Por Juan Omar Fierro
Por unanimidad y sin discusión alguna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó de manera definitiva un juicio de amparo promovido por productores sinaloenses de papa en contra de la reforma a tres artículos del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que permiten la importación del tubérculo estadunidense con medidas fitosanitarias que un juez federal había catalogado como de grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad alimentaria de México.
Al resolver un amparo en revisión promovido por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto contra una sentencia de amparo que en 2016 fue reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como trascendente, relevante y novedosa, la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que abre el mercado mexicano a la importación de papa fresca estadounidense, a pesar de que estudios fitosanitarios han identificado hasta 63 tipos de plagas que afectan la producción extranjera de ese tubérculo.
La sentencia aprobada en paquete, junto a otros casos revisados por la Primera Sala, revocó el amparo que un juez federal había otorgado a los productores de papa de Sinaloa —que representan el 20 por ciento de la producción nacional— y avaló la constitucionalidad de los artículos 54, 55 y noveno transitorio del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2016.
Dichos artículos fijan los criterios fitosanitarios o medidas de seguridad sanitarias para permitir la libre importación de papa proveniente de Estados Unidos, que hasta el día de hoy se encontraba restringida a una franja fronteriza de 26 kilómetros en la zona norte del país.
La resolución afirma que el amparo concedido por un juez federal a los productores de papa de Sinaloa se basó “en razones hipotéticas y conjeturales” para ser concedido, pues la afectación en la que hizo basar el interés legítimo de los quejosos se reconstruyó a partir de “supuestos hipotéticos remotos”.
Lucha contra la importación de papa fresca
La prohibición para la importación de papa estadunidense inició el 13 de febrero de 1996, cuando la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-012-FITO-1996, que establecía una cuarentena para la papa proveniente del extranjero, con el propósito de prevenir la introducción a territorio mexicano de las diferentes plagas que atacan la planta, semillas y órganos de ese tubérculo, tanto en su producción como en su comercialización a granel o empaquetada.
Tras casi tres sexenios sin cambios, el 7 de marzo de 2014 la propia Sagarpa publicó en el DOF el Aviso de Cancelación de la citada Norma, argumentando que un nuevo análisis sobre la producción de papa estadunidense revelaba un menor riesgo de plagas, por lo que ya no era posible mantener la prohibición de facto mediante una cuarentena exterior.
Por el contrario, Sagarpa consideró que era necesario abrir el mercado mexicano a la importación de papa extranjera, pero también ordenó que se establecieran medidas de mitigación de riesgo acordes con las medidas de protección fitosanitaria que están vigentes en México y Estados Unidos.
Las medidas de mitigación para la importación de papa estadunidense fueron publicadas por la Sagarpa en un acuerdo de 2016, que dividió a las plagas que eran objeto de cuarentena en tres categorías: plagas de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.
Posteriormente, Sagarpa reformó el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, agregando tres artículos que establecen las condiciones y medidas de mitigación para la importación de papa estadunidense.
En respuesta, los productores de papa mexicanos presentaron un juicio de amparo que el juez José Francisco Pérez Mier, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis, Sinaloa, falló en su favor, declarando inconstitucionales los artículos 54, 55 y Noveno Transitorio de dicho reglamento, sentencia que este día fue revocada por la Primera Sala de la Corte, negando el amparo de forma definitiva.
El Ciudadano / Agencia APRO
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