Pese a ser una promesa de campaña de Bachelet, aún el Estado no resuelve la situación de casi un 60% del total de personas que trabajan para el fisco bajo la modalidad de honorarios o a contrata. No tienen derechos a aguinaldos ni a vacaciones y, en muchos casos, cada año sufren la incertidumbre de que se les renueve el contrato.
En precarización laboral, el Gobierno da el ejemplo. Los datos recién divulgados con la Ley de Transparencia sobre las contrataciones del sector público dan cuenta de que un alto porcentaje de personas que trabajan para el fisco lo hacen a honorarios.
Según estimaciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), al menos unos 30 mil trabajadores prestan servicios bajo el régimen de contratos honorarios y unos 90 mil o hacen a contrata. Sumados superan los casi 88 mil que tienen la categoría de planta en las distintas reparticiones públicas.
O sea, casi el 60% de los funcionarios estatales se desempeña bajo precariedad laboral.
El Gobierno está violando la ley con esta diferenciación entre sus trabajadores. La legislación establece que no puede haber más del 20 por ciento de empleados bajo el sistema de contrata y pago con boletas.
Pese a la precaria situación laboral para la gran parte de quienes trabajan para el fisco, Patricia Silva, directora de la Dirección del Trabajo, dijo que el gobierno no está incurriendo en un ilícito y agregó que aumentar la cantidad de personal de planta en el sector público es responsabilidad de los legisladores.
“Ese es un tema de ley, son discusiones de Parlamento, tiene que ver con aumento de la dotación real del Estado. Los que dicen que hay que cumplir la ley y cuando llega al Parlamento no quieren un Estado más fuerte, y lo que han hecho es debilitar al Estado todo este tiempo”- dijo Silva a Radio Universidad de Chile.
En tanto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá, señaló que hay disposición del gobierno para corregir este vicio. “No hay ninguna ilegalidad, ni anormalidad. Lo que hay es una política que se ha mantenido en el tiempo y que debe profundizarse a futuro, en el sentido de que no haya personas con funciones permanentes que se mantengan a honorarios y que sean crecientemente incorporadas en la contrata, como se ha hecho y continuará haciendo durante este año”- sentenció Tohá.
También metió la cuchara en la discusión el empresariado, que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección del Trabajo han recibido grandes multas por prácticas que implican una precarización del empleo. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guillisasti, emplazó al gobierno y a todos los sectores políticos a realizar una discusión de fondo sobre modernización del Estado para evitar la propagación de este tipo de vicios administrativos en el sector público y privado.
Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, reiteró su disconformidad con el asunto y aseguró que, como mecanismo de presión, los quince gremios del sector público se encuentran en estado de alerta para realizar futuras movilizaciones por estas demandas.
“Nosotros estamos esperando que se instale la mesa sectorial política con los ministros de Hacienda y del Trabajo. Además, le hemos solicitado a la Presidenta ser recibidos y ella se comprometió con nosotros a recibirnos en marzo, situación que no se a cumplido. Por eso que la ANEF está en estado de alerta y no descarta modificaciones. Vamos a luchar por que esta situación se regularice”- aseguró De la Puente.
PROMESA INCUMPLIDA
A sólo días que se disputara la segunda vuelta presidencial entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, la candidata oficialista se comprometió con los empleados públicos de reducir a lo establecido por la ley, es decir un 20 por ciento, a los funcionarios a contrata y honorarios que se desempeñan en la administración del Estado.
La ANEF manifestó que se mantiene en estado de alerta y que la próxima semana comenzará diversas movilizaciones con el objetivo de revertir esta situación de precarización laboral.
SOBRE TODO JÓVENES PROFESIONALES
Quienes experimentan en mayor medida desempeñarse a contrata o a honorarios son los profesionales jóvenes. Christopher Valdés, profesional que integra la directiva del Sindicato 2 de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, cuenta que en la práctica “esta situación crea un funcionario de primera categoría y otro de segunda. El primero tiene la seguridad de su empleo o se le respetan las vacaciones y el otro debe quedar mirando para las ocasiones en que se entregan aguinaldos”.
El sindicato que ellos organizaron recientemente es para aglutinar fundamentalmente a los profesionales jóvenes.
Valdés agrega que si bien desde el 2008 que la Funasupo pasó sus profesionales a honorarios a diversas formas de contratos, en la práctica se terminaron perdiendo beneficios. “Hoy un funcionario de Servicio País, por ejemplo, recibe casi el mismo sueldo líquido que el que recibía uno de planta en 1995”- relata Valdés.
También comenta que las diferencias se evidencian a nivel práctico: “Los que tienen contrato indefinido pueden juntar los días administrativos y tomárselos de corrido, en cambio, los que no están a contrata temporal tienen que tomárselos cada 2 meses o si no lo pierden”.
La diferencia además se expresa a la hora de los reajustes de sueldo, “ya que el que perciben los profesionales a contrata y honorarios no tiene reajuste”- cuenta Valdés.
Una asistente social que trabaja a honorarios hace 5 años en un municipio capitalino y que no puede revelar su nombre por miedo a que la despidan, contó a El Ciudadano que “realmente te sientes un paria frente a los trabajadores con contrato. No tenemos in un respaldo y te pueden avisar mañana que te echan, a diferencia de un aviso de 30 días que ocurre con los contratados, y no recibes ni una indemnización”.
En su caso, cuenta que los contratos a honorarios se renuevan cada año, por lo que “todos los años sufrimos el mismo tema de que si nos van a echar o nos renovarán el contrato”. También comenta que “las diferencias se notan cuando llegan los aguinaldos de fiestas patrias o navidad y a nosotros no nos llega ni un regalo”.
Finalmente acusa que en su formalidad laboral “no te puedes embarazar ni tienes derecho a vacaciones o a licencias médicas. Todo lo hacemos a través de arreglos informales”.
El Ciudadano