Editorial: El momento de la ciudadanía

La corrupción generalizada ha venido a cubrir el resto de la agenda informativa, no sólo la política oficial sino también aquellas materias, demandas o conflictos del escenario social. El destape de los casos Penta, SQM, Caval, Corpesca, por mencionar los principales, ha dejado al trasluz una pesada estructura desde la cual se sostiene un sistema corrupto que abarca a prácticamente todas las instituciones del Estado y el mercado. Un mecanismo que surge desde el concentrado y poderoso sector privado que busca favores y privilegios en el político, que vende con deleite su trabajo al mejor postor.

Desde hace años y en una tendencia creciente este proceso ahoga a la ciudadanía, que observa incrédula y fastidiada un interminable espectáculo que no tiene señales de amainar. Una cadena de eventos que han ido transparentando aquella estructura sobre la que se ha apoyado toda la política chilena desde los inicios de la transición. Aquel mito que perfiló a Chile como el patrón de crecimiento económico de la región y la transición modélica resultó ser no sólo un cuento creado por publicistas, expertos en marketing y la prensa corporativa, sino la base ideológica para montar un mecanismo que permitiera el enriquecimiento sin límites de los controladores económicos y las elites políticas.

Un estudio publicado por la CEPAL este mes confirma nuestras afirmaciones, hoy compartidas por toda la ciudadanía. Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región, señaló el organismo. A este ritmo de enriquecimiento, o de “apropiación por desposesión”, según el concepto de David Harvey, en la actualidad el 10% más rico posee más del 70% de los recursos. Y si esta tendencia regional resulta escandalosa, en Chile adquiere ribetes obscenos: el 1% más rico posee aquí el 35% de la riqueza nacional, el nivel más alto de concentración del mundo, según dijo el economista Thomas Piketty cuando dictó una conferencia en Santiago hace algo más de un año atrás.

El estudio de la CEPAL está enfocado no sólo a la distribución de la renta en la región, sino, de forma especial, a la tasa y la distribución de las cargas tributarias en nuestros países, aspecto que también merece el calificativo de escándalo. Por un lado mínimos impuestos a las grandes corporaciones y fortunas; en la otra cara, fuertes cargas a la población en general, incluso los más pobres. Mientras en la región continúa el aumento progresivo en la tasa y los bienes que pagan IVA, que en Chile alcanza a un 19%, se mantienen  las exenciones de pago a los que más tienen.

Junto a estas reducidas e injustas cargas tributarias hay un alto nivel de elusión fiscal, cuya mejor muestra ha salido a flote durante los últimos meses tras las investigaciones de los diversos casos de corrupción. Un claro ejemplo es la aprobación por la misma superintendenta de pensiones de las fusiones entre falsas AFPs, operaciones fraudulentas que les permitieron a los grupos controladores evadir millonarios pagos de impuestos. Sólo por la fusión espuria de las AFPs Cuprum y Argentum el fisco dejó de percibir nada menos que 400 millones de dólares.

Bajo esta nube pesada de escándalos, que se suceden semana a semana en una interminable cadena, la ciudadanía hoy observa atónita. Sin gran capacidad de reacción, su malestar lo canaliza de manera subterránea a través de las redes sociales, irritación que ha quedado registrada en todos los sondeos de opinión: el prestigio de toda la clase política, desde gobernantes a parlamentarios y partidos políticos, marca mínimos históricos.

Tras las marchas de los estudiantes del 2011 que removieron los cimientos del modelo neoliberal, demandas que fueron en parte incorporadas en las reformas del actual gobierno, el movimiento ha caído en un letargo similar al del resto de las organizaciones sociales, que pese al escenario de corrupción generalizada, de deterioro de todas las instituciones del Estado, no han logrado levantar nuevamente la voz.

El clima enrarecido por la corrupción no puede presentarse más propicio para levantar y expandir nuevas protestas. Un ambiente de malestar al que se le suma el derretimiento de las iniciales reformas tras negociaciones y concesiones entre el gobierno y su coalición con las cúpulas empresariales y otras elites controladoras.

Es este entramado político y económico, que integra la corrupción con el abuso empresarial y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, el que se presenta propicio para impulsar nuevas movilizaciones ciudadanas que canalicen aquella irritación aún contenida que expresan las redes sociales y las encuestas.

El gobierno ha puesto en agenda para este año el proceso constituyente, que con toda seguridad transitará acotado a los actuales intereses de la institucionalidad en el poder. La remoción de la política no será posible si los cambios que pide la ciudadanía sean elaborados y refrendados por la misma clase que tiene sus manos manchadas con la corrupción. Si este es el caso, la nueva constitución seguirá el mismo destino que han tenido reformas como la tributaria, la laboral o la despenalización del aborto en tres causales.

Numerosas organizaciones sociales y figuras políticas han impulsado desde fuera la instalación de una asamblea constituyente como el único mecanismo verdaderamente democrático. Un proceso de esta naturaleza sólo puede darse con la participación activa de una ciudadanía movilizada. De lo contrario, asistiremos como meros observadores de un espectáculo protagonizado por las elites para volver a acomodarse en el poder.