El gobierno, tras consultas, presiones de lobbistas, del capital nacional y global, y, por cierto, de la ciudadanía, envió la semana pasada, no sin antes un proceso de bandazos y dubitaciones, el proyecto de ley que reforma el sistema privado de pensiones. Lo hizo cuando este andamiaje levantado por la dictadura y los otrora Chicago Boys como brazo armado de las finanzas locales de las últimas décadas del siglo pasado amenazaba con su colapso final. Por un lado, las miserables pensiones, de hambre y atentatorias contra los derechos humanos que reciben los trabajadores chilenos tras una vida laboral y, como expresión de la inmoralidad de la sociedad neoliberal y su desigualdad, en la otra banda las millonarias pensiones de vejez y falsa invalidez que reciben los militares en retiro, otros funcionarios uniformados y no pocos oportunistas colgados de la teta del Estado.
El proyecto, a grandes rasgos, considera un cinco por ciento adicional de cotización con cargo al empleador (tal vez habrá congelamientos salariales), proporción que destina un tres por ciento a cuentas individuales administradas por la AFP y un dos por ciento a un fondo de ahorro colectivo y de carácter solidario. Como ha sido propio de este gobierno falsamente reformista, el proyecto intenta dejar contentos a moros y cristianos, a los trabajadores que tras masivas y persistentes movilizaciones han puesto al sistema privado de pensiones como una parte más de la ciertamente real bestia negra neoliberal, y, cómo no, al capital financiero. Al observar las proporciones, está claro que bajo cuerdas estos señores lograron un porcentaje sensiblemente más conveniente.
El mismo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se pisa la cola al comentar los supuestos beneficios de la reforma. La semana pasada explicó que en el «corto plazo» permitirá elevar las pensiones más bajas en un 20 por ciento. Pero si consideramos que con aquellas pensiones, en torno a los 150 mil pesos mensuales, el jubilado está absolutamente condenado a la miseria, un alza del 20 por ciento sólo las subiría a 180 mil. Una reforma de esta naturaleza es simplemente una nueva burla a la población en tanto deja intacto el modelo.
La amañada reforma no resuelve el problema en el corto plazo. Lo empuja hacia un nebuloso futuro bajo nuevas y poco creíbles proyecciones teóricas muy similares a las que en su inicio, en los años 80 del siglo pasado, hicieron los Chicago Boys liderados por el inefable José Piñera. No hay un contrato claro, un compromiso con las generaciones de trabajadores chilenos condenados a la miseria y el hambre durante su vejez. La reforma parece más un instrumento críptico para ganar tiempo, generar ruido y falsas expectativas. En el fondo, en el contenido y la misma forma, no toca ni con el pétalo de una rosa a las administradoras de los fondos, piedra angular del modelo de mercado inequitativo y demoledor. La única manera de mejorar las pensiones es terminar con el sistema de AFP y pasar a un mecanismo de reparto solidario, tal como ha planteado la coordinadora No + AFP.
No sólo pensiones miserables y desembozada e impúdica desigualdad respecto a los mencionados estamentos uniformados del Estado. Está, y aquella es otra más de las vergüenzas de este país, el trato privilegiado y descarado de los representantes políticos (todos, prácticamente sin excepción) al gran capital. Las AFP, que mal administran los ahorros de los trabajadores, obtuvieron por este jugoso negocio unas ganancias que crecieron más de un 40 por ciento durante el primer trimestre del año en curso. Un premio contra la voluntad de todos los trabajadores chilenos para un sector de las finanzas que no responden a las mínimas necesidades de seguridad social de la población.
Un grupo muy reducido de grandes corporaciones, locales y globales, que tampoco tiene pudor para evadir impuestos, estafar al Fisco y actuar de forma concertada. Hoy tres AFP, Provida (MetLife) Habitat (Cámara de la Construcción) y Capital (grupo internacional Sura) administran casi el 80 por ciento de un mercado de 171 mil millones de dólares, que es el fondo total de los trabajadores. Un poder tal que quedó expresado en la cooptación de funcionarios que supervisan el sector, como es el caso nunca resuelto en su totalidad de la fusión ilegal destinada a eludir impuestos de las AFPs Cuprum y Argentum, ambas del mismo propietario con fuertes relaciones con figuras de la Concertación. En la presidencia del directorio de Cuprum está Hugo Lavados, exministro del anterior gobierno de Michelle Bachelet y gran exponente de la puerta giratoria entre el sector público y privado.
En cualquier caso, este no es ni lejos el problema de fondo. El concepto de administración de los fondos de los trabajadores por el sector privado fue diseñado para beneficiar al sistema financiero y las sociedades anónimas. La rentabilidad de ambos, tanto las AFPs como las sociedades anónimas en comparación con los fondos de los trabajadores, expresan de forma clara esa realidad. El año pasado las principales sociedades anónimas chilenas lograron aumentar sus ganancias en un promedio del 37 por ciento. Por su parte, las AFPs como empresas tuvieron una rentabilidad el primer trimestre del 2017 del 42 por ciento, en tanto el fondo promedio de los trabajadores ha rentado, con gran publicidad de las administradoras, en torno a un diez por ciento. Una golondrina no hace verano. Bien lo saben los trabajadores, que si bien hoy gozan de mejores cifras, han tenido profundas e irrecuperables pérdidas tras las frecuentes crisis del sistema financiero mundial, escena en la cual se colocan, cual fichas de un casino, los sufridos ahorros de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Las AFP y sus representantes políticos saben muy bien que su patrón es el gran capital global.
El problema es ya de larga data y no tiene cómo resolverse sin evitar una reforma profunda o un regreso a un sistema solidario. Un informe de la consultora Mi Previsión hace una comparación entre las rentabilidades históricas de los fondos y las actuales. El resultado es impresionante. En los años 80, cuando se creó el modelo privado de capitalización individual, la rentabilidad anual promedio era superior a un once por ciento real. En los 90 llegó a superar un trece por ciento, pero a partir del 2000 el rendimiento fue descendente. Hasta el día de hoy. Entre el 2000 y el 2010 los fondos crecieron sólo un 5,8 por ciento por año en tanto en la década actual el promedio es de un cuatro por ciento.
La reforma presentada por el gobierno no resuelve nada. En esa línea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP, llamó al gobierno una vez más a terminar con el sistema de AFP impuesto en dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen todos los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE.
El sistema se halla en una crisis profunda y su solución, pateada ya a un futuro indefinido, exige de otras soluciones.
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