La industria de apuestas online ha experimentado un crecimiento acelerado en Latinoamérica los últimos años. Este continente es un mercado que cada año registra millones de dólares en ganancias para casinos extranjeros que gozan de total libertad de acción, sin restricciones, sin impuestos y sin leyes que resguarden al jugador.

La mayoría de los países del continente (mayormente del sur y del centro) carecen de marcos legales o estatutos nacionales que limiten las actividades lúdicas de azar a través del internet. Los pocos países que poseen leyes vigentes solo regulan las apuestas de casinos físicos, y en el peor de los casos, dichas regulaciones están desactualizadas o son del todo obsoletas, por lo cual, se crean vacíos legales en los cuales ninguna legislación opera, lo que es potencialmente peligroso para los apostantes.

Algunos de los mercados de apuestas más importantes de Latinoamérica son México, Brasil, Chile y Colombia, donde solo el último posee una legislación vigente y actualizada que contempla las apuestas en línea.

Casinos online en Chile

A pesar de que existe una legislación vigente encargada de regular las apuestas deportivas y juegos de azar en casinos físicos de Chile, no existen aún leyes que regulen las apuestas realizadas en internet a través de operadores extranjeros.

Debido a las duras restricciones sanitarias impuestas por las autoridades en razón de la pandemia, la afluencia de los casinos físicos ha bajado notablemente, del mismo modo que sus ganancias. Esta situación ha forzado a que más casinos chilenos exijan a las autoridades la formulación de una legislatura que contemple las apuestas en línea, para así crear una alternativa viable a las apuestas en físico.

Aunque existe un proyecto de ley propuesto por la Superintendencia de Casinos y Juegos que está en discusión desde el año 2020, no hay mayores avances al respecto.

Por ahora, los casinos online en Chile operan en un área gris, donde sus actividades no son del todo legales pero tampoco son ilegales, por lo cual, el sistema ha decidido tolerar sus operaciones debido a que no existen aún los estatutos necesarios para delimitar su rango de operatividad.

Casinos online en México

El escenario legal de los casinos online en México es, cuando menos, confuso. Por una parte, existe una legislación nacional creada en el año 2014 por la Dirección General de Juegos y Sorteos, llamada Ley Federal de Juegos y Sorteos de México, que aún no está en vigencia y que su aprobación aún debe discutirse en el senado.

A pesar de que esta ley aún no está en vigor, existe un marco legal por el cual se autoriza y se otorga licencias a los casinos interesados en operar en México. Este marco legal está diseñado de acuerdo a los principios enunciados en la Ley Federal aún no vigente.

Aunque existe (en teoría) la regulación de los casinos online extranjeros, la gran mayoría de ellos opera fuera la legislación de este cuerpo legal. Los casinos debidamente regulados por las autoridades mexicanas poseen el sello de la SEGOB en sus sitios web, mientras que los demás no poseen ninguna autenticación relacionada.

Casinos online en otros países

Lamentablemente el panorama no es muy diferente en otros países de la región. Los mercados de apuestas más grandes de Latinoamérica en su mayoría no poseen regulaciones para las apuestas en línea. Tal es el caso de países como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador y Brasil, donde el tema pasa totalmente desapercibido.

Los casinos online y casas de apuestas seguirán operando en estos países mediante vacíos legales, hasta que se formulen nuevas legislaciones y se impongan cargas y responsabilidades fiscales a estos operadores, para así establecer mejores condiciones de juego para la protección de usuarios y apostantes.

Es un hecho evidente que no todos los casinos online son inseguros. Los operadores de apuestas más famosos y populares cuentan con regulaciones internacionales y con certificaciones que garantizan su seguridad y transparencia a los usuarios. Sin embargo, adecuar sus operaciones dentro de marcos legales nacionales garantiza no solo mayor seguridad para los usuarios, sino también un servicio mejor integrado al mercado local y más adaptable a los requerimientos del público.