Editorial: Opinión pública

Cosa curiosa los vaivenes de la llamada opinión pública. Concepto estudiado ampliamente por diversos pensadores como el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien en los años sesenta ya explicaba cómo la razón, sustento de la opinión pública, va perdiendo influencia frente a la publicidad manipuladora que gana espacio y moldea el pensamiento y sentir social.

Entendiendo que existen una multiplicidad de factores relevantes a la hora de estudiar la opinión pública, no es difícil entender el rol que juegan los medios de comunicación en virtud de moldearla. En este contexto es importante saber que las fuentes consultadas, conceptos utilizados, elección de entrevistados, tiempos destinados a tal o cual tema, énfasis relevados y estilos de redacción y retóricos, son todos elementos utilizados de forma estudiada y consciente para influir en la opinión pública y en cuestiones mucho más concretas como la intención de voto.

Tal como se ha podido apreciar en las últimas elecciones al analizar las metodologías empleadas por las principales encuestadoras, éstas buscan manipular las tendencias al, entre otras cosas, utilizar muestras pequeñísimas y no representativas cuyos resultados luego son difundidos ampliamente por los medios de comunicación de masas como verdades incuestionables. Así mismo se ha demostrado el rol de las noticias falsas y de los bots en redes sociales y cómo éstos han logrado efectivamente manipular la voluntad de las personas a la hora de votar, transformando los resultados de los comicios en diversas partes del mundo.

En este marco, podemos decir que al menos en Chile, el nivel de influencia y manipulación de la opinión pública de un medio de masas es directamente proporcional a la envergadura de las corporación de la que forma parte, en una sociedad con una extrema concentración de la propiedad de los medios y en donde el dueño de un banco, una inmobiliario o una minera puede ser también propietario de un medio o un conglomerado de medios, en contraste con países tan neoliberales como Estados Unidos, donde ello no está permitido.

En definitiva, influyen fuertemente en la construcción la opinión pública a su antojo y de acuerdo a sus propios intereses económicos, políticos y valóricos. De muestra un botón, posterior al plebiscito que rechazó la propuesta de la Convención Constitucional muchas personas votaron rechazo creyendo que estaban rechazando la actual constitución, o rechazando el que les quitaran sus casas o su derecho a a educación, como constató El Ciudadano en las calles. La campaña de desinformación funcionó a la perfección.

Pero la opinión pública responde también a fenómenos y cambios socioculturales que encuentran sus manifestaciones más visibles precisamente en el espacio público. De esta forma y con perspectiva podemos claramente ver como en el contexto del llamado estallido social la adhesión ciudadana a las demandas populares alcanzaron casi un 80% en todo el país. Ello a pesar del tratamiento editorial temprano de parte de los medios de masas que criminalizaron la protesta social al ritmo de la condena de un Piñera que declaraba la guerra al enemigo interno. Declaración de guerra que menos mal no fue refrendada por el comandante en jefe del ejército. De ser así, los muertos en los incendios y manifestaciones hubieran sido aún más.

Dado lo consistente de las demandas y la masividad de las manifestaciones, pudimos ver como a los canales de televisión no les quedó otra que dar cobertura a la ciudadanía, aunque tímida, incluso en programas como los matinales que se vieron forzados a reformular sus pautas para tratar los temas que la sociedad estaba demandando, así como incorporar no sólo entrevistados que pudiesen explicar o dar cuenta de las manifestaciones y sus motivos, sino también reemplazar conductores y panelistas en virtud de los temas que urgentemente preocupaban a la sociedad.

Unos años más tarde y luego del rechazo de dos propuestas de constitución, si usted solo se basa en lo que destacan los medios corporativos, pareciera que la opinión pública ha cambiado radicalmente para pasar a rechazar todo lo que hasta hace poco demandaba tan enérgicamente y que llegó a reunir en un solo lugar, el 25 de octubre de 2019, a más de un millón doscientas mil personas en Santiago y más de tres millones de personas en todo el país, en la que ha sido la mayor movilización social de la historia de Chile.

A pesar de que ninguna de las demandas del pueblo han tenido respuesta satisfactoria, si hacemos caso a lo que nos cuentan los medios dominantes, creeremos que la opinión pública se ha transformado a tal nivel en este período, que no hay ningún otro tema que le preocupe además de la mentada seguridad. Es como si los problemas que motivaron la protesta social, hubiesen desaparecido de cuajo y ahora las personas sólo les preocupa la delincuencia y nada más, o es lo que pretenden hacernos creer. Y por supuesto que es un tema de vital relevancia, pero los medios se centran únicamente en la perspectiva punitiva, en el mercado de la inseguridad y no crean espacios de análisis y reflexión respecto de las causas del problema para hacer un aporte y dirigir las políticas públicas sobre dichas causas, se hace imposible el avance, precisamente, en más seguridad efectiva. Ello es como creer que un problema de salud que origina una dolencia se soluciona con analgésicos, peor aún, en este caso las “soluciones” ni siquiera disminuyen los síntomas.

