Venta de empresas sanitarias: El agua en la mira privatizadora de Piñera

La enajenación del agua potable responde al guión privatizador del nuevo mandatario, explicitado ya en su programa de gobierno. Una venta de activos públicos que no es la primera de su tipo. Pasado un 2010 marcado por las urgencias del terremoto del 27 de febrero, Piñera avanza en la materialización de su plan: Resuelta la venta de las acciones de Codelco en empresas subsidiarias y prepara los fuegos para la Enap.

El Gobierno formalizó la venta de su participación accionaria en las cuatro mayores empresas sanitarias del país: Aguas Andinas, donde mantenía un 34,98% de la propiedad; Esval, con un 29,43%; Essal, con el 45,46%, y Essbío donde tenía el 43,44%. Una iniciativa para nada sorpresiva, puesto que el Presidente Piñera la había anunciado en varias oportunidades: Estaba en su programa de gobierno, en el discurso del 21 de Mayo y, tras el terremoto, el primer plan de financiamiento para la reconstrucción contemplaba esta posibilidad.

Con esta medida, culmina el proceso privatizador iniciado a fines de la década de los ’90 cuando, el entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle, vendió la mayor parte de la propiedad de estas empresas, y fue complementado un lustro después, cuando Lagos derogó la ley que obligaba al Estado a mantener un porcentaje mínimo de la propiedad sobre un sector estratégico, como el agua potable.

Así, Sebastián Piñera da un nuevo paso en la consecución de su agenda: Ya resolvió la venta de los activos que Codelco mantenía en Edelnor y en Cimm T&S, y comienza el debilitamiento de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), en la idea de promover el ingreso de capitales privados, sector con mucho mayor peso económico que las sanitarias, tal como ha quedado develado luego del conflicto en Magallanes.

Las contradicciones de las justificaciones dadas por el Gobierno para vender las sanitarias son elocuentes, sobre todo por lo que omiten: La Moneda iba a privatizar estas empresas porque formaba parte de la visión y el proyecto político del Presidente Piñera, más allá de cualquier coyuntura o supuesta urgencia económica. Es así como al comienzo se afirmó la necesidad de vender estos “activos prescindibles”, según su criterio, para financiar la reconstrucción, pero lo cierto es que esta reconstrucción está financiada; luego se dijo que se buscaba inyectar recursos a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pero también existen recursos para esto y, por lo demás, resultaba contradictorio, dado que las utilidades que generaban estas empresas, en torno a los 150 millones de dólares al año, iban precisamente a la Corporación de Fomento (Corfo) para ir en apoyo de este sector.

Finalmente, surgió la última justificación: Capitalizar los planes de inversión de otras empresas del Estado, principalmente Codelco, Metro y Enap. Esta última también se cae por su propio peso: El Estado tiene ingentes recursos gracias a los precios récord que registra el cobre y por los grandes ahorros que ostenta el Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees), por más de 13 mil millones de dólares, muy por sobre los 1.300 a 1.600 millones que generaría la privatización. Por lo demás, el Gobierno negó el financiamiento al proyecto de inversiones de Codelco de 2010, por lo que no se entiende este súbito interés por capitalizar a la empresa, a la hora de sumar y restar.

Si bien el capítulo Sanitarias es el que hasta ahora ha tenido mayores repercusiones, no es el primero, el último o el más importante de la agenda privatizadora piñerista. Cálculos preliminares apuntan a que la actual administración maneja otras ventas de activos estatales por más de 3 mil millones de dólares. En este sentido, si bien es improbable que Codelco sea vendido, el Gobierno está “podando” entusiastamente sus activos.

Es así como se resolvió la venta de las acciones que la cuprífera estatal poseía en la empresa Cimm T&S, para la investigación geológica, y también se anunció la venta del 40% de las acciones que Codelco mantenía en la empresa eléctrica Edelnor, por la que se obtendrían Mil millones de dólares y cuyo socio mayoritario, con poco más del 52% de las propiedad, es la franco-belga GDF Suez, la misma que, por medio de Suez Energy quería instalar una termoeléctrica en el Santuario de la Naturaleza de Punta de Choros; la misma que ha anunciado su interés por la construcción de una planta nuclear de energía en el norte de Chile; y la misma que juega un papel central en el proceso privatizador de las sanitarias siendo una de las más grandes empresas de aguas en el mundo.

