Una Ley de Pesca hecha a punta de sobornos no puede ser menos que derogada

Las recientes evidencias de cohecho dan la razón a los sectores que el pasado 2012 desplegaron diversas iniciativas dirigidas a impedir la aprobación de la Ley de Pesca, impugnando las versiones de quienes defendieron sus postulados y hoy han quedado al descubierto, o bajo la sospecha, de haber recibido sobornos para defender y aprobar una ley que, al asegurar los intereses económicos del empresariado pesquero, desoyó la necesidad de implementar un plan de recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas y una pesca realmente sustentable en función de las necesidades alimentarias de la población.

El 9 de mayo rebrotó el escándalo que significó la aprobación de la Ley de Pesca a principios de 2013, a partir del testimonio de un asesor de la diputada nortina Marta Isasi, quien revelaba ante un juez que había recibido el pago de 25 millones de pesos de parte de Corpesca, la empresa de propiedad del grupo Angelini que controla gran parte de pesca de jurel, sardina y anchoveta en el norte del país.

Gregorio Carrillo, ex asesor de Isasi, afirmaba que Francisco Mujica Ortúzar, que hasta ese momento era el gerente de Corpesca, había depositado el dinero en la cuenta del propio Carrillo, a cambio de supuestos informes pesqueros, sin ser él un especialista en el tema. El pago «en tres tandas» de estos 25 millones, se realizaron antes de la discusión y aprobación de la Ley de Pesca.

El propio Carrillo confirmó que el dinero era para la diputada y que Corpesca se lo entregó a cambio de boletas de honorario emitidas por los informes elaborados por él. Mujica corroboró esta afirmación.

La votación que tuvo la diputada Isasi, también ahorra suposiciones, pues fueron todas a favor de los intereses de la industria pesquera, incluido el rechazo a la indicación que planteaba que el Estado tuviese el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos, logrando que estos permanecieran, en la práctica, en la condición en que estaban antes: de propiedad de quienes los capturasen.

La investigación que se realiza a la diputada Isasi, y sacada a la luz pública por Ciper, ha archivado un particular correo electrónico enviado por Mujica: «Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca…» Lo que se adjunta es una minuta, una especie de guía para que Isasi pudiese defender «informada» los intereses de Corpesca y de la industria pesquera en general. En su contenido podemos leer afirmaciones que pareciera que no sólo fue la guía para Isasi, sino que para buena parte de quienes participaron en la aprobación de la Ley, ya que las propuestas de los «Industriales Pesqueros del Norte» acabaron en sus artículos.

EL ADJUNTO Y LA LEY

La coincidencia entre las propuestas empresariales y el contenido de la ley es contundente. A continuación algunos puntos:

-Los métodos de pesca como el arrastre y el cerco, no han sido prohibidos ni regulados, priorizando las ganancias fáciles y rápidas que proveen estos, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan.

-También se le permite a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Al respecto el ingeniero en pesca, Lester Chávez, explica que «allí, por medio de Corpesca S.A. (el grupo Angelini) extrae la anchoveta y sardina española. De hecho, este grupo económico controla el 70% de la cuota de anchoveta de la zona norte del país y cerca del 60% de la cuota a nivel nacional. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y las mayores poblaciones de este recurso se encuentran entre la zona norte de Chile y sur de Perú. La anchoveta es un pez costero que muchas veces se encuentra mayoritariamente dentro de las cinco millas (franja reserva), por lo que una ampliación de la franja de reserva y/o una prohibición del ingreso de la industria a ésta, atenta contra los intereses de este grupo económico. De allí la vuelta en el aire del Senador Fulvio Rossi que representa aquella zona». Este senador votó a favor de la ley.

-Por una parte, se reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos, específicamente sobre los peces. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello.

La clave entonces está en quiénes tendrán el permiso para pescar. La ley asegura que las cuotas de pesca otorgadas a cada particular establecerán su proporción a partir del promedio de los últimos tres años. Por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedarán con el derecho de pescar. Para el resto habrá canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.

– Estos permisos de pesca serán por 20 años renovables. Además, podrán hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiéndolo dividir hasta cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar.

Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa y ese será el negocio, donde no es necesario que existan peces para que haya permisos de pesca, porque sin ellos, igual hay negocio.

MÁS VIEJA QUE LA ISASI

La vinculación entre la legislación pesquera y los intereses empresariales se arrastran desde el momento en que ésta surgió. Según investigadores, su carácter ha sido proporcional a la progresiva escasez de peces en el mar, orientándose a asegurar la pesca a los grupos de mayor poder económico y negándosela al resto.

