Un millón de pesos de indemnización deberá pagar Supermercados Unimarc a una consumidora, que fue retenida por los guardias de seguridad de ese local por un supuesto robo, lo que resultó ser falso. Asimismo, el Primer Juzgado de Policía Local condenó a Cencosud Retails S.A. a pagar más de 500 mil pesos a un consumidor afectado, por daño moral.
Ambas demandas civiles acogidas por los Tribunales de Justicia y denunciadas por el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) configuran infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).
En el caso de Supermercados Unimarc, la denunciante señala que luego de cancelar y antes de dirigirse a la salida, un guardia se le acercó y la retuvo, acusándola de no pagar una serie de productos que tenía en su cartera, lo que resultó ser falso.
Ante esta situación, la consumidora decidió interponer un reclamo al Sernac tras no obtener una respuesta positiva por parte de la empresa. Tras revisar los antecedentes del caso, el juzgado condenó a Unimarc a pagar una indemnización de un $1 millón de pesos a la consumidora afectada. Además le aplicó una multa de 20 U.T.M. ($923.660) por haber infringido la LPC.
Algo similar ocurrió con Jumbo, cuando una persona con discapacidad física en un 45% de su cuerpo, quiso utilizar la caja preferencial del local y fue mal atendida por una cajera que cuestionó su estado. Tras el hecho, el denunciante le mostró su carnet de discapacidad. Al hablar con el encargado de local, la empresa no ofreció disculpas ni compensación.
Esta acción judicial fue presentada por el Sernac ante el mismo Juzgado de Policía Local de Rancagua, el cual acogió la denuncia y demanda civil, condenando a pagar una indemnización de 500 mil pesos para el afectado y una multa de 5 UTM.
Al respecto, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, manifestó que “los consumidores tienen derecho a recibir servicios de calidad y también a recibir un trato digno, adecuado y respetuoso. Cuando un consumidor sufre un mal trato de parte de un dependiente estamos ante una situación grave, pues no sólo se ve afectada la entrega de un servicio, sino que se vulnera la dignidad de la persona”.
Además explicó que en caso de ser injustamente acusados, los consumidores deben exigir la presencia de la autoridad policial, a fin de que se inicie el procedimiento que pueda determinar la eventual existencia de un ilícito.