Para diversos analistas, la mayor apuesta está en la Empresa Nacional de Petróleo, que siempre ha estado en la mira de Sebastián Piñera y su círculo cercano. Por lo pronto, el proceso de debilitamiento de la firma ya está en marcha: Se han despedido más de 530 trabajadores -un sector crítico que se ha movilizado fuertemente contra la privatización- y se mantiene el plan de eliminar el subsidio al gas que esta empresa entregaba a los habitantes de Magallanes, quitándole un rol social clave, lo que suscitó una de las mayores movilizaciones populares que registra la zona desde el fin de la dictadura.

De hecho el propio ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, a la vez que declaraba a El Austral: “Descartada” la privatización de Enap, argumentaba la necesidad de permitir el ingreso de capitales privados, y la forma más probable para llevarlo a cabo es la venta de acciones vía Bolsa de Valores. Cabe recordar que, hasta hoy, el 100% de la propiedad de la petrolera se mantiene en manos del Estado.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SANITARIAS

Entre 1998 y 2000 se cerró la primera privatización de las sanitarias, quedando la siguiente participación accionaria: La firma fanco-belga Suez, por medio de Aguas Barcelona, se convierte en el socio controlador de Aguas Andinas con un 50,1% de las acciones; la misma Suez, esta vez por medio de la subsidiaria Inversiones Iberaguas, es la controladora de Essal con el 51% de los títulos. El otro gran inversor es el fondo canadiense Ontario Teachers, que posee el 69,77 de Esval y el 50,87% de Essbío. En la oportunidad, el Estado recibió 2.100 millones de dólares, siendo la “Joya de la Corona”, Aguas Andinas, por quien se recibieron más de 1.300 millones de la divisa estadounidense.

Como se ha vuelto un sello de las privatizaciones en América Latina, las firmas extranjeras se hicieron con empresas rentables en las que, además, el Estado había realizado ya el grueso de las inversiones en infraestructura. En este caso, las sanitarias contaban con un robusto sistema de alcantarillado que no requería capitalización alguna. En la actualidad, la cotización bursátil de estas empresas da cuenta de la solidez de estos activos: Aguas Andinas está cotizada en 2.223 millones, Esval en 680 millones y Essbío en 632 millones de dólares.

Siendo senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, argumentó que la privatización no importaba a los usuarios, dado que “las tarifas sanitarias son fijadas por el Estado”. Este argumento, sin embargo, pasa por un dato crítico: Las tarifas reguladas en este sector, como en el eléctrico, están diseñadas para dar una alta tasa de ganancia a las empresas.

A ese respecto, el economista y director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Hugo Fazio, señala que: “El sistema asegura constantes utilidades año tras año, si no, habría que preguntarse por qué llegan capitales extranjeros a invertir a empresas que están reguladas. Si se mira al revés, esto es precisamente lo que deja de tener el Estado (con la privatización)”. De hecho, el Estado percibía en promedio unos 150 millones de dólares en utilidades, es decir, en 10 años se obtendrían las platas que se esperan lograr por la privatización y en el futuro estas empresas generarían muchos más ingresos al país de lo que se gana con este “negocio”.

Al hacer un paneo sobre los ingresos y utilidades de estas empresas se puede dar de ejemplo un botón: Sólo durante el primer trimestre de 2009 Esval y Essbío, obtuvieron utilidades por 15.800 millones de pesos. En igual período de 2010, estas sanitarias vieron caer fuertemente sus utilidades a “sólo” 8.735 millones, debido a las inversiones que debieron realizar para reparar la infraestructura dañada por el terremoto, recursos que serán recuperados cuando se cobren los respectivos seguros, es decir, estas empresas y a diferencia de casi todas las demás, no tienen posibilidad de perder dinero. Las tarifas “reguladas” de agua y electricidad en Chile están dentro de las más caras del continente.

¿Cómo se explica, entonces, la privatización de un grupo de empresas no sólo estratégicas desde el punto de vista social, sino con altas utilidades aseguradas por medio de tarifas fijadas legalmente? Las que además cuentan con una amplia infraestructura instalada. El entonces Presidente Frei justificó la operación señalando que se requerían recursos frescos para realizar importantes obras en materia de tratamiento de aguas servidas. Si bien estas inversiones eran necesarias y finalmente se hicieron, el grueso de los costos corrió por cuenta de los mismos usuarios con las modificadas tarifas del agua.

