¿Fiscales a sueldo?

Esta pregunta es legítima. El Ministerio Público, como institución, tiene graves problemas de credibilidad. Esto no es un fenómeno reciente, sino que se arrastra de los casos de financiamiento ilegal a la política destapados en los casos “Penta” y “SQM”. En el Caso Penta, las clases de ética para sus dueños no solo fueron una aberración jurídica, sino que también se ha demostrado en los últimos meses que hubo una intervención del Fiscal Manuel Guerra, quien en una presunta coordinación con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, habría sepultado estos casos para que nadie fuera condenado a penas de cárcel y en algunos casos, ni siquiera lo fuera.

De manera similar, en el caso de Karol Cariola es evidente que existe una operación mediática construida a partir de las filtraciones de la Fiscalía para perseguir a alguien, las cuales lejos de tener un ánimo de “hacer justicia”, han revelado conversaciones de nulo interés criminal, pero de alto interés político. Todo ello se hace ad portas de las definiciones de candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República.

El Ministerio Público, con estas acciones a favor de unos y en contra de otros, se está transformando peligrosamente en una policía política, donde no sería extraño el pago de incentivos económicos para que quienes paguen se beneficien de sus filtraciones y de las diligencias que los fiscales hacen o dejan de hacer. Este comportamiento es común en otros países, donde los casos de lawfare se han transformado en la herramienta más eficaz para desarticular a personalidades políticas.

Naturalmente, no son todos los fiscales los que incurren en esta práctica. Pero peligrosamente, son varios los fiscales de las mayores jerarquías al interior de la institución quienes se han visto involucrados en estos casos, como Manuel Guerra y Carlos Palma, los cuales incluso tienen la calidad de imputados por delitos de violación de secreto, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Sospechas también han producido los vínculos del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Luis Hermosilla, donde aún queda un manto de dudas sobre las razones por las que se reunieron una vez que asumió como Fiscal Nacional. Es momento de que los fiscales sean fiscalizados con las herramientas legales y constitucionales por estos graves casos de filtraciones y persecuciones que responden a operaciones políticas más que a una búsqueda de justicia.

EQUIPO DE EL CIUDADANO