Mientras no se solucione la extrema desigualdad en derechos, acceso y oportunidades que sufrimos en Chile, es iluso pretender construir una sociedad pacífica y segura. La delincuencia es consecuencia directa de la desigualdad, y la miseria condimentada con el individualismo y consumismo característico del modelo de sociedad en el que vivimos. Del mismo modo, la delincuencia de cuello y corbata demuestra que cuando los valores escasean, o peor aún cuando los valores que se reproducen son en realidad antivalores como la codicia, avariciada y el exitismo, da lo mismo cuanta riqueza y bienestar se posea, siempre se va a desear más y más, cueste lo que cueste. En Chile el 1% más rico acumula el 49,8% de la riqueza, la cifra más alta de todo América. Y aún así siguen robando.

En cuando a la opinión pública con respecto a la imagen de Carabineros de Chile, de pasar de ser una institución tremendamente deslegitimada por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde la sangrienta dictadura militar en adelante y en particular durante el estallido social y a partir de los gravísimos casos de corrupción en su interior, donde se han demostrado robos a niveles astronómicos, como el llamado pacogate de más de 35 mil millones de pesos, ahora resulta que, a juicio de los medios del statu quo, son una institución inmensamente querida y respetada por la sociedad entera que con razón llora el extraño asesinato de tres de los suyos en un crimen que a todas luces parece ser obra de un cartel de narcotráfico o de paramilitares, propio de las mafias que están operando en la Araucanía y donde, en otros delitos, se ha comprobado la participación de uniformados y ex uniformados de carabineros y el ejército.

En ese marco los canales de televisión no dudan en entrevistar en directo a un niño que repite “renuncia Boric” como solo un niño puede repetir. La campaña ya comenzó y junto a aquel niño vimos un desfile variopinto de personajes que se encargaron de elevar hasta los cielos el honor de una institución cuyo general director, Ricardo Yáñez, se encuentra formalizado por la justicia por su responsabilidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y estaba a punto de ser destituido de su cargo, lo que obviamente en el Chile de la justicia de clases terminó por congelarse.

La guinda de la torta, el presidente que estando en campaña prometía la refundación absoluta de carabineros, no solo incumple su promesa de campaña si no que respalda a la institución militarizándola a costa de los derechos humanos. Luego niega tres veces al querido perro negro matapacos que nunca ha matado a un carabinero pero que sí se transformó en el ícono indiscutido de la movilización social desde las marchas estudiantiles de la década del 2010 hasta el día de hoy, protagonizando por supuesto el estallido social de 2019 donde sin partidos políticos ni líderes visibles, simbolizó el carácter quiltro, rebelde y valiente de los oprimidos.

Hoy volvemos a conocer casos gravísimos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares, agentes del estado que con adolescentes a su cargo, manifiestan su rudeza y reafirman su masculinidad humillando y vulnerando a los más débiles incluso hasta la muerte. Creyéndose honorables no hacen más que deshonrar la bandera que dicen proteger mediante acciones crueles y despiadadas, todo bajo el amparo de una institución que al igual que las policías, no pueden más que ser refundadas. Ello no únicamente por las graves violaciones que protagonizan, también para que aprendan a actuar y seguir los protocolos a la hora de enfrentar un crimen organizado que claramente les queda grande.

Pero así como la delincuencia repleta la agenda mediática en el 2024 más que nunca, sin importar que los delitos han disminuido, se dejan de lado los análisis y el pensamiento para dar paso nuevamente a la telebasura que reproduce un guion conocido, pavimentando la autopista para que el caudillo al estilo Bukele que prometa más policías y militares en las calles y más armamento de guerra con municiones más mortíferas, sea electo prometiendo que acabará ahora sí que sí con la delincuencia, contando un cuento ya contado con recetas mágicas que sabemos bien no han funcionado y no van a funcionar. En ese sentido la propuesta de militarizar el espacio público urbano, que viene desde el oficialismo, no hace más que pretender apagar el fuego con bencina. Es cosa de estudiar un poco la experiencia de México o Colombia para entender que esa receta es nefasta.

Y es que la experiencia lo ha demostrado en reiteradas oportunidades en distintas partes del mundo, el narcotráfico no se combate con la criminalización del consumo de drogas, si no con la despenalización y legalización; la violencia armada y el crimen organizado no se combate con más militares y más armas, si no con la destrucción de éstas y la apropiación comunitaria de los espacios públicos. Así como con más oportunidades, igualdad, rehabilitación efectiva y por supuesto más y mejor educación. Esas son políticas públicas que requieren gran inversión y que muestran sus frutos a largo plazo. Mientras antes se prioricen de verdad soluciones que apunten a las causas de los problemas, antes veremos resultados positivos. Cosa difícil en la sociedad de lo inmediato y la cultura de lo desechable.

Lo que se requiere es un cambio cultural profundo donde la solidaridad, la fraternidad, la generosidad, la cooperación, la virtud y la honestidad vuelvan a ocupar el lugar prioritario que exige una sociedad más civilizada, pacífica y humana. Ese cambio cultural solo puede ser posible con decisión y acción eficaz y sostenida y ello requiere una política de Estado de largo aliento, lo que solo se puede construir sobre una constitución legítima y democrática emanada del pueblo soberano.