Por su parte, el ex Presidente Lagos jugó otro destacado papel en el proceso. El concepto de “activos prescindibles del Estado” de hecho, no es una invención del actual Gobierno, sino del tercer mandatario de la Concertación.

Que el gobierno de Piñera pueda hoy vender lo que queda de estatal en las sanitarias, es gracias a la reforma legal realizada en 2003 por el gobierno de Ricardo Lagos y votada tanto por los parlamentarios de la derecha como de la Concertación, que eliminó la obligación de que a lo menos un 35% de las sanitarias se mantuviera bajo control público. La apuesta de Lagos era mantener la posibilidad de generar recursos rápidamente vía estas privatizaciones en caso de necesitar mayor financiamiento para sus “proyectos estrella” como el “Plan Auge” o el “Chile Solidario”.

Al mismo tiempo, este presidente implementó el llamado “sistema de concesiones”, es decir, evitó las privatizaciones puras y duras de la administración Frei, mediante un modelo en el que el Estado teóricamente no pierde la propiedad de los activos, pero entrega su administración, inversiones y por cierto utilidades por un período de 30 años… renovables. “Otro tipo de privatización”, a juicio del economista Hugo Fazio.

LOS ALBORES DE LA RESISTENCIA

“Aquí se manifiesta que esta democracia, en realidad, obedece a una política dictatorial, facultándose al Presidente para tomar decisiones unilateralmente, privatizando bienes públicos de indispensable necesidad humana, sin que la ciudadanía pueda intervenir. Un bien como el agua, que debería pertenecer a todos los chilenos, es vendido a empresas multinacionales”, señaló Monseñor Luis Infanti, Obispo Vicario Apostólico de Aysén.

Y agrega que “por ser el agua un elemento esencial para la vida, se está mercantilizando la vida misma. Y peor aún si este comprador es una multinacional: Vendemos así nuestra soberanía. Ya no se necesitan ejércitos para colonizar un país, con el poder económico pueden adueñarse legalmente de los bienes y de los pueblos. La única posibilidad que tiene la población es la de manifestarse, ojalá pacíficamente, para hacer valer su pensar, sentir y creer”, enfatizó el prelado, quien ha hecho de la lucha por el reconocimiento del agua una pugna por un derecho humano, pero él no es el único.

Muchas son las voces que se han ido alzando en protesta. Junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), diversos grupos sociales y ambientales, destaca también la posición de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), que por medio de su presidente, Hugo Maturana, sentenció que: “Se aprovecharon las fiestas de fin de año para hacer un regalo a los empresarios y transnacionales”, una medida que “rechazamos tajantemente porque atenta contra el bien común”.

Asimismo, el dirigente aclara que “al vender las acciones, el Estado se desentiende del control de las inversiones, tarifas y rol social, dejando en poder de los privados una facultad privativa del aparato público, como una tuición directa sobre el agua de consumo humano, tan escasa como necesaria para la vida y la salud”.

Finalmente, Maturana da una señal de alerta sobre la situación laboral de estas empresas: El 50% de los trabajadores hoy son externos (contratistas), con un trabajo totalmente precarizado, tienen los sueldos más bajos del mercado, sin beneficios, sin sindicatos ni negociación colectiva. Tenemos el temor de que la externalización sea más intensa”, acusa.

La subasta está abierta y comenzó la cuenta regresiva. Existe amplio interés de parte de inversionistas extranjeros por capturar un activo que entrega excelentes dividendos y mejor aún, de forma estable en un país cuyas políticas y legislación favorecen a las grandes empresas. Un escenario que, al igual que en una tragedia griega, los protagonistas por más que intentan torcer la mano a un camino preestablecido, éste igual termina cumpliéndose.

Hoy no existen mecanismos institucionales para revertir la decisión del Ejecutivo. Y es que, si bien los parlamentarios de la Concertación anunciaron un recurso frente al Tribunal Constitucional, hoy son pocas las esperanzas de que este organismo cambie una decisión emanada de una ley aprobada por el mismo conglomerado acusador.

Por Iván Valdés

El Ciudadano Nº96, febrero 2011