El rechazo al proyecto Dominga y la furia de las elites

El rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Coquimbo al proyecto minero Dominga de la empresa Andes Iron, ha generado reacciones destempladas y furibundas de diversos frentes y sectores, las que transparentan, al venir desde aquellos espacios, toda la escena económica chilena y sus lazos políticos. Dominga es tal vez un caso único en su clase. Concentra, tanto por su historia, desarrollo y condición, la quintaesencia de la corrupción en Chile y es la imagen perfecta del tipo de empresa que arrasa, en pos de la avaricia y de altas rentabilidades, y vía el pretexto argumentativo de la creación de empleos, con vastos territorios, comunidades, especies animales y vegetales y recursos naturales.

Esta ha sido la evaluación de la comisión, la que, sin embargo, ha sido descalificada por las cúpulas empresariales y sus esbirros en el parlamento. Con la ayuda bien amplificada de sus altisonantes medios afines, el argumento de una supuesta mano política en los votos de la comisión aparece en titulares que en tiempos de mentiras falsas y posverdades busca hacerse un espacio.

No hay mayor cinismo para un político que hablar mal de los políticos. En especial, y hay que aguantar demasiado, viniendo desde partidos hundidos hasta el cuello en escándalos de corrupción. Con qué moral apuntan con el dedo empresarios y políticos corruptos a políticos honestos. La mejor defensa del corrupto es extender las culpas, naturalizarlas, convertirlas en prácticas obligadas de las que nadie se salva.

Dominga es un proyecto minero en el que participa el Grupo Penta, el mismo que ha financiado ilegalmente a una buena muestra de la clase política. Esta inversión, que subiría a 2.500 millones de dólares, es necesario subrayarlo, es de la misma pandilla acusada de evasión fiscal, falsificación de documentos tributarios, cohecho y soborno. Penta, junto con SQM, para hacer honor a la verdad, son dos piezas clave que conducen al  desastre actual que vive la política chilena. En las puertas de enfrentar un juicio oral por delitos que podrían llevar a los fundadores del grupo a diez años de cárcel (¡una ilusión que en Chile nunca sucederá!), que se acuse desde esos sótanos húmedos a esta comisión de haber recibido presiones políticas es sin duda una nueva afrenta a la razón y el sentido común.

El argumento del diputado DC Matías Walker al acusar de influencias políticas en el rechazo a Dominga es aún más transparente y no resiste análisis. Walker, con un hermano senador coimeado por las pesqueras durante la tramitación de la Ley de Pesca, es sin duda un representante “político” de Andes Iron en la Cámara de Diputados al haber tenido, sabemos ahora, reuniones con ejecutivos de esta empresa. La sorpresiva indignación expresada tras el rechazo al proyecto tiene en este caso, sí una clara interpretación: el lobby de Dominga.

Las elites, acostumbradas a contar con un Estado a su favor, han logrado instalar en la agenda pública y en las corrientes de opinión la concepción de la economía como actividad despolitizada. Una invención de fundamentalistas del mercado y neoliberales de varias generaciones que se ha estrellado con fuerzas con la realidad. La economía de mercado no sólo ha favorecido a las elites al crear una de las estructuras sociales y económicas más desiguales del mundo, sino que financia directamente, mediante métodos ilegales y delictuales, a sus representantes políticos. En este proceso ha terminado, tal vez felizmente, con desarmar todo el tinglado político.

Nada es más político que la economía entregada a los intereses del capital. Una opción acordada entre las elites y su cercanía con las fuentes y los flujos de capital. En este deleite financiero y placentero, que concentra y los enriquece, está también la exclusión y la degradación. Dominga, Hidroaysén y otros proyectos fallidos y en funciones, destrozan actividades económicas tradicionales y arrasan con los territorios. Con el falaz pretexto de la creación de puestos de trabajo, que esconde la avaricia ilimitada del capital, ha degradado extensos territorios y esclavizado a sus habitantes.

El litoral de la Región de Coquimbo, ya bastante presionado por grandes proyectos inmobiliarios y mineros, se ha salvado por el momento de convertirse en una nueva zona de sacrificio, como Huasco o Ventanas, absolutamente degradadas y arrasadas por la ambición ilimitada del poder económico. La aprobación de un proyecto minero como Dominga sería la reproducción de estos desastres ambientales y sociales en beneficio de inversionistas de otras regiones y latitudes. Los oficiantes de Dominga, entre los que se cuenta el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, han advertido que llegarán al Comité de Ministros, instancia en la que aseguran ganarán. La lucha de clases está desatada en Chile: es el capital y sus adláteres contra la ciudadanía.