Según la ONG Transparencia Internacional, Chile es el país menos corrupto de América Latina. Aparte de criticarle a esta medición su sesgo empresarial, el periodista Nibaldo Mosciatti afirmó que “en nuestro país, por su tradicional hipocresía, la corrupción se da en el marco de la institucionalidad”.
El director de prensa de radio Bío Bío señaló que en Chile esto se manifiesta en el tráfico de influencias, el lobby y el uso de información privilegiada. La corrupción, entendida como abuso del poder en beneficio propio, está presente sobre todo en las relaciones de negocios y política “y tiene que ver con la estructura poco democrática de la sociedad chilena, por las desigualdades de poder entre los ciudadanos”, agregó.
De esto no escapan las Fuerzas Armadas y de Orden, que el conservadurismo criollo gusta en llamar la “reserva moral de la nación”, convertidas, durante los 17 años de la dictadura de Pinochet en un verdadero “Estado dentro del Estado”.
Tal como describe el libro La cofradía blindada (1999), del escritor y guionista Dauno Tótoro, las fuerzas armadas chilenas conforman una institución privilegiada, con sus propias leyes, códigos, hospitales, villas, colegios, sistema de previsión, clubes, con financiamiento autónomo (10% de las ventas del cobre), cárceles de lujo, etc.
De la sistemática violación de derechos humanos y actos de terrorismo de Estado cometidos por las Fuerzas Armadas y de Orden durante la dictadura (1973-1990) hay bastante conocimiento. No podemos decir lo mismo respecto de los actos de corrupción ejecutados por los uniformados; aún no existen Informes Rettig o Valech sobre esos casos, aunque han existido periodistas que se han atrevido a investigar esta área.
Si bien, desde 1990, las FFAA chilenas se han ido “depurando” en cuanto al tema de derechos humanos, sigue pendiente la información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Pero eso no es lo único que espera resolución; las irregularidades y abusos que se cometen al interior de estas instituciones deben ser esclarecidas: casos documentados de racismo, misoginia, homofobia, injusticias y abusos de oficiales contra subalternos, muertes de conscriptos por maltratos, en fin. Un Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, da cuenta de algunos de estos atropellos, los cuales han sido presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU.
Carabineros chilenos han sido sindicados como responsables del asesinato de por lo menos 60 personas desde 1990, entre ellos estudiantes, obreros y mapuches. Constantemente se conocen casos de torturas o golpizas de parte de estos uniformados, lo que ha llevado a que un conjunto de organizaciones de derechos humanos haya implementado la campaña ¡Alto ahí! Sin ir más lejos, carabineros de Puerto Montt están implicados en el único caso de un detenido desaparecido en “democracia”, el del adolescente José Huenante.
En el libro La delgada línea blanca (2000) del periodista Rodrigo De Castro, se muestra la participación de las fuerzas armadas chilenas en el tráfico de armas y drogas durante la dictadura de Pinochet. A raíz de la Operación Príncipe -secuestro del coronel Carlos Carreño (1987) por parte del FPMR-, se descubrió la participación del Ejército en el tráfico de armas a Irán. Dos años más tarde (1989), el asesinato del empresario Aurelio Sichel dejó al descubierto la existencia de “La Cutufa”, financiera clandestina de miembros de las FFAA que funcionaba desde 1985. Más tarde, en 1992, el asesinato del coronel Gerardo Huber, develó el vínculo de la institución armada con el tráfico de armas a Croacia. Gennadiy Moskalev, ex marino ruso, relató a El Ciudadano –antes de regresar a su tierra natal- que en 1995, en reuniones que transcurrieron en una casa que él arrendó en Rocas de Santo Domingo, oficiales de las FFAA chilenas –tanto activos como en retiro- participaban de negociaciones sobre tráfico de armas, en el contexto de lo que posteriormente (1998) se conocería como Operación Océano: Manuel Losada y un coronel de inteligencia del Ejército, en conexión con narcos peruanos y colombianos, integraban una red internacional de tráfico de cocaína. Otros casos conocidos por la opinión pública aparecen en el artículo “Negocios ilícitos de quienes visten uniformes” (pág. 10).
El reportaje “Ejército involucrado en explotación minera ilegal” nos indica que las irregularidades siguen presentes en las instituciones que se supone están destinadas a protegernos.
Ningún cuerpo del Estado chileno debería estar al margen de la necesaria transparencia y honestidad, menos en un país que tiene el mayor gasto militar per cápita de América Latina. Ponemos en sus manos una investigación que revela un nuevo caso de corrupción por parte de las FFAA. Esperamos que esta vez, sí existan repercusiones, sanciones y se rompa el cerco informativo.
Equipo Editorial
El Ciudadano N°90, primera quincena noviembre 2010
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