Creo que estamos cansados de vivir en el país de los inocentes. Creo que estamos cansados también de que nos quieran hacer pasar por imbéciles hablando de «lo legal» , obviando lo ético. Creo que la gente de a pie está aprendiendo a desconfiar y los jóvenes están aprendiendo a no creer -de forma prematura- en la política, por culpa de los casos de corrupción, cohecho, fraude al fisco, malversaciones de fondos públicos, financiamientos irregulares de campañas y por ver cómo, descaradamente, son las empresas las que legislan (desde el uso de suelo marítimo hasta la basura) a través de políticos que han sido cooptados con incentivos económicos para mantenerse en estos cargos de poder que les permiten gozar de beneficios extraordinarios, además de gozar de influencias para conducirse como patrones en este fundo.
Sin embargo, parece que todavía nos queda mucho por ver y que este año no será diferente al anterior. La última gracia de los políticos es que estaban usando fondos como préstamos de millones que devolvían a 28 cuotas, sin intereses.
Por todos lados, estos créditos, son un carerrajismo puro.
Han aparecido defensas a estas prácticas como: «en todas las empresas pasa esto», como señaló la UDI Marisol Turres, una de las beneficiadas. Por otra parte, el presidente de la cámara baja, Marco Antonio Núñez, descartó que hubiese sido un crédito otorgado fuera del marco de la ley, aunque señaló que «Hace un año y medio que esto no ocurre» y «se han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir».
Respecto de estos argumentos tenemos varias cosas que decir al respecto, que dan cuenta de la gravedad del suceso y que explican en alguna medida la rabia que sentimos todos los que no tenemos dichos «beneficios».
El Congreso de Chile no es una empresa. Y los dineros que se usaron para estos «créditos» son fondos públicos. Además, esta práctica no es extensiva a toda la población. Si yo pudiera ir y pedirle un préstamos sin reajustes de ningún tipo al SII o a la Contraloría General de la República, no habría problemas. Pero todos los chilenos tenemos que partirnos el lomo pagando los beneficios de los bancos para acceder a un crédito. Y si no pagamos, nos calientan la oreja llamándonos a diario, con un hostigamiento sistemático para, finalmente, terminar embargando nuestros bienes. Además, son muy pocos los que pueden acceder a préstamos de millones y 28 cuotas son «demasiadas cómodas cuotas mensuales».
Es el colmo que esta gente, ganando lo que gana, se decida a usar fondos públicos para solucionar sus problemas, cuando la capacidad crediticia que tienen es mucho mayor que la del resto de las personas. Pueden ir a cualquier banco, que sería lo éticamente correcto y les darían la plata que quisieran ya que se encargaron de legislar para garantizarse unos sueldos de maravilla.
Por otra parte y, atendiendo a las palabras de Núñez, si lo primero que señala es que «hace un año y medio que esto no pasa» es porque definitivamente no es bueno que pase. Lo que dice en buen chileno con esto es «esta práctica es como el hoyo, pero ya se erradicó, justamente porque es mala» y por eso es que se tomaron medidas para que no vuelva a suceder.
No importa si está «dentro del marco de lo legal» como tanto les gusta decir a nuestros políticos. Insisto en que lo legal no siempre es lo ético y ya está bueno que de una vez por todas se decidan a actuar como corresponde y en función de la actividad para la que se les paga.
Hoy el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, deja su cargo. En el marco de este retiro, se refirió a los casos de corrupción destapados en 2015 señalando lo siguiente: “Causó sorpresa el conocer distintos aspectos que el común de la población no manejábamos. Esto es excepcional, todos los políticos, todos los empresarios y todos los chilenos, son gente decente y ejemplar”. “…las excepciones podrán ser diez, veinte o incluso cien y somos 17 millones de personas en Chile”.
Podemos decir que estamos de acuerdo en señalar que el grueso del país está conformado por gente honesta. Sin embargo, lamentablemente, estas excepciones de las que tanto podemos sorprendernos están situados en espacios de poder que nos influyen a todos y sus malas decisiones han afectado nuestra cotidianidad de manera atroz para mantener un status quo que sólo los beneficia a ellos. Pienso en caso Corpesca, que influyó determinantemente en la forma en que se construyó la ley de pesca, y que incidió, por ejemplo, en algo tan básico como el precio de un tarro de jurel, que era una de las pocas fuentes de pescado que podían consumir los hogares más humildes. Ahora un tarro de jurel vale más de 1000 pesos. Para qué hablar de Penta y las AFP, que sigue siendo un asalto a mano armada. Seguro, si se sigue investigando, van a seguir cayendo y vamos a seguir comprendiendo por qué las empresas pueden coludirse de forma impune, por qué el uso de suelo es como es y quién sabe qué más podría llegar a destaparse.
Por nosotros, que se haga una auditoría a todas las empresas públicas. Que al fin, dejen de decir que las cosas «están dentro del marco de lo legal» cuando no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta de que las prácticas son poco éticas, por decir lo menos. Y que se tomen medidas respecto del actuar de quienes lleguen a ocupar los escaños alcaldicios, parlamentarios y presidenciales del futuro.
Este es Chile que no queremos. Básicamente porque el común de las personas no gusta de la corrupción. Y no podremos terminar con ella, porque son los 3 poderes del Estado en conjunto los que tienen esa misión y no la pueden llevar a cabo, si ellos son la corrupción.
Te dejamos las reacciones en twitter sobre este primer escándalo que se destapa en 2016.