Seguro de cesantía

El parlamento chileno aprobó recientemente una modificación al seguro de cesantía, con el objetivo de hacerlo más asequible para los desempleados.

Sin embargo, como se demostrará, las modificaciones aprobadas excluyen del seguro a ¡dos tercios de los trabajadores! Precisamente, desde luego, aquellos con los empleos más precarios y por lo tanto los que más lo necesitan.

Adicionalmente, el subsidio fiscal al seguro se fijó para el 2009 en 12 millones de dólares. Considerando que se espera que el número de cesantes llegará a un millón – cifra ya alcanzada y superada según otras estimaciones – el subsidio equivale a un dólar al mes por cesante. Es decir, el fisco «se pone» este año con poco mas de 500 pesos mensuales por cesante.

Para rematarla y confirmar que no hay negociación parlamentaria de la cual el lobby de los financistas no saque una tajada, en esta ocasión lograron aprobar que los trabajadores pudieran poner sus ahorros de desempleo en los multifondos manejados por las AFP.

Todo esto tuvo lugar a fines de febrero del 2009, es decir hace sólo un par de meses, cuando ya la crisis mundial llevaba mas de un año y medio la cesantía había aumentado a 800 mil personas según cifras oficiales.

¡Ah! Adicionalmente, todos los fondos de pensiones invertidos en acciones habían sufrido pérdidas considerables de las cuales se escapaban solo el fondo E y ¡el fondo de cesantía!.
Lo que se aprobó resulta de tal modo inconcebible, que para comprenderlo es necesaria una breve reseña. No se sabe mucho que en Chile existía desde los años 1930 un mecanismo de subsidio de cesantía parecido al que gozan los trabajadores de los países más desarrollados. Su objetivo allí consiste en garantizar el derecho de las personas a mantener su ingreso aún cuando pierdan su trabajo. Este derecho es reconocido por la carta de los derechos del hombre de Naciones Unidas.

El subsidio chileno era inicialmente muy modesto, pero se fue ampliando hasta alcanzar un nivel bastante decente en los años del Presidente Frei Montalva y especialmente durante el gobierno del Presidente Allende. Durante la dictadura se mantuvo, pero su monto se rebajó a niveles ridículos. Se decía que no alcanzaba para pagar el pasaje de la micro para ir a cobrarlo.

Los gobiernos democráticos no lo repusieron en sus niveles anteriores al golpe. Sus economistas parecían más preocupados por los eventuales efectos negativos que el Neoliberalismo atribuye a dicho subsidio, que de garantizar el derecho antes aludido.

Resulta interesante que el más prometedor economista joven chileno que trabaja en los EE.UU. ha basado su trabajo precisamente en demostrar la falacia de tales asertos neoliberales. Sin embargo, en Chile, los asesores gubernamentales todavía no lo leen, al parecer.

De este modo, cuando llegó la crisis asiática en 1998, en lugar de reajustar y expandir el subsidio de cesantía, lo congelaron en los $17.000 mensuales que tenía en ese momento.

Al mismo tiempo, presentaron un proyecto que reemplazó el subsidio por el actual seguro de desempleo. El mismo no vino a aprobarse sino hasta el 2003, puesto que inicialmente pretendían financiarlo con cargo a la indemnización por años de servicios. De este modo, los trabajadores chilenos sobrellevaron la crisis asiática de punta a cabo con el viejo subsidio congelado en $17.000 mensuales.

El nuevo seguro de desempleo está inspirado en la capitalización individual y supone que los trabajadores pueden hacerse cargo ellos mismos de sus períodos de cesantía, ahorrando para esa contingencia mientras están ocupados. Es decir, funciona igualito que las AFP, las cuales por lo demás administran el fondo.

Comparado con el sistema privado de pensiones, sin embargo, el seguro de desempleo incorporó dos o tres mejoras. En primer lugar, los empleadores también aportan al fondo individual del trabajador, lo cual parece una buena idea. En segundo lugar, el Estado licita la administración del fondo, con lo cual logró de parte de las propias AFP comisiones de administración muchísimo menores que las que cobran por administrar los fondos de pensiones.

Adicionalmente, los empleadores aportan a un «fondo solidario» que permite complementar los ingresos de los trabajadores que tienen ahorros muy bajos. De este modo, puesto que dichos aportes son considerados un costo laboral por los empleadores, en los hechos se hace descansar sobre los trabajadores de mayores ingresos la responsabilidad de financiar en parte el seguro de desempleo de los que ganan menos. Sin embargo, el Estado también puede aportar discrecionalmente al fondo solidario.

El problema es que para acceder a éste, se exigió como requisito el haber completado al menos 12 meses de cotizaciones continuas al fondo antes de perder el empleo. Como es fácil de imaginar dada la precariedad de los empleos en Chile, nadie lograba satisfacer ese requisito.

De este modo, el fondo solidario no servía para nada, o casi. Esto se sabía ya desde el primer año de funcionamiento del seguro, cuando las propias estadísticas del sistema demostraron que más del 90% de los afiliados no completaban doce meses en el mismo empleo. Sin embargo, la solución del entuerto se vino postergando sucesivamente.

El sueño de los tecnócratas que predominan en el gobierno consiste en eliminar la indemnización por años de servicio como condición a cualquier reforma. O al menos echarle una mordida. Cuentan desde luego en este intento con el aplauso emocionado del empresariado, para quienes este derecho, difícilmente logrado y defendido por el movimiento sindical contra viento y marea, es la causa de todos los males de la economía.

Este asunto constituyó el trasfondo de las deliberaciones del Comité Asesor Presidencial para la equidad, que operó el año pasado. Cuando finalmente sus recomendaciones se transformaron en ley, resultaron en el desaguisado referido al principio de esta nota.

El requisito para acceder al seguro de desempleo se rebajó a 12 meses de cotizaciones en los últimos dos años, con las tres últimas continuas. Es decir, para acceder al mismo hay que haber cotizado al menos un mes de cada dos a lo largo de dos años, y los tres meses anteriores a perder el empleo.

Pues bien: las estadísticas de los últimos 25 años del sistema previsional demuestran que las personas que cotizan en promedio menos de un mes de cada dos alcanzan a ¡dos tercios de la fuerza de trabajo! La mitad de la fuerza de trabajo cotiza menos de un mes de cada tres, un tercio cotiza menos de un mes de cada cinco y un quinto cotiza menos de un mes de cada diez (ver CENDA-INP «Proyección del sistema de AFP»). Esta realidad no ha cambiado demasiado en años recientes, como lo demuestran las propias estadísticas del
seguro de desempleo.

¡En que mundo viven!

Manuel Riesco
Economista CENDA