En Chile, esta legislación es relativamente reciente, pues la que existía hasta antes de la década de los 80 reservaba la libre acción de una serie de actores. De fondo había dos elementos, una convicción de que «nada de lo que se hiciera afectaría seriamente la población de peces» y junto a ello, el creciente poder económico del empresariado pesquero.

En función de una progresiva escasez experimentada en el norte del país, en 1989 comenzó a desarrollarse un proyecto de ley de pesca, llamado «ley Merino», pues fue el propio miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, quien la propuso y la hizo promulgar junto a muchas otras leyes conocidas como «de amarre».

El investigador Julio Peña explica que, si bien, su promulgación fue en diciembre, su entrada en vigencia fue aplazada hasta septiembre de 1991, sufriendo en este lapso de tiempo, una serie de modificaciones que anularon disposiciones que la actual Ley de Pesca incluye, como la entrega de «licencias individuales de pesca, permanentes y transables, de libre transferencia y subdivisión», de acuerdo al promedio de extracción de los últimos tres años a la fecha.

Esta medida provocó el rechazo de los empresarios que se concentraban en el norte y que no habían alcanzado a expandirse hacia el sur, por lo que el promedio de sus capturas era insuficiente para sus ambiciones. Con las presiones desatadas, este sector empresarial logró que esta disposición no fuera implantada y que en los años sucesivos, las cuotas de captura fuesen distribuidas anualmente, lo que fue aprovechado para expandirse.

Actualmente están todos los que han conseguido monopolizar la captura, el procesamiento y la venta de pescados o subproductos (como la harina y el aceite), por lo que la entrega que no se hizo en 1989, hoy se hizo, incluso con el comprobado apoyo empresarial.

Otro caso que manifestó explícitamente la vinculación entre el negocio pesquero y la clase política fue el escándalo protagonizado por los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar durante la aprobación de la Ley de Pesca del 2001, apodada por lo mismo «Ley Zaldivar». Los hermanos participaron activamente en su aprobación, al tiempo que su familia poseía acciones en la pesquera Eperva, de la cual su máximo propietario era Anacleto Angelini. Los hermanos demócrata cristianos vieron como el valor de sus acciones en la pesquera se multiplicó cuando se aprobó la ley, al quedar con inmensas cuotas de captura.

LA LEY QUE VIOLÓ LEYES

La propia ley que regula el comportamiento de los legisladores indica que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción». Sin embargo, esto no fue garantía de que así ocurriera.

El Condepp (Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero) denunció  a cuatro senadores que tenían (y tienen) intereses económicos en la pesca industrial y que se negaban a inhabilitarse para aprobar esta ley:

-Jovino Novoa en su declaración de patrimonio, señala participar en la empresa Inversiones y Mandatos S.A, y en la Comercial Nahuelbuta Ltda., sociedad dedicada a la exportación de productos del mar. Votó a favor.

-Alejandro García Huidobro, senador designado, participa en la sociedad Navarino S.A. que tiene por objeto el desarrollo, ejecución, explotación y/o participación, en forma directa o indirecta, en actividades pesqueras. Según la Superintendencia de Valores y Seguros, García tiene relación con Corpesca. Votó a favor.

-Andrés Zaldívar tiene a su hermano Manuel Zaldívar Larraín como actual director de la pesquera Corpesca. Votó a favor.

-Carlos Larraín declara contar con 48.653 acciones en la empresa Copec, principal empresa del grupo Angelini, una de las 7 familias beneficiadas con la nueva Ley de Pesca. A su vez, el senador Larraín declara tener a la fecha 13.813 acciones en la pesquera Coloso. Finalmente, Larraín no votó, para no complacer a la jauría, dijo.

LA NECESARIA DEROGACIÓN

El Diccionario de la RAE es claro, cohecho significa «Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos». Si el dinero que recibió Isasi, a través de su asesor, no fue soborno, cómo podría interpretarse.

Cuando Mujica responde telefónicamente a la periodista de Ciper, ante una sus consultas, dice que «hemos hecho los mismos aportes a todos los diputados, a toda la parte parlamentaria, pero de forma legal… y si eso significa que hemos ayudado, sí, a ella (Marta Isasi) y a muchos más».

Los dichos de Mujica agravan la situación, generalizando estos pagos para una cantidad indeterminada de congresistas, los cuales participaron y aprobaron la Ley de Pesca. Si el cohecho es un delito, la ley que se aprobó a su sombra no puede ser más que letra muerta, debe derogarse por su origen espurio e ilegal. Sin embargo, no será iniciativa de sus beneficiarios (por ganancia directa o indirecta) quienes tomen la iniciativa, los protagonistas serán los que habían perdido la batalla y que hoy ven cómo sus denuncias retoman total validez y vigencia.

Por Patricio Villa

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