que terminar con prácticas nocivas, “asquerosas” (usando el lenguaje de la derechista ministra del Trabajo, Evelyn Matthei), irregulares, desprovistas de ética, tramposas y denostadoras de las y los habitantes del país.

Cuando se usa la palabra «chanta», se hace referencia etimológica a algo que no tiene credibilidad, que es mentiroso; tiene origen en el idioma italiano, con la palabra ciancia, que quiere decir burla, mentira. También «chanta» se usa como sinónimo o significado de alguien que se aprovecha de los demás para cumplir sus objetivos. Y como acepción a algo mediocre, de baja monta. ¿Se aproximan todos esos significados al sector privado chileno, a un gran número de empresas del país? Parece que sí.

Por Equipo Editor 

El Ciudadano Nº 140, marzo 2013

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